El movimiento indígena cumple 20 años de su gran levantamiento bajo el escrutinio nacional. El debate sobre la aplicación de penas al margen de la justicia común o la denuncia sobre corrupción en el uso de fondos, no hacen sino ratificar que su papel político y social vuelve a estar bajo la lupa como tantas veces desde ese 4 de junio de 1990, que los convirtió en interlocutores políticos válidos.
Teóricos afines al movimiento ven en el archivo de la Ley de Aguas un hito en torno a la definición de un nuevo modelo nacional. Y dado que la derecha no es un antagonista válido para el proyecto correísta, los llamados a disputar la definición de tal modelo serían los indígenas, junto a obreros y ambientalistas.
En el otro lado están quienes consideran que el movimiento indígena no es sino un movimiento social más, pues el etnocentrismo de su dirigencia y la pretensión de crear espacios y sistemas paralelos le impidieron levantar una propuesta aceptable para el resto de ecuatorianos.
De hecho, donde más se ha enredado el movimiento es cuando ha entrado a compartir espacios de poder. La situación no parece ser muy distinta a la que atravesaron cuando otros gobiernos les dieron la espalda. De ahí a cumplir un papel vital hay un trecho que pareciera obedecer más a los deseos que a la realidad. ¿Perdedores o triunfadores?