El Gobierno negó esta tarde que realice tareas de espionaje a actores políticos de oposición a través de la Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia (UGSI).
La Secretaría Nacional de Comunicación descartó que miembros de esa Unidad se hubieran infiltrado en la Marcha por la Vida de marzo pasado, organizada por la Conaie. Sin embargo, Fernando Alvarado, vocero de Carondelet, admitió que dos policías sí estuvieron en esa manifestación, aunque negó que sean parte de la UGSI y que hayan tenido el objetivo de realizar un espionaje.
Según el funcionario, los policías retenidos por la dirigencia indígena durante la marcha son Edison Maurisaca y Santiago Pilco. Explicó que ambos estaban en la movilización brindando seguridad para evitar disturbios. Por eso, cuestionó que la cúpula de la Conaie los hubiera retenido al identificarlos como miembros de la Policía Nacional.
“No tenían ningún derecho de detener a policías que estaban cumpliendo su deber, retirarle su armamento y además sus celulares para ver sus comunicaciones. Eso también es un delito”.
Alvarado también negó que bajo el operativo Alianza Roja la UGSI haya recibido 14 presuntos pedidos de seguir y espiar a igual número de actores políticos de la oposición. Aclaró que esa operación tiene por propósito indagar sobre supuestos actos de corrupción. No obstante, se negó a brindar detalles, al señalar que ese operativo está en fase previa de indagación.
Por último, también rechazó las denuncias del legislador Galo Lara (PSP), de un supuesto manejo irregular de fondos especiales destinados a la seguridad.
Aquí no hay nada que ocultar, excepto proteger a los ciudadanos que manejan estas actividades delicadas, por su seguridad personal y las de su familia, como los ciudadanos que también ayudan a combatir el crimen organizado; labores de inteligencia, etcétera”, recalcó.
Este día, diario El Universo publicó una parte de un informe administrativo del Palacio de Carondelet, en que se señala que bajo el operativo Alianza Roja se pidió seguir a miembros de la oposición. De acuerdo con esa publicación, los seguimientos se habrían realizado en Quito, Guayaquil y Santo Domingo de los Tsáchilas.