La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) renovó ayer sus cuestionamientos al proyecto de ley de medios, que el gobierno de Rafael Correa pretende aprobar en la Legislatura. De igual forma, criticó un proyecto de ley que el líder bolivariano Hugo Chávez quiere aprobar con el objetivo de regular a los medios comunitarios de Venezuela.
Al referirse a Ecuador, el presidente de la SIP, Milton Coleman, editor del diario The Washington Post, lamentó el “retroceso que la nueva legislación trae para los ciudadanos, al restringir sus libertades y derechos individuales a recibir y difundir información sin interferencias del Gobierno”.
Para Coleman, el proyecto de ley que se debate en la Asamblea Nacional es una ley de prensa, que terminará en limitaciones a la función que medios y periodistas cumplen en una sociedad democrática. Este pronunciamiento lo formuló a través de un comunicado emitido por la organización que agrupa a los principales medios escritos del hemisferio.
Gustavo Mohme, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, también censuró la iniciativa de ley de comunicación. De hecho, lo calificó como “una de las peores leyes de medios de la región, especialmente porque desconoce los avances en materia de libertad de prensa y de expresión que fueron creando los dictámenes y opiniones de la Corte y Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente”.
Sus palabras se refieren básicamente al hecho de que el proyecto oficialista plantee la creación de un consejo de regulación, cuyos alcances no están definidos.
Las críticas de la SIP coinciden con el inicio del segundo debate de la Ley de Comunicación en el Congreso. Según la oposición y gremios periodísticos como la Unión Nacional de Periodistas, la ley como está concebida representa un riesgo para el libre ejercicio de la libertad de expresión. Además, rechazan que el Gobierno tenga representación en los órganos de control de los medios.
Con respecto a Venezuela, la SIP criticó el tratamiento en la Asamblea Legislativa de la Ley de Comunicación para el Poder Popular, que regulará el funcionamiento de los medios comunitarios. Esta norma, establece cómo se debe pautar la publicidad oficial entre los medios privados y comunitarios.