Alianza País lanzó en el juicio contra el ex jefe de la Escolta Legislativa, Rolando Tapia, el logotipo que marcará su protesta por los hechos del 30 de septiembre.
“30-S, nunca más”, enmarcado por las huellas de dos impactos de bala, es el logo preparado por el Ejecutivo. Esta iconografía estuvo, ayer, en hojas volantes, sellos y gigantografías que portaron unos 200 militantes del movimiento oficialista, hasta las afueras del Palacio de Justicia de Quito.
Ellos quisieron mostrar el poder de convocatoria que, la semana pasada, no tuvieron, cuando fueron superados en número por los familiares de los policías.
Desde las 08:00, ministros, asambleístas y simpatizantes de Alianza País (convocados desde las tenencias políticas, sindicatos , universitarios, entre otros sectores) colocaron parlantes portátiles para hacer escuchar su protesta. “Los golpistas no pasarán, con el pueblo se toparán”, gritaban.
Ese estribillo era contestado por los familiares de los policías acusados. “Esto no es pagado, esto es por amor”. En ese cruce de consignas y gritos empezó la audiencia contra el oficial y otros cinco miembros de la Policía.
Tapia, Marco Tibán (hermano de Lourdes Tibán, Pachakutik), Francisco Noboa , Patricio Simancas, Mario Flores y Carlos Tasinchana son acusados de la supuesta toma del Palacio Legislativo el 30 de septiembre. Por eso, afrontan un juicio por atentado en contra de la seguridad del Estado.
A las 08:30, el presidente del Tribunal de lo Penal, Renato Vásquez, inició la diligencia. Como lo había advertido esta ocasión, no esperaría a que todos los testigos estén presentes para seguir el juicio. Sin embargo, declaró a la audiencia como reservada. La decisión la tomó -dijo una funcionaria de la Corte- porque se tratarían asuntos de seguridad del Estado.
La medida también sirvió para desalojar a los simpatizantes de A. País y a los familiares de los policías de los bajos del Palacio de Justicia. El juez Vásquez ordenó que solo testigos y abogados permanecieran en el edificio.
[[OBJECT]]
Los testigos fueron llevados a la sala de audiencias para los juicios de Tránsito, ubicada en el segundo piso del inmueble. Desde allí esperarían su turno para ir a declarar. Está previsto que la audiencia dure dos semanas, ya que deberán comparecer 190 testigos tanto de la Fiscalía como de los abogados de los enjuiciados.
Los simpatizantes de Alianza País y los familiares de los policías salieron a la calle Piedrahíta y su cruce de gritos se incrementó.
Galo Mora, secretario de Alianza País, sostuvo “que el pueblo no permitirá que los hechos del 30-S queden en la impunidad”. Esa misma advertencia la hicieron los legisladores César Rodríguez y Alejandra Vicuña, quienes aseveraron que se debe sancionar a los policías responsables del “golpe”.
Para Yolanda Cortez, esposa del coronel Tapia, los mensajes y la convocatoria de personas fueron para presionar a los jueces. “Es claro que ese es su propósito”.
El Tribunal decidirá si los enjuiciados son responsables. Esto les podría acarrear una condena de hasta seis años en prisión.
A las 12:00, la mayoría de simpatizantes de País dejó la protesta. Ese momento, los familiares de los policías dijeron que “luego de cobrar se van”. En respuesta, los oficialistas subieron el volumen a una grabación de los insultos y amenazas que supuestamente hicieron los policías el 30-S.
Irina Cabezas declaró ayer
La vicepresidenta de la Asamblea, Irina Cabezas, acudió ayer a dar su testimonio en el juicio contra el coronel Rolando Tapia y cinco ex miembros de la Escolta Legislativa. Esa declaración es considerada clave dentro del proceso, porque Cabezas era presidenta encargada del Poder Legislativo, el pasado 30 de septiembre.
Por casi una hora (desde las 16:00 hasta las 16:50), Cabezas estuvo en el estrado. Los detalles de su testimonio no fueron públicos, porque el presidente del Tribunal Segundo de lo Penal de Pichincha, Renato Vásquez, declaró reservada la audiencia.
Sin embargo, la asambleísta aseguró que el 30 de septiembre pasado, los miembros de la Escolta Legislativa desobedecieron las leyes y atentaron contra la integridad de los legisladores, especialmente de Alianza País.
En cambio, para Víctor Hugo Cevallos, abogado del coronel Tapia, la sesión de la Asamblea no fue suspendida por los policías, sino por la legisladora Cabezas.
Por su parte, el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, respaldó las acusaciones de sus compañeros. Él nuevamente cuestionó al coronel Tapia, quien era Jefe de la Escolta Legislativa. “Les cerraron la puerta a los asambleístas, les golpearon, les lanzaron gases lacrimógenos y eso no puede quedar impune”.
En ese sentido, dijo que existen videos que comprueban los delitos que son imputados a los gendarmes. “El Ecuador estuvo a punto de perder la democracia y eso debe ser castigado”, sostuvo.
En cambio, la legisladora Lourdes Tibán (Pachakutik) dijo que hay que poner atención en este juicio, porque se intenta atentar contra los derechos de los policías. Uno de ellos, Marco, es su hermano.