La reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) concluyó en Aruba con un balance preocupante sobre el ejercicio periodístico en el continente.
“El acoso y la persecución provienen habitualmente desde dos fuentes. Del poder de turno o del ámbito delictivo, del narcotráfico y la guerrilla. En este último caso, el hostigamiento suele ser más burdo, amenazas, intimidaciones y crímenes. Mientras que los gobiernos se sirven en cambio, de armas más variadas y sutiles si todavía les importa no perder las formas”, señala el documento.
La organización realizó un análisis de la prensa en cada país y presentó recomendaciones para mejorar su situación.
En el caso ecuatoriano, la SIP envió un exhorto a la Asamblea para que respete el acuerdo legislativo que permitió viabilizar el debate de la Ley de Medios.
Este convenio, en su parte medular, pretende evitar que el Consejo de Comunicación sea independiente del Gobierno y de poderes fácticos. Además, que no pueda clausurar medios por faltas administrativas. También para garantizar la libertad de expresión en la prensa, sin censura previa y con responsabilidad ulterior de los periodistas.
Hace dos semanas este acuerdo tambaleó, cuando Betty Carrillo, presidenta de la Comisión legislativa encargada de redactar la ley de Medios, insistió en la presencia de dos representantes del Ejecutivo dentro del Consejo.
Sin embargo, esa propuesta, que pierde terreno incluso dentro de Alianza País, fue cuestionada porque se iba en contra del acuerdo legislativo. Incluso de dos de sus compañeros en la comisión, Mauro Andino y María Augusta Calle. Ellos presentaron proyectos para que el Consejo sea conformado solo por representantes de la ciudadanía.
En este sentido, Carrillo ha dicho que respetará el convenio firmado por las fuerzas legislativas.
Ayer, en la Asamblea pocos quisieron hablar del pedido de la Sociedad Interamericana de Prensa. Solo Rolando Panchana, segundo vicepresidente del organismo y miembro de la Comisión de Comunicación, cuestionó al organismo. “La SIP puede opinar lo que crea conveniente. Nosotros somos asambleístas y nuestro trabajo atiende a nuestra conciencia y al interés del país (…). La SIP no legisla en el país”, replicó.
El reporte de la Sociedad Interamericana de Prensa también pidió a la Asamblea que “con la votación suficiente rechace el veto del presidente Rafael Correa a la Ley de Participación Ciudadana, y no permita que creando la obligación de que los medios de comunicación “rindan cuentas”.
Esto para el organismo es un intento de coartar la libertad de prensa. En ese sentido, rechazó el intento del presidente Correa de sabotear el acuerdo legislativo alcanzado sobre la Ley de Comunicación, mediante el veto a la Ley de Participación Ciudadana.
Esa decisión presidencial será tratada hoy, a las 09:00, en la reunión plenaria de la Asamblea. El rechazo al veto del Ejecutivo no será fácil, deberá contar con el apoyo de al menos 82 legisladores (ver nota compartida).
En ese sentido, la SIP hace duras críticas a la confrontación entre los gobernantes y la prensa. Las críticas más severas fueron contra el venezolano Hugo Chávez por sus acciones en contra de la libertad de expresión y a favor del cierre de varios medios de comunicación en su país.
También mencionó el hostigamiento que ejercen gobernantes como los de Argentina, Bolivia y Ecuador, “siguiendo el ejemplo de Venezuela, contra decenas de radios, canales de televisión de señal abierta y de televisión pagada, cerrados autoritariamente”.
Sobre la violencia contra periodistas, en el último semestre, se reportó el asesinato de 13 reporteros (7 en México, 3 en Honduras, dos en Colombia y uno en Brasil). Además, fueron presentadas numerosas denuncias de amenazas.