29 de November de 2011 08:49

El Presidente jura que lo difaman

valore
Descrición
Indignado 0
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 0

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

‘A Juan Carlos Calderón y Christian Zurita no se los juzga por ser periodistas”, dijo el presidente Rafael Correa-. “Se los juzga por haber afirmado lo que no es cierto, por haber ofendido, calumniado, difamado... Si lo hubieran hecho un par de bomberos voluntarios tendrían la misma reacción”.

Lo afirmó con ironía. Para entonces se diluyó la sonrisa con la que se ubicó frente a los medios de comunicación, para una rueda de prensa que duró 15 minutos.

El Jefe de Estado dejó la sala de audiencias del Juzgado Quinto de lo Civil de Pichincha, en la av. 6 de Diciembre y Piedrahíta, en Quito, a las 17:09. A las 16:00 rindió su juramento deferido (versión juramentada) dentro de la demanda por USD 10 millones en contra de los autores del libro ‘El Gran Hermano’, que relata los contratos millonarios de su hermano Fabricio.

Al salir de la diligencia se acomodó en un salón de espera contiguo, sentado frente a una mesa, entre sus dos abogados: Alembert y Gutemberg Vera, padre e hijo de 29 y 56 años. Los dos lo defienden también en el caso contra diario El Universo.

Los ‘funcionarios’ de la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) habían preparado el lugar, para que brindara declaraciones a la prensa. La jueza Quinta de lo Civil, María Mercedes Portilla, no aceptó que la prensa cubriera el juramento. Solo las cámaras de medios oficiales pudieron acceder. Incluso, consultado por este Diario, el presidente Correa apuntó que la Secom podía entregar un video sin editar...

“Vengo para otro interrogatorio”. Palabras más o palabras menos, lo señaló Correa con una sonrisa, al ver a la prensa: diarios Expreso, El Universo, La Hora, EL COMERCIO, El Telégrafo, Pepe, además los canales Ecuavisa, Teleamazonas y más periodistas de radio, que se empujaban, incluso sin querer, por la falta de espacio.

[[OBJECT]]

Una línea, no imaginaria, sino creada por ocho sillas colocadas en línea recta, como barrera, separaban a la prensa privada y pública de la oficial: El Ciudadano y la Secom, que estaban literalmente del lado de Correa, en la sala. Ellos entraban y salían de la sala de audiencias, sin dificultad.

Un fotógrafo de El Ciudadano, respondió que no tomaba fotos a los periodistas, que solo medía la luz y preguntó: “¿Eres una de las ‘psicoseadas’? ¿Qué vamos a hacer con sus fotos?”. Pero no borró la toma. Otra de esas funcionarias le dijo a su compañero: “No están los abogados de los periodistas, solo los de nuestro lado”.

El presidente Correa repitió que: “Ya basta para tanta infamia, mentira, de auparse con manipulación de la libertad de expresión... Nadie puede defender la libertad para difamar, acompañada de impunidad para mentir, injuriar.... Solo por tener una imprenta...”.

Cuando Miriam Zambrano, de Teleamazonas, le consultó si demandaría a su hermano Fabricio, por decir que él conocía de sus contratos con el Estado, la expresión en el rostro de Correa se endureció. Y respondió que no le daba la gana. Que ya le había dicho que no y que querían hacerle pasar como que tiene una inmensa contradicción.

“Soy el afectado. Que quede claro, aquí no manda Fidel Egas (ex propietario de Teleamazonas). Aquí no tenemos patrones, como periodista sea más ética, no haga cualquier cosa por un mendrugo...”. Ella aseguró que era la primera vez que se lo preguntaba.

Para Ramiro Aguilar, abogado de los periodistas, el juramento del presidente Correa “no tiene valor”. “Se vuelve un artículo decorativo dentro del proceso. Aunque para ellos es una pieza gravitante. No han podido probar que hubo daño moral. No se trató de un acto procesal sino de algo político y proselitista”.

Aguilar sostiene que el proceso es nulo porque la Jueza no debió aceptar el juramento deferido. Entre otras cosas porque, dice, esta prueba solo es admisible si una de las partes demanda de la otra, que jure sobre una materia. “El Presidente se autopidió el juramento deferido”. A esto se suma que la Jueza no dio paso al recurso de hecho que interpuso la contraparte, para que el tema de la validez del juramento deferido sea resuelto por la Corte Provincial.

Los periodistas esperan que en unos dos meses en el Juzgado transcriban las entrevistas de varias horas de grabación de Fabricio Correa, entre otras, que presentaron como pruebas. Luego presentarán un alegato escrito y de no ser favorable la sentencia, interpondrán un recurso de apelación ante la Corte Provincial, luego irán a la Corte Nacional.

Procuraduría responde a la CIDH que no debe interferir

La Procuraduría rechazó el pedido  de medidas cautelares planteado por la defensa de los directivos de diario El Universo y el ex editorialista Emilio Palacio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el juicio planteado por el presidente Rafael Correa.

Con esta petición, se buscaba que la Comisión deje sin efecto la sentencia que pesa en contra de los hermanos Nicolás, Carlos y César Pérez; y de Emilio Palacio, por considerar que los jueces no habían actuado de forma independiente y que el monto de la indemnización era excesivo.

Ellos fueron condenados a tres años de prisión y al pago de USD 40 millones, por un artículo de opinión sobre los hechos del 30 de septiembre del 2010.

La CIDH consultó al Estado sobre la sentencia emitida y si existían antecedentes de multas similares en otros casos. Sin embargo, en la respuesta difundida ayer, la Procuraduría se limitó a explicar por qué no considera viable la aplicación de las medidas cautelares. “La petición es improcedente, ya que no cumple las condiciones de extrema gravedad, urgencia, irreparabilidad, inminencia, verosimilitud y temporalidad necesarias para el otorgamiento de medidas cautelares”, señaló.

Para Jorge Alvear, abogado de Emilio Palacio, este argumento no es válido  porque “el Estado no puede determinar si un caso es grave o urgente, porque solo la CIDH valora esa importancia”.

Además, la Procuraduría consideró que la Comisión no puede pronunciarse sobre las medidas cautelares, pues el proceso todavía está en análisis en la Corte Nacional de Justicia. “La naturaleza subsidiaria del Sistema Interamericano impide que la CIDH pueda pronunciarse en contra de procesos judiciales que aún se ventilan en el derecho interno.
En consecuencia, el otorgamiento de las medidas cautelares en este caso implicaría una intromisión manifiesta en la soberanía nacional”, respondió la Procuraduría.

Alvear considera que las medidas cautelares se aplican para prevenir daños y no se requiere que un proceso haya concluido. La defensa de los hermanos Pérez y de Palacio analiza enviar un escrito en el que comenten la respuesta del Estado. Luego de ello, la Comisión deberá resolver si se dictan o no las medidas cautelares.


Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (0)
No (0)