15 de March de 2011 00:00

Plantón en apoyo a Cervecería Nacional

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Unos 80 familiares de empleados y obreros de la Cervecería Nacional se concentraron ayer por la mañana en los exteriores de la Corte de Justicia de Guayaquil, en el centro de la urbe.

Esposas, madres, hermanos e hijos se citaron en el lugar con dos propósitos: rechazar la sentencia que obliga a la cervecera el pago de USD 90,9 millones a un grupo de ex empleados; y demandar la estabilidad laboral de los actuales empleados, que pudiera afectarse por el desembolso del dinero.Cervecería Nacional S. A. tiene un nómina de 1 780 empleados, en Guayaquil, Quito y sus distribuidoras en el país.

María Santacruz, esposa de uno de los guardias de seguridad de la cervecera, era la más consistente en sus reclamos. Blandía un cartel de tela blanca con una frase en grandes letras rojas: “sapo soy y con la plata me voy”. Con ello aludía al grupo de ex trabajadores que, por orden judicial, deberán ser resarcidos con el pago de USD 9 929 135 por utilidades impagas entre 1990 y el 2005.

“Queremos que dejen a nuestros maridos que trabajen en paz. Unos pocos sapos no podrán con los verdaderos empleados de la Cervecería”, gritaban los familiares al paso de los transeúntes.

Otro grupo de 400 manifestantes -según estimaciones de los organizadores del plantón- se citó ayer, también por la mañana, en los exteriores de la planta principal de la cervecera, ubicada en el Complejo Industrial Pascuales, en el kilómetro 16 de la vía a Daule (norte de la urbe ).

Santacruz dijo que teme por la estabilidad laboral de su esposo porque no sabe si el pago de las utilidades a los ex empleados implicará un recorte de personal en la empresa.

Por su lado, el representante de los trabajadores, Pedro Luna, se pronunció con más cautela. Se refirió a la situación de sus compañeros el jueves pasado, durante una rueda de prensa en la planta de la firma. “Realmente estamos muy preocupado por esta decisión (la sentencia). Es injusta, no entendemos que es lo que se pretende. Vamos a estar atentos, porque afecta a nuestras familias”. Sobre si habrá despidos, dijo desconocerlo. “No podemos asegurar que la situación de trabajo sea segura para nadie.

La III Sala de lo Penal de la Corte debía remitir hasta ayer al Juzgado XII de lo Civil el fallo por el que se obliga a la cervecera a realizar el millonario pago. El titular de la Sala, Robert Guevara, indicó ayer que Cervecería Nacional podría interponer recursos de ampliación y aclaración, como forma de “dilatar” la sentencia. “La sentencia se podría dilatar, pero como máximo tres días”, explicó.

El juez XII de lo Civil, Pedro Iriarte, confirmó ayer que la sentencia todavía no le había llegado. “Cuando la tenga me pronunciaré al respeto”, señaló escuetamente.

Iriarte deberá designar a un perito certificado de la Corte para que haga la determinación de los intereses que se deberán sumar al monto de las utilidades no canceladas.

Es precisamente la falta de una determinación de los intereses lo que critica la cervecera en sendos remitidos de prensa del sábado y domingo pasado. “”El fallo no solo pretende obligarnos al pago de USD 90,9 millones, también exige el pago de intereses sin que se haya designado el perito”.

La empresa no descarta elevar nuevamente su reclamo a la Corte Constitucional. Gonzalo Noboa, abogado de la cervecera, manifestó el jueves pasado que la empresa interpondrá las acciones “de las que se crea asistida”.

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