16 de February de 2012 00:26

4 veedores acuden hoy a la Fiscalía

valore
Descrición
Indignado 0
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 0

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Hoy, a las 10:00, los veedores ciudadanos Pablo Chambers, José Quishpe, Gerardo Portillo y Víctor Hugo Hidalgo acudirán a la Fiscalía General.

Los veedores fueron llamados a rendir sus versiones ante la fiscal María Elena Bayas, quien abrió una indagación en su contra por un supuesto delito de atentado contra la fe pública. Ellos forman parte de la Veeduría que investigó los contratos que Fabricio Correa, hermano del Presidente de la República, concretó con su gobierno a través de las empresas Cosurca y Megamaq, entre otras.

En febrero pasado, la Veeduría hizo público su informe del caso y determinó, con base en documentos certificados de las entidades públicas, que las firmas vinculadas a Correa recibieron contratos y subcontratos que llegarían a los USD 800 millones. En ese reporte también establecieron que el presidente Correa sí conocía de esas contrataciones.

Esta conclusión fue desmentida por el Primer Mandatario, quien en varias ocasiones anunció que enjuiciaría a los veedores, pues él nunca supo de los contratos con su Gobierno.

Sin embargo, una de las evidencias que la Veeduría adjuntó a su informe es la supuesta grabación de una entrevista al presidente Correa, en radio Sonorama, realizada a pocas semanas de que se conocieran los negocios que Fabricio Correa tenía con el Estado, en junio del 2009. En el audio se escucha que el periodista le pregunta a Correa si sabía de los convenios de su hermano, a lo cual responde que sí conocía sobre la compra de la empresa Cosurca y del préstamo de USD 10 millones de la CFN a Megamaq, ambas adquiridas por Fabricio Correa.

Pablo Chambers confirmó que acudirán a la Fiscalía y se limitarán a entregar el informe, que fue aprobado por el Consejo de Participación Ciudadana (CPC), que los designó por sorteo. Ese proceso se realizó por pedido expreso del presidente Correa, quien hoy acusa a los veedores de tratar de desprestigiar a su Gobierno.

Los veedores no descartan ser víctimas de una persecución política. Y piden la intervención del CPC en su defensa, aunque ha actuado en una dirección contraria: el 3 de enero los desalojó de sus instalaciones. En varias ocasiones se ha denunciado el alineamiento del Consejo con el Régimen.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (0)
No (0)