28 de June de 2012 00:04

El Régimen tiene interpretaciones opuestas sobre el asilo político

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El gobierno de Rafael Correa tiene formas diferentes de interpretar la figura del asilo político. Es según quién lo solicite.

La primera es una postura crítica, cuando un ciudadano ecuatoriano solicita asilo a un tercer país, por sentirse perseguido políticamente por su Régimen.

Desde febrero pasado, seis personas han solicitado ese tipo de protección, por considerar que su integridad estaba en riesgo frente a la administración de Correa.

El periodista Emilio Palacio y Carlos Pérez, directivo de El Universo, fueron los primeros en pedir esa protección a Estados Unidos y Panamá. Lo hicieron por considerar que Correa ejerció presión política en el juicio por injurias contra ellos, en el que recibieron un fallo adverso.

Por entonces, los diferentes voceros del Gobierno optaron por descalificar ambas solicitudes.

Al trámite de Palacio se tachó de “ridículo”, mientras que en el caso de Pérez se dijo que no había por qué emitir un salvoconducto para que pudiera ir desde la Embajada de Panamá al aeropuerto.

“La actuación del Gobierno fue vergonzosa y burda, al desconocer las condiciones del asilo”. Ese es el criterio de Joffre Campaña, procurador de El Universo, quien señala que en ese capítulo el Ejecutivo demostró un “desprecio” a la institución política del asilo.

Una postura similar tomó el Gobierno en mayo pasado. Ese mes, cuatro veedores de los contratos entre el Estado y las firmas vinculadas a Fabricio Correa pidieron asilo político a Gran Bretaña, Costa Rica, Chile y Panamá.

En esa ocasión, el Gobierno no solo descalificó a los veedores, sino que la Cancillería desplegó una ofensiva diplomática para bloquear sus solicitudes.

Desde el despacho del canciller Ricardo Patiño se tomó contacto con las diferentes cancillerías de los países involucrados. En esos diálogos la diplomacia ecuatoriana explicó que los veedores eran juzgados por un delito común. El Gobierno los acusa de mentir, porque en su informe señalaron que Correa supuestamente sí conocía de los contratos de su hermano con el Estado.

“En ese momento el Gobierno no pensó en nuestros derechos humanos, como dice hacerlo en el caso de Julián Assange”.

Con esas palabras, el veedor Pablo Chambers cuestiona la postura opuesta que tiene el Presidente frente al pedido de asilo del Director de Wikileaks, refugiado desde la semana anterior en la Embajada en Londres.

De hecho, en el caso de Assange, el Gobierno ha exteriorizado su segunda forma de interpretar la institución del asilo político.

Al respecto, el Presidente dijo que se analizará con detenimiento las causales por las cuales Assange solicitó protección al Estado ecuatoriano. Además, anticipó que la decisión de otorgar o no el asilo al periodista -quien tiene cuatro demandas por delitos sexuales en Suecia- será una decisión soberana del Ecuador.

Luis Saavedra, director de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, explica que el asilo político es un derecho que tienen las personas, al sentirse perseguidas en sus países.

Y si bien indica que es normal que los gobiernos busquen frenar los pedidos de asilo, objeta que el Ecuador use un tono “furibundo” y “prepotente” para hacerlo cuando es acusado de persecución, como en el caso de los veedores.

Desde la esfera diplomática se señala que es un error que el Gobierno tenga interpretaciones diferentes del asilo político, dependiendo de quién lo pida.

El embajador Luis Narváez subraya que desde el Estado se debe tener una línea de conducta que guarde consonancia con “la profundidad jurídica y humana del tema” en cualquier situación.

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