Los asambleístas César Montúfar y Fausto Cobo presentaron ayer una acción de protección y el pedido de medidas cautelares para que se suspenda la transmisión, en los canales incautados, de las propagadas estatales sobre la Ley de Comunicación.
La demanda será resuelta por el Juez Cuarto de Trabajo de Pichincha. En 24 horas deberá emitir su pronunciamiento.
Desde que se inició el Mundial de Fútbol, el Ejecutivo ha difundido más de 600 cuñas en contra de la prensa. Esto, en el marco del debate de la Ley de Comunicación. Según la empresa Infomedia, entre el viernes 18 y domingo 20 de junio se presentaron, al menos, 414 propagandas de esa campaña.
Para los legisladores, la publicidad del Gobierno “lesiona los derechos consagrados en la Constitución”, sobre todo el derecho a la libertad de expresión. También señalaron que se afecta la honra de las personas que piensan diferente al Gobierno.
Por ello, solicitaron a la Justicia la suspensión inmediata de la transmisión de la publicidad, porque también interfiere con el debate de la Ley de Medios, que se tramita en la Asamblea. “El más de USD 1 millón que se gastó en esa campaña estatal es el dinero de todos los ecuatorianos”, sostuvo Montúfar.
Este no fue el único rechazo a la campaña del Gobierno. Ayer, César Ricaurte, director de Fundamedios, cuestionó la actuación del Ejecutivo y aseguró que se han utilizado las propagandas para “descalificar a los medios de comunicación”, pues utilizan frases como: “por la dictadura de determinados medios”, “ya nadie les cree”, “libertad de difamación, no; libertad de expresión, sí”, “libertad de agresión no, libertad de expresión, sí”.
Según Fundamedios, “el derecho a la libertad de expresión de los altos funcionarios del Estado no es un derecho absoluto, y por lo mismo, puede estar sujeto a restricciones, especialmente, cuando interfiere con los deberes de garantía y protección respecto de los habitantes de un Estado”. Por ello, pidió que se suspendieran las agresiones mediáticas de inmediato.