12 de March de 2010 00:00

El veto de Correa, en entredicho

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Redacción Política

La ONU y la Constitución aseguran que la comunicación es un derecho ciudadano y no un bien ni un servicio, como se pretende definirla en el veto presidencial a la Ley de Participación Ciudadana.

La Comisión ocasional de la Asamblea, que redacta el proyecto de ley de Medios, empezó su tarea de ayer con ese debate: ¿qué es la comunicación?

La intención de Alianza País ha sido siempre dar a la comunicación la categoría de bien público. Esto se evidenció cuando Rolando Panchana presentó en septiembre su iniciativa legal.

Bajo ese concepto, los contenidos periodísticos podrían ser regulados por el Estado para que la ciudadanía no se sienta afectada. Esta idea, sin embargo, fue rechazada por la Comisión tras aceptar la definición de derecho que las Naciones Unidas y la Carta Magna aplican a la comunicación.

En el art. 17 del proyecto de ley de Comunicación, que fue sometido a primer debate en la Legislatura, se señala que “las personas tienen derecho a expresar sus ideas, pensamientos, opiniones, creencias políticas o religiosas y otras, a través de todas las formas o medios de comunicación”.

Betty Carrillo (A. País), titular de la comisión, ratificó ayer que ese principio se mantendrá en el informe del proyecto para segundo debate. “La comunicación es un derecho y el espectro radioeléctrico es un bien público”.

No obstante, aseguró que el veto a la Ley de Participación Ciudadana, enviado el lunes por el Primer Mandatario, debe ser analizado de forma diferente. “No aborda el concepto de comunicación, sino del servicio que prestan los medios. En ese sentido, sí se puede considerar que brinda un servicio público”.

Según la visión del Régimen, la ciudadanía tiene derecho a estar enterada de cuáles son sus fines y cómo cumplen sus obligaciones.

La Presidencia plantea que los medios rindan cuentas, bajo un sistema estructurado y vigilado por el Consejo de Participación Ciudadana. Además, que cualquier persona o grupo pueda exigir un informe a los medios.

Sin embargo, la categorización de servicio público que se hace en este veto no tiene una legislación clara. La Constitución y la Ley de Defensa del Consumidor señalan que el servicio público es domiciliar, como el agua, la luz eléctrica y el teléfono.

María José Troya, de la Tribuna del Consumidor, aseguró que al no existir una definición más amplia, se da espacio a esta falencia.

Para Cynthia Viteri (M. Guerrero), la intención del veto presidencial es controlar a la prensa e insiste que el acuerdo al que llegaron la oposición y el oficialismo para apuntalar una Ley de Comunicación sin una desmesurada regulación estatal fue solo un señuelo.

La Asamblea comenzó a discutir el veto de Correa. La oposición quiere armar un frente para neutralizar la propuesta presidencial; pero debe correr contrarreloj porque necesita conseguir 82 votos hasta antes del 3 de abril. Para eso es clave Alianza País, pero aún no ha definido su posición.

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