El oficialista Jaime Abril, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, dio ayer una señal: la votación en segundo debate de la Ley de Aguas no puede pasar de esta semana.
En su corta declaración a la prensa volvió a afirmar lo mismo que dijo antes de que las posiciones se entramparan el martes. Es decir, cuando se inició el segundo debate y los indígenas bloquearon la Asamblea.Abril repitió que los dirigentes indígenas se “empeñan en que la rectoría sea de ellos, a través del Consejo Plurinacional del Agua. No han entendido que eso le corresponde al Jefe de Estado”.
Es decir que la llamada comisión técnica, formada el miércoles, con el apoyo del presidente Fernando Cordero, para destrabar los nudos críticos, no ha arrojado acuerdos en el principal punto de la discordia.
Los dirigentes de la Conaie, Fenocin y Feine, que la integran y cuyos asesores trabajaron el fin de semana, con Abril a la cabeza, no han logrado persuadirlo de que el Consejo Plurinacional sea la instancia que tenga la rectoría de la Autoridad Única del Agua.
Lourdes Tibán (Pachakutik) defiende esa postura. Para ello recurre al art. 95 de la Constitución, que indica que los ciudadanos participarán de modo protagónico en la toma de decisiones.
Marco Murillo (Alianza Libertad) señala que este Consejo debería estar integrado por los regantes y también por los empresarios. Además del delegado del Presidente de la República y de los gobiernos seccionales.
Según Murillo, entre los puntos de consenso están: la participación de municipios y prefecturas, de los comités de agua, las juntas de regantes. Y la delegación provincial en el manejo de las ocho cuencas hídricas. Un ejemplo es la del río Guayas.
Con el acuerdo que sugieren los indígenas se lograría que el sistema no se maneje solo en Guayaquil, porque el agua del Chimborazo va al río.
Pero en el tema fuerte, es decir quién dirigirá la Autoridad Única, no hay consenso. El socialista Pedro de la Cruz refleja una posición intermedia. Propone afinar las competencias del Consejo y de la Secretaría Nacional del Agua. El primero debiera ser un ente legislativo, que defina las políticas, y el segundo, operativo.
Sin embargo, le preocupa que no se recojan las diferentes opiniones y debido a ello no contar con los 63 votos, para aprobar la Ley.
Eso sería lo mejor para quienes quieren que no salga la normativa. Murillo no entiende por qué Abril no cede. Alega que el término rectoría viene de rector, como los que lideran las universidades. Recuerda que en esos centros hay un consejo, que reúne a estudiantes, docentes, profesores. Ese ente toma las decisiones.
La posición en A. País no es clara. El bloque debía reunirse a las 18:00 para discutir el código de gestión política o ética (reglamento interno). Además de la coyuntura política, que incluirá la postura en la Ley de Aguas y el bloqueo en las vías de Sierra Centro y Norte del país.
Alfredo Ortiz descartó que los siete miembros de ADE faciliten los votos a los oficialistas.
“Al Consejo Plurinacional se le debe dar la potestad de tener la rectoría, incluso con un titular nombrado por el Ejecutivo”.