2 veedores del caso Gran Hermano, sentenciados

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Sara Ortiz.  Redactora

El presidente Rafael Correa ganó otro juicio ayer. Su honra fue la que estuvo en debate.

Para el Tribunal Sexto de Garantías Penales de Pichincha, el Mandatario fue víctima de un presunto falso testimonio de Pablo Chambers y Gerardo Portillo. Ambos fueron miembros de la veeduría para vigilar los contratos que las empresas vinculadas con el hermano de Presidente, Fabricio Correa, suscribieron con el Estado.

La sentencia para los acusados fue de un año de prisión. Para los otros dos veedores procesados, Víctor Hugo Hidalgo y José Quishpe, se confirmó su inocencia.

Luego de tres años de haberse iniciado el proceso penal, más de 10 audiencias que no se instalaron y el recurrente cambio de jueces y fiscales (más de 17), la etapa de juzgamiento se inició el miércoles. Pero luego de dos horas y tras los testimonios de dos testigos, fue suspendida.

El motivo fue que la declaración juramentada del Presidente, en su versión original, no constaba en el expediente.

Ayer, desde las 09:00, se retomó la diligencia. El principal argumento que utilizó el fiscal Fabián Almeida fue que los veedores "se basaron en hechos referenciales, en entrevistas en canales de televisión y en gabinetes itinerantes", para afirmar que Correa sí conocía de los contratos de su hermano.

Según el Jefe de Estado, tal aseveración "fue producto de la mala fe, malicia, temeridad y odio político". Así lo explicó su abogado Gutemberg Vera, quien presentó la versión juramentada del Presidente.

Una de las conclusiones que hizo la veeduría en el 2011, fue que la terminación unilateral de los contratos del hermano del Mandatario habría causado un perjuicio al Estado de USD 140 millones.

Ramiro Román, abogado de los acusados, explicó que en el informe final de la Veeduría se detallaban todos los contratos que suscribió Fabricio Correa, como persona natural o jurídica, a través de empresas directas o indirectamente vinculadas con él a partir del 15 de enero del 2007. "Ahí está toda la información de estas adjudicaciones y nadie investigó con profundidad", señaló.

Para el Presidente, los veedores mintieron en su informe. Ayer, ya con la versión juramentada de Correa, Vera explicó los mismos argumentos con los que basó su acusación: "Al país le consta que el Presidente no sabía nada de los contratos". Correa no asistió a la diligencia. Tampoco el contralor Carlos Pólit ni los 12 testigos convocados por la defensa.

Para el abogado, el falso testimonio es uno de los delitos de expresión y se debe demostrar que hubo un acto "doloso". A su criterio, no se señaló la intensión de causar algún daño al Mandatario.

Por ese motivo entregaron el informe al contralor Carlos Pólit. Chambers recordó que en el 2009 no existía Reglamento para la Veeduría Ciudadana y que ellos fueron la primera que existió en el país. Este procedimiento no estaba regulado.

Tras la sentencia, Román dijo que antes de diseñar una estrategia judicial esperará que el Tribunal emita la resolución por escrito. Adelantó que analizarán, sobre todo, el respeto al debido proceso. Pues, cuestionó que el Jefe de Estado no haya asistido. "Ante el Tribunal debía afirmar su calidad de Presidente, no mediante una carta hecha por abogados particulares".

El exilio tampoco es otra salida para Chambers y Portillo. A pesar de que pidieron asilo político a seis países, Chambers dijo que "agotará los mecanismos judiciales". Aunque para él, explicó, se trata de un caso político. "Una persecución que ha durado tres años".

En contexto

Hace tres años, el presidente Rafael Correa presentó la demanda en contra de los cuatro veedores que vigilaron los contratos que el hermano del Presidente, Fabricio Correa, suscribió con el Estado. Esta veeduría fue conformada por pedido del propio Mandatario.

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