10 de August de 2010 00:00

El presidente Correa cierra el año más conflictivo de su gestión

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Redacción Política

En 12 meses hubo más sobresaltos que calma para el Gobierno. El primer año del segundo período de Rafael Correa, que se cumple hoy, estuvo marcado por una crisis energética, conflictos con sectores sociales y una presión evidente hacia la Asamblea.

Muchos de estos problemas fueron consecuencia de la forma en la que Correa concibe su gobierno.

El académico Luis Verdezoto señala que hay una dinámica de hacer política con base en la confrontación y el choque. “Cuando (Correa) se dedica solo a la confrontación difícilmente gestiona”. La consecuencia, para él, es un bajo nivel de eficiencia de su trabajo.

Este estilo de Gobierno confrontativo, de alguna manera, ha mantenido al Presidente en un alto nivel de popularidad en sus primeros meses de este segundo mandato. Un año después, las muestras de deterioro no parecen ser importantes.

La encuestadora de Santiago Pérez dice que la aceptación de la labor del Presidente descendió 5 puntos entre junio y julio pasados. Esto quiere decir que el segundo año de este mandato arranca con un 61% de aceptación popular. Una cifra alta, pues Correa está en el poder desde enero del 2007.

La encuestadora Cedatos, si bien arroja índices inferiores, hace una alta evaluación de este año de gestión: la aprobación al Presidentes es del 53%.

Esta firma resalta que para la ciudadanía lo positivo de la gestión de Correa ha sido la salud, la educación, la infraestructura vial y la atención a estratos populares.

Pero que afectan en su aprobación el enfrentamiento con la prensa y la oposición. También menciona el rechazo a la influencia presidencial en la Asamblea Nacional, tanto en la legislación como en la fiscalización.

Este Diario presenta un informe sobre los conflictos que protagonizó el Primer Mandatario durante el último año.

El año que rompió con la Conaie

En una reciente entrevista con Ecuadoradio, el ex presidente Osvaldo Hurtado dijo que en ningún otro gobierno los indígenas han sido tan ofendidos como en el actual. Rafael Correa tiene otra lectura: sus críticas, dice, son hacia la dirigencia de la Conaie, que no está a la altura de los desafíos del movimiento indígena.

Desde septiembre del 2009, Gobierno y Conaie viven una agria disputa que comenzó con fuertes movilizaciones en la Región Amazónica que, incluso, se cobraron la vida de un dirigente.

Tras un breve espacio de mesas de diálogo, volvió la ruptura en enero y, con ella, las críticas de Correa a la Conaie y Pachakutik.

Los indígenas volvieron a las calles en mayo, cuestionando al Gobierno por imponer su tesis en la Ley de Aguas y querer dividir al movimiento con la asignación de frecuencias de radios.

Los apagones regresaron

A inicios de noviembre, el Régimen debió decretar un cronograma de apagones a escala nacional.

La fuerte sequía del año pasado demostró el descuido que el Gobierno había tenido en el sector eléctrico de generación térmica.

Paute dejó de operar y mientras el presidente Correa culpaba a los gobiernos del pasado por la crisis, su ministro Esteban Albornoz se encomendaba a San Pedro antes de renunciar.

El fin de los apagones llegó después de las fiestas navideñas, una vez que el Estado destinara USD 245 millones para recuperar el parque térmico y comprar energía de Perú y Colombia.

Las lluvias también volvieron, con la esperanza de que el exceso de agua llenara por fin la presa de Mazar, postergada por casi 30 años. Esta esperada obra de infraestructura, sin embargo, opera a la mitad de su capacidad.

La puja con la prensa, más dura

La suspensión de Teleamazonas y Radio La Voz de Arutam, el 22 de diciembre del 2009, fue el punto más tenso en la relación entre el Gobierno y los medios.

Al iniciar su segundo mandato, Rafael Correa dijo que impulsará una ley que regule los supuestos excesos de la prensa y su injerencia como actor político.

El Presidente y su equipo legislativo empujaron la ley, pero se encontraron con un sinnúmero de críticas, sobre todo de los organismos internacionales.

Eso obligó a que el titular de la Asamblea, Fernando Cordero, armara un acuerdo con la oposición para rescatarla. Sin embargo, el diálogo se empañó tras el cierre temporal de Teleamazonas y Radio La Voz de Arutam.

Correa continúa con su idea de una ley que controle a la prensa y recurrió a una campaña ofensiva durante el Mundial.

Presión a A. País en la Asamblea

Durante las primeras semanas de marzo se tensaron las fuerzas dentro de Alianza País. El presidente Rafael Correa mostró cuánto pesa en su bancada. En el marco del pedido de juicio político al fiscal Washington Pesántez criticó a los cuatro asambleístas interpelantes, entre ellos Paco Velasco, y los desaprobó en público y privado.

El tema quedó en el “limbo jurídico”, según Fernando Cordero. La mano de Correa también se sintió en el tratamiento del proyecto de Ley de Aguas.

Hace poco, la propuesta de reforma a la Ley de Hidrocarburos pasó por el Ministerio de la Ley, tal como lo planteó el Presidente. La oposición acusa al Gobierno de intromisión en los procesos legislativos y en el poco interés que le da a los acuerdos parlamentarios que impulsa su bancada. Eso se notó en la ley universitaria.

La seguridad, sin resultados

La inseguridad ha desbordado a la política de Gobierno. La cara más lacerante de aquello es el sicariato. Esta modalidad de asesinatos a sueldo creció en el último año, de forma paralela al enraizamiento de otro tipo de delitos como el prestadiario, que también es una arista del narcotráfico. Cerca de 70 toneladas de droga fueron embargadas en el 2009, el doble que en el 2008.

La crisis judicial solo creció, con fiscales y policías que acusan a jueces de liberar a los sospechosos detenidos.

En ese marco, en julio, el relator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston (foto), reconoció los esfuerzos del Gobierno contra la inseguridad, pero cuestionó la impunidad: solo el 1,3% de crímenes es juzgado en el país. El Gobierno no ha gestado una política de seguridad que vaya más allá de su agenda .

Polémico manejo diplomático

El presidente Correa y su Gobierno mantienen una compleja relación con el sector diplomático. En enero, el canciller Fander Falconí renunció por los cuestionamientos al Equipo Negociador del proyecto Yasuní-ITT. Falconí y el Servicio Exterior eran parte de esta estructura.

En su reemplazo, Correa nombró a Ricardo Patiño. El nuevo Canciller se rodeó de colaboradores con un perfil político y dejó a los diplomáticos de carrera fuera de cargos estratégicos en la Cancillería, cuya Academia Diplomática agoniza.

Patiño generó molestias en la OEA, cuando su Embajador renunció por la presiones de Quito para evitar una reunión en la que Colombia iba a acusar a Venezuela. El Gobierno criticó a la OEA por la ruptura de esos países pero no logró que Unasur solucionara esta crisis bilateral.

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