22 de June de 2011 00:28

Se propone sanciones por los contenidos

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Una disculpa pública y multas económicas son las sanciones con las cuales se pretende castigar contenidos discriminatorios en los mensajes de los medios.

Esta es una propuesta preparada por los asesores de la Comisión de Comunicación de la Asamblea, Rommel Jurado y Omar Barreno y que será discutida hoy en la cuarta sesión de ese equipo legislativo que tiene la obligación de redactar una Ley de Comunicación, como lo ordenó la consulta.

Por eso, su planteamiento tiene como pilar la pregunta 9 de la consulta que pedía que haya sanciones para los contenidos discriminatorios, violentos o explícitamente sexuales que transmitan la TV, radio y medios impresos.

Los asesores proponen que sea considerado un mensaje discriminatorio aquel que se difunda por cualquier “medio, formato o plataforma tecnológica que denote distinción, exclusión o restricción basada en razones de etnia, lugar de nacimiento, sexo, identidad de género (...) que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento de los DD.HH. reconocidos en la Constitución o que incite a realizar actos discriminatorios”.

Estos mensajes serán calificados bajo tres parámetros. El primero es que el contenido difundido denote algún tipo concreto de “distinción, exclusión o restricción”. Segundo que la distinción o exclusión esté basada en razones de etnia, lugar de nacimiento, sexo, identidad de género... Tercero, que incite o restrinja algún derecho fundamental.

Jurado explica que la intención es que la autoridad competente (Consejo de Comunicación) califique estas causales para considerar que un contenido sea discriminatorio. En caso de que se emita un mensaje de estas características, las sanciones serán para medios y personas. Para el caso de los medios, los castigos son una disculpa pública de su director. Y en caso que reincida será una multa del 1% del monto facturado por el medio correspondiente al mes en que se difundió el contenido sancionado. Y se vuelve a repetir el error la multa será el doble.

En el caso de las personas también habrá una disculpa, pero en su caso la sanción pecuniaria será del 10 por ciento del salario que perciba, la que se irá duplicando por cada reincidencia.

Por último, se propone que estas amonestaciones no excluyan a las acciones penales, civiles o de otra índole de los afectados.

Juan Guamán, de la Asociación de Canales de Televisión, asegura que la Comisión violará la Constitución al crear un consejo de comunicación que sea sancionador. “El artículo 76 de la Constitución es claro, nadie podrá ser juzgado por tribunales o comisiones especiales. En este caso, el consejo sería un tribunal especial”.

El asambleísta de Alianza País, Rolando Panchana, tiene un criterio distinto. Él ha dicho que la facultad del consejo de sancionar administrativamente no atenta a la Carta Magna, porque no será un tribunal de última instancia, sino que las personas o medios amonestados podrán concurrir al Tribunal Contencioso.

Para el legislador Fausto Cobo, de Sociedad Patriótica, es un error insistir en sanciones a medios. “En todos los debates le hemos dicho que no sea una ley sancionadora, pero ellos reiteran. En ese caso nosotros seguiremos con nuestra línea. Ojalá la cuerda se rompa por el lado de la libertades de expresión y de prensa”.

El asambleísta advierte otro peligro con la sanción directa a persona por la difusión de contenidos discriminatorios. Para él, la intención es sancionar a los directores de los medios como intenta el presidente, Rafael Correa, con en su juicio penal en contra de los directores de El Universo.

Hoy, desde las 14:00, está previsto que los 11 miembros de la Comisión de Comunicación de la Asamblea se reúnan para debatir y posiblemente aprobar el texto de los asesores Jurado y Barreno.

'Gobierno, más intolerante con la prensa'

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité de Protección a Periodistas nuevamente reiteraron su preocupación por el crecimiento del conflicto entre el Gobierno y la prensa en el país.

Ayer, Catalina Botero, relatora para la Libertad de Expresión de la CIDH, y Carlos Lauría, coordinador del programa de las Américas del Comité, cuestionaron el uso del derecho penal en Ecuador para atacar a la prensa. Ambos participaron en un conversación sobre la libertad de prensa en América Latina en el Centro de Pensamiento Diálogo Interamericano realizado en EE.UU.

