15 de March de 2010 00:00

El veto de Correa debilita a la Ley de Medios

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Redacción Política

El reciente veto parcial a la ley de Participación Ciudadana es innegociable para el presidente Rafael Correa. Eso se evidenció el sábado en su enlace ciudadano, cuando convocó a las organizaciones populares para que vayan a la Asamblea y defiendan el contenido de su objeción. Sobre todo, en lo referente a su pedido de que los medios de comunicación, por iniciativa de una persona o grupo social, sean sujetos de una rendición de cuentas una vez por año.

La estrategia de Correa mata dos pájaros de un tiro. Por un lado, está la dificultad que tiene la oposición para reunir los 82 votos que se necesitan para neutralizar el veto del Presidente. Alianza País, el bloque más numeroso de la Asamblea, cuenta con 58 sillas. Es decir, las suficientes para evitar que los opositores tengan alguna opción de sumar adhesiones.

La bancada gobiernista, en cambio, necesita cinco votos más para acoger los cambios que propone Correa. Y si ello no fuera posible, la legisladora de Pachakutik, Lourdes Tibán, cree que el veto irá por el Ministerio de la Ley.

Si esto ocurre, se cumpliría un segundo propósito de la estrategia presidencial. Esta tiene que ver con restarle fuerza al acuerdo político, aún vigente, entre la bancada de Alianza País y la oposición para impulsar el proyecto de Ley de Comunicación. Este compromiso lo impulsó el titular de la Legislatura, Fernando Cordero,

Voces críticas al Régimen, como la de Cynthia Viteri (M. Guerrero), han asegurado que el veto de Correa a la Ley de Participación demuestra el afán controlador del Gobierno sobre los medios de comunicación privados.

¿Por qué? Se trata de una objeción muy general, que solo apunta a que el Consejo de Participación Ciudadana, que acaba de ser conformado en medio de críticas -por la injerencia de grupos político como Alianza País-, articule las reglas de esa rendición de cuentas. También las sanciones, cuando los representantes legales de las empresas informativas no acudan a las convocatorias o no presenten información fidedigna.

Como lo sostuvo ayer el jurista Xavier Zavala, en un debate sobre este tema en Canal Uno, la objeción presidencial deja abierta las causas por las cuales un medio debería rendir sus cuentas. Estas oscilan desde temas periodísticos hasta sus estados financieros.

Durante el análisis inicial de los primeros proyectos de ley de Comunicación que llegaron a la Asamblea, hace seis meses, el tema del control fue el que más preocupación generó. Por ejemplo, la iniciativa de Rolando Panchana establecía una serie de auditorías a los medios para revisar tirajes, audiencias y crear un registro. Estos temas se dejaron de lado en el acuerdo político que patrocinó Cordero en diciembre.

Pero si se compara este acuerdo con el alcance del veto presidencial, el verdadero control del Gobierno podría consolidarse a través de los cambios a la Ley de Participación. La presidenta de la Comisión Ocasional de Comunicación, Betty Carrillo, está de acuerdo con la propuesta de Correa. Esta, a su juicio, no formará parte de la Ley que está bajo su coordinación (ver compartida).

El asambleísta de la ID, Andrés Páez, que compartió panel con Zavala, señala que este veto es la ficha del rompecabezas del deseo gubernamental por consolidar un sistema autoritario para terminar con la libertad de expresión.

Desde una lectura opuesta, el Gobierno sumó ayer el apoyo del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos. Su presidente, César Cárdenas, dijo que aunque no está de acuerdo con varios puntos del veto, la inclusión de los medios de prensa, como sujetos de rendición de cuentas, es “positiva y alentadora”.

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