7 de July de 2010 00:00

Spots: el estado da mal ejemplo

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Marco Arauz Ortega

El fallo de la jueza tercera de lo Laboral de Pichincha no sorprendió: no halló argumentos para suspender la propaganda gubernamental injuriosa contra los medios durante las transmisiones del Mundial. Y acogió la tesis de los representantes del Gobierno y de la Procuraduría, en el sentido de que la propaganda es “impersonal”.

De esa manera, una representante de la justicia nacional y una abogada del Estado ecuatoriano (no del Gobierno) le están diciendo a la sociedad que es lícito lanzar acusaciones e imputar delitos, a condición de no mencionar nombres y cuidarse de generalizar lo suficiente.

Eso querría decir que los medios y los ciudadanos, a partir de esta sentencia, podrán imputar delitos a los gobernantes con la simple fórmula mágica de la imprecisión para volverlos “impersonales”. Pero las cosas no son tan sencillas para quienes no son autoridades, que en todo este período, con el Presidente a la cabeza, se basan en las insinuaciones y las generalidades para atacar, y en cambio se protegen en la figura del desacato para defenderse.

Cuando atacan, defienden que los funcionarios tienen derecho a la libre expresión, por un lado, y que quienes intervienen en debates públicos, por otro, pierden una parte de sus derechos. La Secretaría de Comunicación olvida lo que le dijeron a su asesor jurídico en la Comisión de Derechos Humanos de la OEA en marzo: “los funcionarios no pueden imputar delitos sin acudir a la autoridad judicial y no pueden aumentar el riesgo de personas y grupos”.

Los ataques siguen y no hay ni rastro de la promesa de suprimir el delito de desacato o de injuria no calumniosa. Un ominoso marco para la aprobación de la ley mordaza.

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