Las vacaciones de los asambleístas terminarán el miércoles de la próxima semana. A su retorno, volverán a medir el ambiente político frente al proyecto de Ley de Comunicación, en debate desde agosto del 2009 y que el oficialismo busca aprobar.
Antes de que el texto que contiene 128 artículos se discuta en el Pleno Legislativo, habrá varios foros para profundizar su debate por fuera del Parlamento. Hoy, a partir de la 17:30, en la sede de la Flacso, la Asamblea organizará el primer foro “Hacia una Ley de Comunicación Democrática”.
El objetivo, según lo ha planteado el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, es generar un espacio de debate académico y ver las posibles repercusiones de esta Ley. Participarán los catedráticos Mauro Cerbino y Julio Echeverría; los periodistas Janeth Hinostroza y Miguel Rivadeneira, además el presidente Cordero, y el asambleísta oficialista Mauro Andino, presidente de la Comisión que formuló el proyecto.
Sin embargo, la conformación del panel es criticada por el asambleísta César Montúfar (Concertación) quien sostiene que no es plural que en un foro ciudadano participen dos asambleístas oficialistas, sin presencia de las fuerzas de oposición.
Mediante una carta el director de la Flacso, Adrián Bonilla, respondió al legislador que “el conjunto de los invitados tiene posiciones diversas e incluso contradictorias. El foro es plural”.
Cerbino recordó que Montúfar ha sido invitado a cuatro de los seis foros que han sido organizados por el Programa de Estudios de la Comunicación.
“No queremos repetir la confrontación que hay en la Asamblea, es un foro académico”, dijo en respuesta a los cuestionamientos de Montúfar sobre la supuesta falta de pluralidad.
No obstante, Montúfar replica que el debate de la Asamblea es un debate legítimo y en tal caso ese foro ciudadano debería ser “netamente ciudadano”.
Este acto será un espacio importante. Así lo dijo el Presidente del Legislativo. En una rueda de prensa ofrecida el 2 de febrero dijo que “durante dos años he escuchado discursos ridículos de gente que no ha leído el proyecto”, en ese marco anunció que hoy realizará el primer “foro ciudadano” para debatir el informe final del proyecto de Ley de Comunicación. Sobre esto existen dos posiciones contrarias. Quienes defiende la Ley y quienes piden su archivo, por temor a un veto presidencial. Andino asegura que la Ley es para garantizar el acceso a la comunicación. En la otra orilla Montúfar dice que se quiere controlar lo que los ciudadanos consumen.
Algunos puntos del proyecto que aún generan incertidumbre
Consejo de Regulación
1Se crea un Consejo de Regulación que será un organismo público que tendrá por finalidad diseñar e implementar las políticas públicas de comunicación. Entre sus atribuciones estarán la de establecer mecanismos de registro y monitoreo de la programación.
Además implementar mecanismos para establecer información real sobre el tiraje y venta de los medios impresos. En este marco generar las sanciones correspondientes.
El legislador César Montúfar sostiene que este organismo se convertirá en una “comisaría de medios” que controlará la difusión de todos los contenidos.
Control a redes sociales
2 No existe un artículo que expresamente hable sobre un control a las redes sociales, pero sí ambigüedad en los conceptos. Un medio de comunicación es cualquier empresa pública, privada o comunitaria que preste un servicio de comunicación masiva, a través de cualquier plataforma tecnológica. El analista Juan Carlos Solines sostiene que esta normativa se presta para la discrecionalidad, pues en la misma Ley esa plataforma está
constituida por el sistema informático y la infraestructura que usan los medios. Así, se deja abierta la puerta para controlar contenidos en redes sociales.
Los principios ‘éticos’
3 ¿Debe contar una ley con un articulado que defina principios deontológicos (éticos) mínimos sobre los cuales medios y los periodistas deben guiar su trabajo? Esta es una pregunta central para el asambleísta de oposición Fausto Cobo. A su juicio, no es malo que una ley incluya este tipo de normas. Mauro Andino (A. País) defiende este aporte en el proyecto de ley. Cobo advierte que estos principios no se debatieron en la Asamblea; que son ambiguos y abren la posibilidad a la aplicación de sanciones. Finalmente, cree que cada medio debe construir de forma libre sus Códigos de Ética.
Libertad de información
4El Presidente podrá disponer la suspensión del derecho a la libertad de información y la censura previa de los medios de comunicación una vez que se haya declarado estado de excepción en todo o una parte del territorio nacional. Para el asambleísta Paco Moncayo, ese tipo de regulaciones deberían estar normadas en la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Considera que es una aberración que uno de los artículos de una Ley de Comunicación pretenda regular este aspecto. Además sostiene que en un estado de excepción no solamente debe circular la verdad oficialista.
Solidaridad en medios
5El proyecto establece que el medio de comunicación, sus propietarios, accionistas, directivos y representantes legales serán ‘solidariamente responsables’ por las indemnizaciones y compensaciones de carácter civil que existan por incumplir su obligación de realizar rectificaciones o por impedir a los afectados (por una publicación) el ejercicio de los derechos de réplica. Lourdes Tibán, legisladora de Pachakutik, considera que este artículo pretende justificar el proceso que sigue el presidente Rafael Correa contra el periodista Emilio Palacio y los directivos de diario El Universo por una columna.
¿Información u opinión?
6Se establece que un medio de comunicación debe rectificar, a la brevedad posible, las informaciones y las opiniones que se hayan demostrado como falsas. Para el catedrático y analista Mauro Cerbino esta norma es ambigua pues las opiniones no son falsas ni verdaderas, son solo opiniones.
Sostiene que este punto debe ser rectificado a la brevedad posible pues mete a la información y opinión en ‘un mismo saco’, cuando son dos cosas completamente distintas. Recuerda el caso de el juicio a El Universo, donde un periodista y tres directivos fueron condenados por una opinión de Palacio.