24 de December de 2011 00:05

Solórzano y Casares reprochan el fallo

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La fuga fue un misterio. En el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito nadie sabía cómo el ex vicepresidente de la República Alberto Dahik había abordado una avioneta privada, pese a que en su contra pesaba una orden de prisión por supuestamente haber mal utilizado fondos públicos a través de la cuenta gastos reservados.

16 años después, el escenario en el mismo aeropuerto fue distinto. Ayer, Dahik sonreía al bajar de la avioneta que lo trajo de Cali, en su escala técnica a Guayaquil. La Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) levantó la orden de prisión emitida contra el ex vicepresidente el 11 de octubre de 1995.

En la providencia de seis página, firmada por el presidente de la Sala, Hernán Ulloa, se dice que la prisión del acusado se cambia por una medida cautelar sustitutiva: que Dahik se presente cada 15 días en la Corte. Las autoridades que en ese entonces acusaron a Dahik estaban ayer molestas por el fallo judicial de Ulloa.

Carlos Solórzano, quien en 1995 ordenó la prisión del inculpado, como presidente de la Corte, consideró que “bajo ese criterio también vendrá (Abdalá) Bucaram, (Jamil) Mahuad, Ana Lucía Armijos, Augusto de la Torre, es decir, todos los que perjudicaron en otro momento al Estado ecuatoriano. Entonces, ya no tienen ninguna sanción. ¿Para qué los juicios penales?”.

Según Ulloa, al manifestar “su deseo y necesidad jurídica de presentarse ante la justicia ecuatoriana” Dahik muestra ser una “persona respetuosa” , que “no representa ningún peligro”.

Para el entonces fiscal general de la Nación, Fernando Casares, que en 1995 acusó a Dahik por el caso Gastos reservados, el pronunciamiento de la Primera Sala favoreció al ex funcionario, quien había llegado al poder en 1992, en binomio con Sixto Durán Ballén.

El jurista sostiene que el pronunciamiento de Ulloa tiene irregularidades y destruye la seguridad jurídica. Él advierte que legalmente no se podía levantar la orden de prisión. “Esa figura forma parte del auto de llamamiento de plenario, no es la prisión preventiva que dicta el juez. Por tanto no se podía levantar”.

Casares insiste en que Dahik sí cometió irregularidades en el manejo de fondos. Este caso comenzó cuando, en un almuerzo con periodistas en Guayaquil, a mediados del Gobierno de Durán Ballén, Dahik reveló que había cedido al chantaje de diputados y otorgado nombramientos para alcanzar objetivos legislativos del Régimen.

Esas palabras fueron la punta del ovillo. Dahik supuestamente tenía acceso a una cuenta secreta de gastos reservados del Banco Central del Ecuador, a la cual llegaron 21 527 millones de sucres del Ministerio de Finanzas, entre agosto de 1992 y 1995.

Según la justicia de entonces, de ese rubro, aparentemente nunca se justificaron 12 724 millones de sucres, es decir 5 089 600 dólares al cambio de 1995.

Las indagaciones judiciales determinaron que 10 000 millones de sucres se pagaron en efectivo, 1 400 millones se giraron en cheques a varios bancos para comprar divisas y 1 324 millones se emitieron en cheques sin destinatario. En su mayor parte fueron cobrados por Luis A., el conserje de la Vicepresidencia.

La defensa de Dahik, sin embargo, ha señalado que el fondo usado por el ex Vicepresidente no fue secreto, y que de eso tuvo pleno conocimiento la Contraloría desde la fecha en que se abrió la cuenta. En ese entonces, Dahik admitió que cometió un error al manejar esos fondos en cuentas privadas, pero aclaró: “Nunca hubo un cheque para mi beneficio personal, ni de ninguna persona allegada a mí”. El escándalo desembocó en un juicio penal.

El 16 de agosto de 1995, el ex funcionario fue sindicado por el presidente de la Corte Suprema, Miguel Macías, que además encausó a Gladys M. y Juan C.

Macías determinó que 1 100 millones de sucres del fondo de gastos reservados fueron a parar a las cuentas privadas de los dos colaboradores de Dahik.

El 24 de agosto de ese año, el Juez ordenó la prisión de los asistentes. El flamante presidente de la Corte de ese entonces, Carlos Solórzano, continuó la indagación y el 6 de septiembre desestimó el pedido de nulidad hecho por Dahik. Pero en esa coyuntura, el entonces Vicepresidente se abrió otro frente en el Congreso, donde se inició un juicio político.

