30 de May de 2010 00:00

Las trabas afectan a la Ley de Medios

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Redacción Política

En letras rojas se resalta la diferencia que hay entre Alianza País y la oposición por el proyecto de Ley de Medios. Su discrepancia es “dos delegados del Ejecutivo”.

La presencia de representantes del Gobierno en el Consejo de Comunicación marca la división entre las fuerzas políticas. El viernes pasado, los miembros de País convocaron a sus compañeros a que siga el debate para definir la conformación del organismo.

Diego Falconí (alterno de María Augusta Calle) dijo a sus colegas que Alianza País ha cedido posiciones. Pues se descartó que los delegados del Ejecutivo sean escogidos entre los funcionarios de los ministerios de Educación y de Cultura. Adicionalmente, Borja aseguró que estaban dispuestos a debatir el número de delegados del Ejecutivo. “Mi propuesta es un representante del Gobierno y cuatro de la ciudadanía”.

Pero la oposición no aceptó el planteamiento. Los representantes de Concertación Nacional, Sociedad Patriótica, Pachakutik y Madera de Guerrero seguían firmes en su propuesta, para que ningún representante del Gobierno integre el Consejo.

Betty Carrillo, presidenta de la Comisión legislativa, pidió a sus colegas que el debate se concentre en asuntos jurídicos y constitucionales y no en los políticos. Lourdes Tibán (Pachakutik) y Jimmy Pinoargote (ex ADE) pidieron que se suspenda la reunión y que se pase directamente a la selección de los consejeros de Comunicación. Sin embargo, ese pedido no fue acogido.

Para destrabar el debate, Falconí pidió que se aprobaran los requisitos para ser integrantes del Consejo. Alianza País y la oposición consensuaron en los requisitos que deberían cumplir los candidatos a consejeros.

Entre las principales reglas están: ser ecuatoriano, estar en goce de los derechos políticos, acreditar un título educativo de tercer nivel, no ser afiliado a un movimiento o partido político y no haber sido funcionario público durante los últimos cuatro años. Adicionalmente, no tener relación de parentesco con el Presidente, con los ministros de Estado, etc.

También no haber sido director, ejecutivo o administrador de un medio de comunicación. Ni haber ejercido un cargo público en los últimos cuatro años.

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