El colectivo Yasunidos necesitará más que un golpe de efecto mediático para reflotar su proyecto de consulta popular. No basta con que ‘Residente’, el vocalista de la controversial agrupación Calle 13, desafíe la invitación que le hizo el Gobierno para constatar el desastre que dejó Chevron y, así, lanzar un trino a favor del Yasuní.
Este colectivo tendrá que defender políticamente su maratónica recolección de firmas y, para ello, debe poner a prueba su capacidad de organización. Caso contrario, su causa quedará como una anécdota más en la agitada política ecuatoriana.
Era fácil suponer que el Consejo Nacional Electoral (CNE) iba a poner todos los recaudos posibles para que la verificación de las firmas que piden no explotar el Yasuní se convirtiera prácticamente en una tarea asfixiante. El presidente Rafael Correa envió mensajes sutiles que el Poder Electoral supo captar.
De allí que los remilgos que el colectivo puso desde el principio de la etapa de revisión, a esta tarea burocrática, terminó convirtiéndose en una estrategia contraproducente. El CNE argumentó una serie de procedimientos, trámites y requisitos que, gusten o no, debieron cumplirse al detalle. Pero Yasunidos los cuestionó todos. Así fracasó el principal objetivo que tenía la agrupación: estar presente en la verificación de los formularios y de las firmas.
El CNE se quedó en el excomisariato del Ejército a cargo del proceso solamente con el acompañamiento de observadores internacionales que, como ya se sabe, tiene muy poca trascendencia.
El plan B anunciado por los Yasunidos no es alentador: recurrir a las instancias internacionales para denunciar el papel del CNE en la tarea de validación de las firmas.
Si el pedido de consulta se diluye en manos del CNE, se habrá sentado un lamentable precedente para la participación de la ciudadanía en temas cruciales. Quizás la tarea de Yasunidos no solo era conseguir firmas, sino articular una conciencia movilizada.