El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no pudo integrar la comisión ciudadana de selección para escoger a los vocales de la Judicatura ayer. La presidenta del organismo, Marcela Miranda, convocó a un pleno extraordinario para realizar una nueva posesión de los delegados de las funciones del Estado que no asistieron al primer llamado, pero esta vez tampoco asistieron.
Al consejo llegaron cartas de los delegados de las funciones: Fausto Segovia, Libia Rivas, María Daniela Idrovo, Freddy Pavón, Carla Espinosa y de Juan Carlos Intriago, quienes se excusaron de no asistir a la posesión. Mientras que Wagner Mantilla, delegado de la Función Electoral, renunció a su cargo.
La explicación legal de todos coincidió en el antecedente de la consulta popular propuesta por el presidente Rafael Correa. En ella, se plantea sustituir el Pleno del Consejo de la Judicatura por una Comisión Técnica compuesta por tres delegados designados, uno por el Presidente de la República, uno por la Asamblea Nacional y uno por la Función de Transparencia y Control Social, para que durante un período de 18 meses asuma todas y cada una de las funciones del Consejo de la Judicatura y pueda reestructurar el sistema judicial.
Mantilla alegó que hay desorganización y que no está claro el trámite laboral para su desempeño como comisionados. Los delegados de las funciones también rusticaron su inasistencia en que no está claro el proceso para el pago de remuneraciones ya que un servidor público libre remoción no puede pedir licencia sin sueldo. Pero sorprendió que todos los delegados de las funciones del Estado, escogidos para la comisión que hará el concurso para designar al Fiscal General, sí se hayan posesionado, pese a que el Reglamento es el mismo que de la comisión de la Judicatura.
En eso se basó, el consejero Luis Pachala para asegurar que sorprende que las funciones del Estado se hayan puesto de acuerdo para boicotear el trabajo del Consejo. “Pensé que había independencia de las funciones, pero ya veo que no.. Me da pena”, afirmó.
Según el Reglamento de Conformación de las Comisiones Ciudadanas no hay otra opción. El concurso que debía realizar el Consejo de Participación para integrar el Consejo de la Judicatura queda diferido hasta que se puedan conformar las comisiones ciudadanas. Nancy Taris, quien fue elegida como comisionada ciudadana, se mostró molesta por la situación. “Están violentando nuestros derechos al no permitir que realicemos el concurso. Nosotros participamos en un concurso, eso se debe respetar”.
El consejero David Rosero asegura que se puede sancionar a los delegados que no asistieron a través de Se la Losep en su art. 24, literal c, que dice: “(Prohibiciones a las servidoras y servidores públicos) establece como una de las prohibiciones de los servidores públicos: Retardar o negar en forma injustificada el oportuno despacho de los asuntos o la prestación del servicio a que está obligado de acuerdo a las funciones de su cargo.
Para Rosero, “al no comparecer los delegados de las funciones del Estado a posesionarse como comisionados de la Comisión Ciudadana de Selección para la selección de los vocales del Consejo de la Judicatura, dichos funcionarios estarían incurriendo en esta prohibición, ya que ellos, fueron propuestos por parte de la función que pertenecen”. Mientras tanto, el consejo analiza aún la resolución que tomará respecto al impedimento para realizar la convocatoria para Judicatura.
La presidenta del organismo, Marcela Miranda, aseguró que convocará a una reunión a los representantes de las funciones del Estado para hablar sobre el polémico tema.
Sin embargo, la consejera Mónica Banegas recalca que la decisión la debe tomar el Consejo de Participación y que no debe incidir ninguna función del Estado. “No pueden decirnos si paralizamos o no el concurso, eso lo decidirá oficialmente el Pleno del Consejo”.