24 de June de 2010 00:00

Violentos ‘spots’ de TV en contra de la prensa

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Redacción Política

Hay contradicción en los discursos oficiales. Por un lado, el presidente Rafael Correa dice que la Ley de Comunicación no es fundamental para el Gobierno y por otro lado Carondelet emite una campaña agresiva en contra de los medios de prensa.

Miles de personas la ven a diario durante las horas de los partidos del Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. Los derechos de la transmisión de esos cotejos los tienen TC Televisión y Gama TV, incautados por el Estado.La campaña publicitaria con el eslogan: “La libertad de expresión ya es de todos” es una dura crítica a los medios de comunicación. Los ‘spots’ violentos contra la prensa aparecen coincidencialmente en la coyuntura del debate sobre la Ley de Comunicación en la Asamblea Nacional.

En la Presidencia nadie tiene autorización para emitir criterios a favor o en contra de esta normativa que pretende regular la actividad periodística. Sin embargo, es evidente que a través de esas cuñas, el Régimen busca tener injerencia en el debate público.

Para el director de Fundamedios, César Ricaurte, esta es una campaña donde se evidencia un mal uso de los recursos públicos. “La Presidencia firmó un contrato por USD 900 000 más IVA para tener publicidad en el Mundial. Por lo cual más de 1 millón de dólares está siendo utilizado para atacar a medios de comunicación, periodistas y calificarlos de corruptos, ladrones, agresores, víboras u otros calificativos ofen-sivos”. La idea que queda latente -explica Ricaurte- es que el país necesita una Ley de Comunicación para frenar los “abusos de los medios”.

Fernando Alvarado, secretario de Comunicación, explicó a este Diario que “no se está diciendo que la inversión publicitaria queda en manos del propio Estado y lo hacen aparecer como si fuese un despilfarro”. De esta manera justifica las cuñas que se pasan en los partidos del Mundial, pautadas en los canales incautados.Alvarado intenta equiparar estos mensajes con la campaña que, a su juicio, también emprenden los medios privados en contra de la Ley de Comunicación. “Que no sea fundamental para el Gobierno (el debate a este proyecto legal) no significa que no haya que proponer o defender nuestros puntos de vista, aunque eso es lo que quisieran los grandes negocios de la información. Es decir, que abandonemos el debate, para seguir influenciando de la peor manera a asambleístas y a la opinión pública”.

Felipe Burbano de Lara, académico de la Flacso, en su último artículo publicado en diario Hoy, ‘La revolución invasora’, asegura que el Gobierno simuló un giro político para volver al ataque. “Los medios son acusados de defender la libertad de expresión para robar, mentir y agredir”. “La revolución entra con toda su perorata a colonizar la opinión pública”.Ángel Vilema, miembro de la Comisión de Comunicación y militante de Alianza País, sostiene que no le ha prestado mucha atención a la propaganda que difunde el Gobierno sobre la Ley de Comunicación. “Nosotros estamos concentrados en la elaboración de una ley que garantice la libertad de expresión y de opinión, no nos afecta la propaganda”.

Betty Carrillo, ex presidenta de la Comisión, se alinea más con el criterio de Alvarado. Ella dice que los medios privados han hecho durante varios meses propaganda contra la Ley de Comunicación, entonces el Ejecutivo tiene el mismo derecho. “Debe haber igualdad de expresión y respeto para todos...”.

El legislador César Montúfar pidió al presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, que exija la suspensión de la propaganda estatal que va en contra del trabajo de canales de TV, radio y periódicos. “Es una interferencia desde el Ejecutivo. El Gobierno trata de interceder en las leyes con propaganda pagada con dinero de todos”.

Cambios en las frecuencias

La Comisión de Comunicación de la Asamblea aprobó ayer el capítulo sobre el uso del espectro radioeléctrico y la concesión de frecuencias en la Ley de Medios.

Los textos en mención se aprobaron con el voto de los seis integrantes del oficialismo, quienes fueron los únicos que estuvieron presentes en la sesión de ayer. En tres horas resolvieron que el futuro Consejo de Comunicación deberá emitir un informe vinculante antes de la entrega de una frecuencia de radio o televisión, que será potestad de la autoridad en telecomunicaciones.

También decidieron que las concesiones para medios privados y comunitarios expiraran en el plazo de 10 años y que luego “podrán renovarse por el mismo período a petición de parte, una o más veces, previo el cumplimiento de requisitos”.

Con estos textos, los legisladores descartaron la propuesta de la asambleísta María A. Calle. Ella, el fin de semana anterior, pretendió limitar la capacidad de difusión de los medios hasta el 40% del territorio nacional.

En este caso se entregará un solo título habilitante para una emisora o canal de TV a escala nacional, para que tenga cobertura en zonas rurales o locales. Según lo aprobado, “los concesionarios solo podrán obtener un título habilitante independiente de la categoría de cobertura”.

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