El Partido Social Cristiano (PSC), el Movimiento Popular Democrático (MPD) y el partido Acción Popular Revolucionaria Ecuatoriana (APRE) pidieron su censura y destitución por cohecho, atentado al honor nacional y traición a la Patria.

El 2 de octubre de 1995, Dahik giró el curso del juicio político en su comparecencia al Parlamento.

En seis horas de intervención detalló cómo León Febres Cordero, entonces líder del PSC, supuestamente había orquestado una persecución a Abdalá Bucaram, del PRE, quien entonces cumplía su primer exilio en Panamá. El 6 de octubre, Dahik fue absuelto por el Congreso.

Solo 39 diputados pidieron su censura; se necesitaban 52 votos.

El PRE se abstuvo de votar. Los legisladores señalaron que el cohecho debía haber sido sancionado por sentencia condenatoria en un juicio penal y que las otras dos causales carecían de sustentación válida, y lo exculparon.

Pero el juicio penal por peculado en la Corte avanzaba y, el 11 de octubre de 1995, el presidente de la Suprema, Carlos Solórzano, ordenó la prisión preventiva y el arraigo de Alberto Dahik.

En el 2005, cuando por acción de la entonces ‘Pichi’ Corte se anularon los juicios que pesaban contra el Segundo Mandatario, él se defendió y dijo que el Contralor justificó“absolutamente todos los gastos”. Luego aseguró: “En la historia del Ecuador soy el único funcionario al cual se le han revelado gastos reservados. Jamás se comprobó que cheque alguno fuese para mi beneficio o el de personas relacionadas”.

Además, explicó que “para ser más transparentes se abrió una cuenta en un banco privado, para que el Contralor pudiera comprobar que los gastos que estábamos haciendo eran realmente como nosotros lo indicábamos.

También se refirió a una demanda en la Organización de Estados Americanos (OEA). “La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos -que admitió la queja- no la trasladó a la Corte Interamericana por informe del Procurador General del Estado, de conocida filiación socialcristiana, el cual decía que no se habían agotado los recursos internos en el caso. El resultado del proceso ilegal, arbitrario e inconstitucional iniciado en mi contra, generó una década de destrucción de la institucionalidad”.

De hecho, el 22 de junio del 2000, el ex Vicepresidente demandó al Estado ecuatoriano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH), porque supuestamente fue enjuiciado de forma ilegal en la Corte Suprema.

En su querella, por la cual buscaba una indemnización de Ecuador, el inculpado argumentó que fue “víctima de persecución política por sus adversarios políticos, de la dirigencia del Partido Social Cristiano”.

Según él, la persecución se inició en represalia por sus declaraciones públicas en las que manifestó la preocupación de su Gobierno por los chantajes y el avance de la corrupción en Ecuador.

Dahik sostuvo que el Presidente de la Corte solamente hubiera estado facultado para iniciar un proceso penal en su contra si el Congreso Nacional lo hubiera inculpado, lo cual no ocurrió.

Ahora, el ex funcionario deberá comparecer en la Corte el lunes. Para el fallo judicial, también se pidió un pronunciamiento de la Fiscalía General.

En su informe, este organismo señaló: “Todo individuo enjuiciado penalmente debe gozar de iguales garantías procesales, sin que se pueda discriminarlo en razón del delito que se le atribuye”.

Además, señaló que “la presunción de inocencia obliga a respetar la libertad del acusado que solo puede ser conculcado en los casos previstos en la ley procesal y siempre como excepción”.

En la providencia se dice que la privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea necesaria para garantizar la comparecencia en el proceso o para asegurar el cumplimiento de la pena. “En este caso, el concepto y alcance de la prisión preventiva ha perdido su naturaleza y motivación jurídica, pues resulta ineficaz y hasta contrario a la lógica cuando el mismo procesado ha manifestado expresamente su voluntad de comparecer a juicio”.

El pedido para que se cambie la prisión preventiva por otra medida fue hecho directamente por Dahik. “Para que se conozca la verdad de mi actuación como Vicepresidente de la República se sustituya la prisión dictada en mi contra por una sustitutiva o alternativa , con lo cual podré presentarme ante ustedes para demostrar mi inocencia”, señala.

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