15 de January de 2011 00:00

Solo un punto del acuerdo se aprobó

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Un solo punto se aprobó del acuerdo firmado entre el Ejecutivo, la bancada de Alianza País y la Confederación Nacional de Transporte Terrestre del Ecuador, para agilitar reformas a la Ley de Transporte Terrestre.

El texto se votó el jueves en la Asamblea y los días previos causó cuestionamientos, por el presunto entendimiento con los transportistas. Ese convenio fue firmado, entre otros por el legislador oficialista César Rodríguez; por las ministras de Transporte, María de los Ángeles Duarte, y de Coordinación Política, Doris Soliz, y por el presidente de los transportistas, Jorge Calderón.El punto aprobado se refiere al funcionamiento de los taxis ejecutivos, que son llamados ‘piratas’. El acuerdo fue incluido en una transitoria, la cual señala que: el proceso de legalización del servicio, que opera en las zonas urbanas, concluirá en el plazo improrrogable de 60 días, desde la vigencia de las reformas”.

En caso de no hacerlo, a partir del día siguiente del vencimiento de ese plazo, el conductor del vehículo que opere sin autorización perderá 10 puntos de su licencia; el automotor será retenido durante siete días y el propietario deberá pagar una multa de dos remuneraciones básicas unificadas, que ahora equivalen a USD 528.

La aprobación de esa transitoria fue celebrada por los dirigentes del taxismo de Pichincha, liderados por Jorge Calderón, quien, además, preside la Confederación Nacional de Transporte.

Pero, ayer causó las primeras protestas de los transportistas de Quito que se sienten perjudicados y no se descarta que las movilizaciones aumenten.

Los seis puntos que fueron desechados pretendían, por ejemplo, que el título de bachiller no sea considerado como un requisito para obtener la licencia de chofer profesional y evitar la sanción a las operadoras de transporte en casos de accidentes viales.Sobre este tema, la Asamblea endureció las sanciones contra las compañías que incumplieran la ley. Al pliego de sanciones, se añadió la suspensión de hasta 60 días del permiso de operación. Esto ocurrirá si alguna unidad tiene las llantas lisas o daños mecánicos previsibles o lleve exceso de pasajeros.

Esta disposición fue propuesta por el Ejecutivo, por intermedio de la Ministra de Transporte, tras el accidente del bus de la Cooperativa Reina del Camino, el pasado 24 de diciembre pasado.

La ministra Duarte admitió que participó activamente en el debate de estas reformas “para exigir que se ponga freno a la impunidad en los delitos y contravenciones de tránsito. Los jueces no han cumplido con su responsabilidad de sancionar a los infractores, lo que ha causado la acumulación de miles de citaciones”.Los ajustes al informe para segundo debate se hicieron en las reuniones del bloque oficialista, en las cuales pesaron los criterios de Virgilio Hernández y Fernando Cordero. Eso fue cuestionado por Rafael Dávila (A. Libertad) y Enrique Herrería (Madera de Guerrero), miembros de la mesa.

Herrería denunció que en la redacción del informe participaron asesores de Ricardo Antón, director de la Comisión de Tránsito.

Hernández cree que en la elaboración de una ley siempre existe una correlación de fuerzas, actores, intereses, momentos, determinaciones sociales...

“Esta reforma no es ideal, no se enfoca solo en la perspectiva ciudadana. Es útil para este momento, pero tendrá que ser revisada en cuatro o cinco años”, dijo Hernández, quien también es coordinador del bloque de País.

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