El presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, y el secretario jurídico de Carondelet, Alexis Mera, aseguran que el reglamento de la Ley de Participación Ciudadana absolverá las inquietudes que han surgido por el veto presidencial a este documento.
Dicha objeción dispone, entre otros temas, que los medios de comunicación privados rindan cuentas “a la ciudadanía”. Esto se da porque, según el Gobierno, la prensa presta un servicio público y desarrolla actividades de interés público, al igual que las entidades del Estado y las privadas que manejan recursos del fisco.
Ni Cordero ni Mera han abundado en detalles de cómo se aplicará esta rendición de cuentas. Sin embargo, el art. 10 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, vigente desde septiembre del 2009, establece seis aspectos sobre los cuales gira este esquema de rendición.
El cumplimiento de las políticas, planes, programas y proyectos que se tracen las entidades públicas, privadas y también los medios es un primer tema. Otro aspecto es la ejecución de su presupuesto institucional.
Un tercer punto se refiere al cumplimiento de los objetivos y planes estratégicos. El cuarto aspecto pasa revista a las recomendaciones o pronunciamientos que realicen la Función de Transparencia (Consejo de Participación) y la Procuraduría.
Como quinto tema está la presentación de balances anuales y el cumplimiento de obligaciones laborales y tributarias. Finalmente, esta Ley permite la apertura de esquemas de rendición de cuentas relacionados con cualquier tema “que sea de trascendencia para el interés colectivo”.
El ámbito de aplicación de estos seis requerimientos es muy amplio y generalizado. Por lo que la rendición de cuentas que propone el presidente Rafael Correa fácilmente tocará las fibras más sensibles de los medios de comunicación: sus contenidos.
En el conversatorio que Cordero mantuvo, el viernes pasado, con la prensa descartó esta posibilidad. Sin embargo, Correa no ha ocultado su interés porque los medios rindan cuentas sobre sus contenidos.
En el enlace ciudadano 164, del 20 de marzo, Correa dijo que “tenemos derecho a reclamar”. “Ven Jorgito (Jorge Ortiz de Teleamazonas) por qué mentiste en el caso de la isla Puná. Venga acá Ecuavisa, Gamavisión, TC por qué gastan tanto en pasar telenovelas”.
La asambleísta María Soledad Vela (A. País) reconoce que esta Ley mantiene aspectos muy generales sobre la rendición de cuentas de las instituciones públicas, privadas y los medios.
También insiste que el espíritu del veto no pretende “controlar a los contenidos”. Más bien que se expliquen temas sensibles para la ciudadanía, “como horarios de programación”. Vela aclara que, a más del reglamento por aprobarse, debe ser la ley de Comunicación la que ponga los linderos para este proceso.
Por su parte, Romel Jurado, académico y experto en Derechos Humanos, ayer difundió un análisis sobre este tema y asegura que la rendición no puede aplicarse a temas periodísticos.
“Ellos (los medios) no pueden ser obligados a rendir cuentas sobre la información que transmiten, puesto que esa información y su proceso de elaboración están protegidos por el derecho a la libertad de expresión y por otras normas o instituciones jurídicas reconocidas, como la reserva de fuente, la cláusula de conciencia, el secreto profesional, etc”.