31 de March de 2012 00:01

Son tiempos duros para la prensa libre

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No son estos buenos tiempos para la libertad de prensa en América. Aunque, por definición, el periodismo de calidad es siempre antagonista del poder, la sana dialéctica entre prensa y Gobierno es menos frecuente que la franca confrontación. El diagnóstico varía según el país, pero resulta preocupante que, para varios gobiernos de la región, el periodista se haya convertido en un enemigo al que hay que desprestigiar, anular y perseguir como asunto de Estado.
Periodistas acosados por el poder ha habido antes y seguramente seguirá habiendo.

La historia de la prensa independiente abunda en casos como estos. Lo novedoso de estos tiempos es que la agresión física convive con otras formas de represión que intentan darle un barniz de legitimidad a los ataques contra la libertad de expresión. Así lo advirtió Danilo Arbilla, veterano periodista uruguayo, en su discurso durante la 67° asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), del año pasado.

El ánimo represivo no ha cambiado, aunque esté vestido con apariencias democráticas. Los gobiernos enemigos de la prensa pueden echar mano de armas más sutiles como las leyes, la propaganda y la economía.

Para los enemigos, la ley

La reciente condena contra los directivos y el ex Editor de Opinión de diario El Universo, acusado de injuria por el presidente Rafael Correa, ha dejado en evidencia cómo las leyes y los tribunales se pueden utilizar para intimidar a los medios críticos. El Mandatario logró una condena desproporcionada: penas de prisión y reparaciones por USD 40 millones.

El posterior perdón presidencial no borra el antecedente; más bien lo deja como amenaza latente. “Los ecuatorianos no pueden perder de vista que se mantiene el precedente de que un Presidente coacciona a la prensa con amenazas legales”, dice el titular de la SIP, Milton Coleman.

El tejido legal ecuatoriano es similar al de Venezuela, otro país donde la libertad de prensa está seriamente amenazada. El régimen chavecista ha forzado el cierre del canal de televisión RCTV y 34 estaciones de radio. Otros medios están bajo constante asedio. Un ejemplo es el canal Globovisión, cuyo propietario, Guillermo Zuloaga, es víctima de una persecución judicial impulsada por Hugo Chávez. Por su cobertura de un motín carcelario, la estación fue multada con USD 2 millones, por “desestabilizar” el país.

“Con la ley de responsabilidad social y la reforma del Código Penal se inició una dinámica de persecución y cierre de medios”, señala Carlos Correa, director de Espacio Público, una asociación civil dedicada a promover la libertad de expresión en ese país.
Ecuador y Venezuela son los casos más extremos, pero no los únicos. Con diversos matices e intensidades, varios gobiernos de la región han impulsado proyectos de ley que restringen de algún modo el ejercicio informativo. En Argentina, las normas que regulan la comunicación audiovisual y la venta de papel periódico, que ya están vigentes, han generado fuertes protestas de los medios de comunicación críticos con el gobierno de Cristina Fernández. En Bolivia, las leyes de lucha contra el racismo y del régimen electoral también dejan abiertas enormes grietas interpretativas que pueden usarse para castigar informaciones u opiniones contrarias al régimen de Evo Morales.

Agresiones en aumento

Otra arma que algunos gobiernos emplean contra la prensa independiente es el insulto y la descalificación permanentes. Al tratar al periodista crítico como enemigo, traidor a la patria o incluso delincuente, el Régimen implanta un ambiente enrarecido, sienta las bases de una persecución posterior y deja abierta la puerta para posteriores ataques.

Carlos Correa, de Espacio Público, apunta que en Venezuela el gobierno chavecista impuso desde sus inicios una relación de enfrentamiento. “Esto ha generado crispación, lo que ha desembocado en agresiones a los periodistas por parte de terceros que se identifican con el gobierno de Chávez”. Según sus cifras, en Venezuela cada año se reportan unas 150 agresiones a periodistas. Los más vulnerables son fotógrafos y camarógrafos de TV.

