24 de April de 2012 15:32

Oposición y periodistas manifestaron su temor por posible censura en ley electoral

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La Corte Constitucional de Ecuador escuchó hoy el temor de sectores de la oposición y la prensa a que se instaure la censura previa durante la cobertura electoral mediante una ley impulsada por el presidente Rafael Correa, quien dice que con ello busca evitar la manipulación política de los medios.

La audiencia, que duró más de cuatro horas, tuvo lugar después de que el mes pasado el propio tribunal pusiese en vigor unas medidas de protección que frenaron la aplicación del denominado Código de la Democracia, que contiene nuevas regulaciones a la prensa en periodos electorales.

Esa decisión la adoptó tras admitir cinco demandas de inconstitucionalidad presentadas por asociaciones de prensa y grupos políticos de oposición.

Los grupos demandantes coincidieron en la audiencia en que esa cláusula viola la libertad de expresión e impide a la ciudadanía tener suficiente información para tomar decisiones adecuadas al momento de sufragar.

La diligencia comenzó con la intervención del presidente de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), Vicente Ordóñez, quien explicó que esta reforma al Código de la Democracia tiene como propósito restringir el ejercicio periodístico. “Es la antesala de la censura electoral”. Además, según dijo, supone una "censura previa prohibida en la Constitución".

Según él, la norma afectará a fin de cuentas a los ciudadanos y "la gran perdedora es la democracia".

En su disertación estuvo acompañado de su abogado, Santiago Guarderas quien, entre otras cosas, explicó que el veto del Presidente es ilegal porque incluyó temas que no estaban aprobados en la reforma.

Tres fuerzas políticas también se pronunciaron esta mañana en la Corte Constitucional: Ciro Guzmán y Luis Villacís, por parte del MPD, cuestionando el método D’hondt y las flexibilidades para la participación de los funcionarios públicos en campaña.

Sus argumentos fueron reforzados con la intervención de Paco Moncayo, asambleísta por Alianza Libertad, y Vicente Taiano, del Prian.

El primero argumentó que en la Asamblea se cumplieron con los procesos legislativos y que el Mandatario cumplió con sus atribuciones de colegislador.

Del mismo modo, Vicente Taiano opinó que la cláusula "coarta la posibilidad de que los candidatos se den a conocer en los medios de comunicación social, porque resulta que está prohibido hacer reportajes y entrevistas".

La nueva ley también permite durante la campaña electoral la promoción de proyectos públicos en ejecución y cuando se requiera informar de "temas de importancia nacional", como campañas de salud, seguridad "u otras de naturaleza similar", mientras que anteriormente ese tipo de publicidad oficial estaba prohibida.

Para Ciro Guzmán, miembro del Movimiento Popular Democrático (MPD), otro de los demandantes, ello dejaría abierta una puerta a hacer publicidad de cariz político por parte del Gobierno.

"¿Quién va a calificar cuál de estos programas son de importancia nacional, de interés general de la sociedad?", se preguntó.

Gobierno defendió Código a la Democracia

En cambio, Vicente Peralta, Subsecretario Jurídico de la Presidencia, aseguró que en Ecuador hay "plena libertad de pensamiento, expresión".

El funcionario de la Presidencia dijo que Carondelet cumplió con su veto respetando tiempos y procesos. Defendió la pertinencia del método D’Hondt por ser, a su criterio, proporcional.

Además, negó que al amparo del Código no se podrán hacer reportajes o entrevistas durante la cobertura electoral y aseguró que está garantizada la libertad de opinión siempre y cuando no se tienda a favorecer a candidato alguno.

"Lo único que hemos pretendido hacer con esto es poner una regulación a la incidencia perniciosa de los medios de comunicación transformados en actores políticos y que aprovechando su condición de tales tratan de influenciar a los ciudadanos en el voto libre", dijo.

Puntos polémicos

La reforma en su conjunto dispuso que: los medios de comunicación no podrán publicar reportajes o especiales durante la campaña que, supuestamente, incidan sobre un candidato. También escoge el método D’hondt para distribuir escaños en la Asamblea. Este sistema matemático tiende a dar preferencia a los partidos mayoritarios por encima de las minorías políticas.

Finalmente, el documento vetado por el Gobierno, genera normas ambiguas para los funcionarios públicos que buscan una reelección: no es necesario presentar su renuncia al cargo, al tiempo que no quedan claros los mecanismos de control para el uso de recursos públicos durante la campaña política.

El oficialismo ha tratado de bajar el perfil de esta audiencia, al enviar únicamente a los abogados representantes tanto del Gobierno como de la Asamblea Nacional. Por parte de la Corte Constitucional, únicamente está el juez Alfonso Luz Yunes, quien es el encargado de presentar el informe sobre el cual el pleno de la Corte deberá pronunciarse.

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