Lauría, quien visitó el país en mayo pasado, sostuvo que "el Ecuador tiene un Gobierno que se muestra cada vez más intolerante, que actúa utilizando distintos recursos para emprender contra sus críticos, usando el derecho penal". Su criterio se respalda en el juicio que el presidente Rafael Correa inició en contra de los directivos de diario El Universo.

Botero también mostró su preocupación por el uso del Código Penal contra los medios. "El presidente (Correa) ha utilizado las normas que el propio gobierno había decidido reformar desde hace dos años, ha utilizado esas normas para procesar a personas que han hecho columnas de opinión en su contra y que el Presidente considera injustas", dijo.

Además, rechazó que se hayan presentado demandas en contra de "personas que han hecho investigaciones, por ejemplo sobre los contratos del hermano del Presidente. Y, además, acompaña esas denuncias penales con millonarias demandas civiles".

La Relatora hizo referencia al juicio civil que el Mandatario impulsa contra los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, autores del libro 'El Gran Hermano', que cuenta los contratos de Fabricio Correa con el Estado.

En el conversatorio, Botero sostuvo que la CIDH está dispuesta a participar en la discusión de la ley de medios que efectúa en la Asamblea. Ella dijo que no ha recibido una invitación, pero que está dispuesta a viajar al país.

Sin embargo, su eventual llegada ha levantado los ánimos en las fuerzas políticas de la Asamblea. El presidente de la Legislatura, Fernando Cordero, aseguró que la Relatora solo podrá participar como observadora, es decir no intervenir en los debates.

Mientras que los legisladores César Montúfar, Lourdes Tibán, Fausto Cobo y Jimmy Pinaorgote, miembros de la Comisión de Comunicación, insistieron en su invitación a la relatora Botero, para que explique los vacíos y presuntos peligros que la CIDH detectó en el proyecto de ley de medios.

Ayer, desde Washington, Botero y Lauría cuestionaron la redacción de la propuesta de Ley de Comunicación. Lauría dijo que la creación del consejo de regulación contiene un lenguaje "vago y ambiguo, que según periodistas ecuatorianos abriría la puerta para la censura oficial". DPA y AFP

Sobre las sanciones o multas

El proyecto dice
Los arts. 101, 102 y 103 establecen las sanciones económicas y amonestaciones escritas para los medios de comunicación que infrinjan uno o varios de los 17 casos detallados en el documento.
Las multas económicas serán cobradas por razones ya existentes como el daño a la honra de un ciudadano. Pero también se incluyen nuevas causales como el incumplimiento del registro público.

El Gobierno dice
Fernando Alvarado, secretario nacional de Comunicación, ha dicho que "Esta nueva serie de preguntas ya abordan detalles en temas de carácter técnico, por lo tanto considero que, los miembros de la Comisión de Comunicación son los idóneos para responder sobre este tema. En lo que compete a la Secretaría de Comunicación preferimos seguirnos pronunciando dentro del marco conceptual".

La oposición dice
Andrés Páez, asambleísta del partido Izquierda Democrática y miembro de la Comisión de Comunicación, piensa que acerca de las multas "lo que se quiere es ahogar financieramente a los medios".
En su opinión, en este proyecto parte de "una falsa presunción" que los infractores son los medios privados y los públicos no cometen errores. "Eso es una verdadera equivocación", aseguró.

Alianza País dice
Betty Carrillo, legisladora del bloque de País, aclara que el porcentaje de las sanciones serán aplicados de acuerdo "al tipo o gravedad de la información". Y que además eso lo determinará el Consejo.
En su opinión, las multas son correspondientes para los daños de honra, por ejemplo. Además, dijo que en el caso de servidores públicos, aparte de la multa, se notificará a la autoridad correspondiente.

Otras opiniones
Según la CIDH, en su carta de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifiesta que ciertas causales en este proyecto son imprecisas y esto podría estar limitando la libertad de prensa.
Según Fundamedios, en un análisis realizado sobre el proyecto, creen que 'Las sanciones se convierten en muchos casos en disposiciones que bien se pueden considerar censura previa".

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