“La política de odio e insultos, repetida a lo largo de cinco años, ha ido minando la confianza en la prensa, y son cada vez más los sectores que se sienten legitimados para agredir a los periodistas” en Ecuador, señala Ricaurte, de Fundamedios. En el 2008, se registraron en Ecuador 22 agresiones a periodistas.

En el 2010 fueron 151 y en el 2011, 156.

Las acciones restrictivas a la libertad de prensa también pueden provenir de las fuerzas del orden. En México, uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo por las amenazas del narcotráfico, la Policía y las Fuerzas Armadas han sido acusadas de retener a periodistas, según informes de la SIP. La finalidad de estas acciones, invariablemente, ha sido intimidar a los hombres de prensa e impedirles realizar su trabajo.

La postura hostil contra el periodismo también se puede traducir en bloqueos informativos. Es el caso de Argentina, donde muchos funcionarios eligen a qué medio le dan declaraciones en función a su posición respecto al Gobierno. “Hay una actitud del Gobierno Nacional que se traduce en falta de información, conferencias de prensa en las que no se admiten preguntas y vetos a ciertos medios”, explica Andrés D’Alessandro, del Foro de Periodismo Argentino (Fopea).

La publicidad como arma

En un contexto de confrontación entre medios y Gobierno, la publicidad estatal también es utilizada como instrumento de presión. Por lo general, el reparto del avisaje se realiza sin atender a criterios técnicos. En Argentina, el reparto arbitrario derivó en dos demandas judiciales para devolver la pauta publicitaria a medios que habían sido despojados de ella. Ninguno de esos fallos ha sido cumplido hasta la fecha.

La situación es más grave en Ecuador, donde el Estado es, con gran diferencia, el principal anunciante. Su inversión anual asciende a unos USD 84 millones, mientras que el principal anunciante privado apenas llega a 17 millones. En ese país, además, el Estado es propietario de 22 medios de comunicación. “Hay un empobrecimiento del debate público”, insiste Ricaurte.
Ya sea por la vía violenta, la aparente legalidad o la asfixia económica, el fin sigue siendo el mismo: limitar la libertad de expresión, eliminar las voces discordantes y modelar una agenda informativa conveniente para el poder, no a los ciudadanos.


9 diarios toman el pulso de la región

ECUADOR
El gobierno de  Rafael Correa   ha pretendido  poner en vigencia   leyes que afectan el normal ejercicio de la libertad de expresión, de acuerdo con César Ricaurte, de Fundamedios. Este 10 de abril, por ejemplo, se sometería a votación la Ley de Comunicación que lleva en debate dos años y medio y que hasta ahora no ha generado consenso político. Uno de los temas de esta ley  es la llamada  responsabilidad solidaria de los medios, que  introduce el principio de la ‘autoría coadyuvante’, que permite procesar a los propietarios de los medios de comunicación.

ARGENTINA
Aunque sin llegar  a los extremos de acoso, se pueden  percibir indicadores de actitud hostil contra los medios críticos. Así lo  reconoce Andrés D’Alessandro, del Foro de Periodismo Argentino. A las leyes de comunicación audiovisual y de papel prensa, que se dictaron,  hay que añadir ciertos procedimientos exagerados en fondo y forma para establecer controles. Un caso  es el  ingreso de inspectores tributarios a la sede del diario Clarín. La SIP señala también que en los últimos años han aumentado las acciones de hostigamiento contra periodistas y contra medios de comunicación, mediante agresiones y falsas acusaciones .

BRASIL
La censura  judicial es un tema de preocupación en Brasil. Así lo  evidencia el último informe de la SIP, que anota que “los jueces están aumentando su poder discrecional, sobre todo los que están en los niveles más bajos, en lo que se refiere a la anticipación de la custodia, la reparación del daño moral y el ejercicio del derecho de réplica, a partir de la revocación de la Ley de Prensa”.El país se ha vuelto más peligroso para el ejercicio periodístico, como evidencia que, en lo que va del 2012, tres periodistas brasileños han sido  asesinados.  La SIP ha pedido al Gobierno  acciones efectivas para proteger a los hombres de prensa y acelerar la investigación de los crímenes contra ellos, pero  sin resultados efectivos.

