17 de May de 2012 00:04

El prefecto de Cotopaxi apelará a su destitución

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El prefecto de Cotopaxi, César Umajinga, apelará una resolución administrativa emitida por la Contraloría General del Estado. La notificación le destituye del cargo y le obliga a pagar una multa de USD 5 280. El informe se emitió el 30 de abril de este año.

Sin embargo, Umajinga dijo que recibió oficialmente esa notificación ayer, a las 10:00. De acuerdo con la ley tiene 30 días parta presentar la apelación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

De acuerdo al informe, Umajinga habría expedido nombramientos sin cumplir con los procesos de concursos de merecimientos y oposición. También, de haber suscrito contratos de trabajo con parientes de los consejeros y de la propia autoridad nominadora. Entre otras.

Umajinga dijo que la resolución de la Contraloría se basa en una auditoría practicada entre el 1 de junio de 2007 y el 31 de diciembre de 2009.

Según el estudio de la Contraloría, el Prefecto no desvirtuó con sus argumentos ni con documentos los fundamentos de las desviaciones administrativas. El Prefecto de Cotopaxi respondió que no se tomaron en cuenta los documentos que justificaron sus actuaciones administrativas.

La Contraloría envió su resolución al Consejo Provincial de Cotopaxi, a fin de que se cumpliera con la sanción. Pero Umajinga señaló que hará conocer de esa decisión a la Cámara Provincial, aunque no dio fecha para el tratamiento del tema en el interior de ese organismo.

Umajinga señaló que aún le quedan varias instancias jurídicas antes de que se ratifique la resolución de la Contraloría. Anunció además la instauración de un proceso legal contra el asambleísta Fausto Cáceres (A. País), por presunto prevaricato.

El funcionario acusó a Cáceres de haber difundido la resolución de la Contraloría mucho antes de que él reciba la notificación. “Eso es prevaricato”.

Cáceres respondió que la resolución se difundió el 30 de abril del 2012. Según el Consejo Provincia de Cotopaxi debe acatar la decisión del organismo de control, “caso contrario los consejeros caerán en un desacato y podrán ser sancionados de acuerdo al Código Penal.

En septiembre de 2011, la Dirección Regional 9 de la Contraloría emitió otro informe. El escrito obliga a Umajinga a devolver USD 133 314. Ese el monto corresponde al sueldo con exceso que el Prefecto habría cobrado entre el 2007 2009.

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