28 de April de 2012 00:02

Veedores, 20 días para armar su defensa

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Uno de los cuatro veedores acusados por la Fiscalía de haber cometido un supuesto delito de falso testimonio, en el caso de los contratos de Fabricio Correa con el Estado, logró diferir la audiencia de formulación de cargos hasta el 17 de mayo. Sin embargo, esto no aleja la preocupación de estos ciudadanos, quienes podrían perder su libertad. En el Código Penal ecuatoriano, el falso testimonio es castigado con prisión de uno a tres años.

Estaba previsto que ayer, a las 14:20, los ex veedores Pablo Chambers, José Quishpe, Gerardo Portillo y Víctor Hugo Hidalgo acudieran al Tribunal Quinto de Garantías Penales de Pichincha para defenderse de la acusación que hizo la fiscal María Elena Bayas. También debían acudir los abogados Gutemberg y Alembert Vera, defensores del presidente Rafael Correa.

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Pero una carta enviada por Portilla aplazó este trámite. En una misiva enviada al juez Raúl Martínez, el ciudadano le pide diferir la fecha de la audiencia, pues su abogado defensor, Ramiro Román, tuvo una diligencia en Esmeraldas el mismo día y por eso no podía estar presente.

El juez Martínez contó que tomó esta decisión para que el sospechoso “no quedara indefenso”. De los cuatro veedores, solamente Víctor Hugo Hidalgo tenía un abogado defensor. Los otros tres estaban sin defensa particular debido a los problemas económicos.

En este proceso apareció el abogado Ramiro Román, quien se ofreció a defenderles luego de observar lo que considera un abuso y mal uso del Código Penal. Este abogado cuenta qua ha revisado detenidamente la formulación de cargos que pretende hacer la Fiscalía y, a su juicio, se “está haciendo una formulación de cargos sin piso legal”.

Así, Román ratifica lo que los veedores en reiteradas ocasiones han sostenido. Es decir que el informe revela que el Presidente sí conocía de los contratos de su hermano con el Estado y que estos ascendieron a USD 657 millones, dejando un perjuicio de USD 140 millones para el Estado. Sobre estos datos radica la conclusión que los veedores entregaron a las autoridades de control. Román dice que la Fiscalía ha politizado este tema y que pretende, a través de una formulación de cargos sin piso, “acallar la voz de personas”.

Por el momento, Román auspicia la defensa de Portillo y Quishpe. Pero el ex presidente de la veeduría, Pablo Chambers, tiene otra postura: “Me niego a ser defendido, pues quien tiene que defendernos es quien nos convocó (Rafael Correa)”. Hoy, Chambers se reunirá con sus dos compañeros para hablar sobre la posible defensa.

Además, Víctor Hugo Hidalgo tampoco ha confirmado si aceptará la defensa de Román o si continuará con su abogado.

Más allá del plazo que se ha extendido para la nueva audiencia, ratifican que esta persecución política generará un mal precedente para la participación ciudadana. “Los veedores que quieran hacer un trabajo honesto, libre de presión van a ser perseguidos”, dice Portillo.

El vocal del Consejo de Participación Ciudadana, David Rosero, sostiene que las autoridades que fueron observadas por esta veeduría “no han comprendido que es un derecho la participación y el control social”. Y ratificando que este proceso legal es un pésimo precedente que va a generar “un temor ante la gente de vigilar objetivamente”.

En la demanda de Rafael Correa contra estos ciudadanos, auspiciada por los abogados Vera se asegura que “se apartaron del objetivo trazado inicialmente, todo esto bajo el liderazgo de Pablo Chambers, el ex funcionario en el gobierno de Lucio Gutiérrez, enemigo declarado del suscrito”. Así, uno de los argumentos que Correa utilizó para deslegitimar ese informe fue el nexo político de Chambers, quien fue miembro del Directorio de Pacifictel en el 2004. Pero Portillo y Quishpe no tienen vínculo alguno con políticos de oposición y también son acusados.

El temor de perder su libertad persiste, pues si la Fiscalía solicita como medida cautelar la prisión preventiva, irán a la cárcel. En estos 20 días los veedores se dedicarán a armar su defensa. El abogado Román hace un pedido: “Que la justicia actúe independientemente del Ejecutivo”.

El caso de ‘El Gran Hermano’ está en la palestra pública desde hace 34 meses; esta historia aún no tiene un desenlace en la Justicia.

11 de junio del 2009
Diario Expreso publicó el especial   ‘Fabricio Correa, el
holding’, que reveló los contratos que el hermano del Presidente firmó con el Estado.  Se reveló que las empresas de  F. Correa estaban domiciliadas en Panamá.

27 de junio del 2009
El presidente Rafael Correa solicita al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Julián Guamán, que realice una veeduría ciudadana al proceso de terminación de contratos de su hermano con el Estado.  
 
3 de julio del 2009
El Presidente del Consejo de Participación Ciudadana posesiona a 10 vocales que serían los integrantes de la veeduría.  Pablo Chambers es designado como su presidente. En el transcurso del proceso, solo quedaron cuatro miembros.

19 de agosto del 2010
Los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita presentaron el libro ‘El Gran Hermano’,  que recopiló y amplió  la investigación de diario Expreso sobre los contratos de Fabricio Correa con el Estado.  

4 de febrero del 2011
Luego de 18 meses de trabajo, la veeduría entregó el informe final al Contralor  
C. Pólit. Este determina que Rafael Correa sí conocía de los contratos de su hermano, que ascendieron a USD 657  millones. 

28 de febrero del  2011
El Presidente  demandó a los periodistas Calderón y Zurita por supuesto daño moral, porque en el libro  ellos afirmaron que el Mandatario conocía de los contratos.  Pidió una indemnización de USD 10 millones.

31 de marzo del 2011
El presidente Rafael Correa solicita a la  Fiscalía  que se inicie una investigación
por un presunto delito que atenta a  la Fe Pública contra  los veedores.  Esta demanda es  auspiciada por  Gutemberg y Alembert Vera.

6 de febrero del 2012
La jueza María Portilla condenó a los periodistas por daño moral. Y dispuso que paguen una reparación de USD 2 millones al Jefe de Estado.  El  27 de febrero del 2012  el presidente Correa anunció el desistimiento de la demanda.

12 de abril del 2012
Luego de 13 meses de indagación, la fiscal de delitos de Fe Pública, María Elena Bayas, acusa a los veedores  de falso testimonio. Ellos critican esta acción pues sostiene que en toda esta investigación  dieron un versión de  20 minutos.

27 de abril del 2012
El juez Quinto de Garantías Penales, Raúl Martínez, difiere  la audiencia de formulación de cargos para el  17 de mayo.  Esto por un pedido que realizó el ex veedor Gerardo Portillo. En esa audiencia podrá dictar medidas cautelares.


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