CHILE
El último informe  de la SIP señala que, aunque la prensa ha podido desenvolverse sin restricciones en este  país, existen iniciativas legales que podrían afectar la libertad de expresión en el ámbito de la publicidad. La razón:  la posibilidad de   imponer regulaciones excesivas de parte de los organismos de control.  Más preocupante, en todo caso, es el reporte de amenazas y agresiones a los periodistas durante manifestaciones y protestas, especialmente las lideradas por agrupaciones estudiantiles .

COLOMBIA
Ha aumentado  el uso de mecanismos legales para amedrentar a la prensa o entorpecer su labor. Es más frecuente el uso de acciones civiles como la tutela o la acción popular para demandar información sobre reportes judiciales que publican los medios. También se han reportado juicios a periodistas por sus opiniones. Es el caso de Luis González, periodista del diario Cundinamarca Democrática, quien fue demandado por injuria por la ex gobernadora de Cundinamarca, Leonor Serrano. Un tribunal confirmó la condena de 18 meses de cárcel, en un fallo  similar al caso El Universo.

MÉXICO
En un país especialmente  violento y peligroso para el ejercicio periodístico, el gobierno de Felipe Calderón no ha cumplido con su ofrecimiento de crear un mecanismo eficaz de protección para los periodistas, así lo advierte   la SIP. El reparto de la publicidad también es objeto de cuestionamientos por su falta de transparencia. La organización Artículo 19 y Fundar Centro de Análisis e Investigación solicitaron este año a los 32 estados mexicanos  información acerca de su inversión publicitaria. Solo  10 entregaron los datos completos y detallados. Once -es decir, un tercio- no proporcionaron  información.

PERÚ
El 2011 cerró  con una estadística preocupante: tres periodistas fueron asesinados y se reportaron 93 agresiones verbales y físicas. Este dato lo recoge  la Asociación Nacional de Periodistas (ANP). La magnitud de este registro  convierte al Perú  en uno de los países   peligrosos para el ejercicio de la prensa. También  aumentó  la frecuencia de las demandas judiciales, orientadas a intimidar a los periodistas críticos con los grupos de poder, sobre todo los que ejercen en el ámbito de la política. En el Perú no se registraba un asesinato de periodista desde el 2004. La cifra recrudeció en el 2011, pues  los  casos reportados  responden a periodistas que  trabajaban en medios pequeños del interior del país y tenían en común su postura crítica contra las autoridades locales de la nación.  

URUGUAY
El clima  habitualmente respetuoso que se vive en las relaciones entre Gobierno y prensa se enrareció el año pasado, luego de que el presidente José Mujica, molesto por el tratamiento de las noticias policiales en ciertos medios, especialmente la televisión, dejara entrever que la publicidad estatal podría usarse como un mecanismo de sanción y recompensa para los medios en función al  tratamiento que se dé a   la crónica roja. Esta declaración, sin embargo, no fue respaldada posteriormente con medidas concretas o propuestas de ley. El Mandatario insistió en varias ocasiones sobre el tema, incluso en una reunión con representantes de varios  medios de comunicación de Uruguay. Esto motivó el año pasado la respuesta de la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayo (Andebu), que expresó su “sorpresa y preocupación” ante la propuesta.

VENEZUELA
 “La libertad de  prensa se desenvuelve en un clima de censura y en un contexto de violencia e inseguridad que sufren todos los ciudadanos”. Así lo  anota el último informe de la SIP. Bajo el amparo de la ley de responsabilidad social, los medios críticos con el Gobierno son sometidos a procesos administrativos que derivan en multas y amenazas de cierre. El reparto de la publicidad estatal también está claramente orientado a recompensar a los medios amigos, advierte Carlos Correa, de Espacio Público.  El presidente editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, precisó que la violación de la libertad de expresión se ha evidenciado en la agresión a periodistas y medios de comunicación, y que en Venezuela se han presentado más de 1  200 denuncias ante la CIDH, Reporteros sin Fronteras y la ONU por ataques en los últimos 13 años. Los  medios públicos  han  impuesto un discurso descalificador.

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