El debate por la Ley de Comunicación nuevamente vuelve al escenario político. Ayer, los jefes de bloque de ocho agrupaciones de oposición se reunieron para analizar el estado del proyecto legal y recordar la vigencia del acuerdo ético-político que firmaron todas las bancadas en diciembre del 2009.
Por más de una hora, los legisladores plantearon la necesidad de retomar el debate legislativo lo más pronto posible. Pues uno de sus temores es que el Ejecutivo incluya temas de la ley en la consulta popular que anunció.
El proyecto, según el oficialismo, está a la espera de su segundo debate para que sea aprobado por el Pleno del Legislativo. Pero la oposición asegura que el texto debe regresar a la Comisión ocasional de Comunicación.
La oposición cuestiona que se violaron los plazos para el trabajo de la mesa legislativa, en junio del año pasado. La Comisión tenía hasta ese mes para redactar el informe para segundo debate.
Cuando faltaban dos días, para que concluyera el tiempo establecido, hubo una fricción en el bloque de Alianza País, y la titular de la mesa, Betty Carrillo, renunció. En su lugar asumió Mauro Andino, quien pidió una semana más de plazo para entregar el texto.
Este hecho generó la polémica, pues esa nueva prórroga fue dada por Rolando Panchana, miembro de la Comisión y Vicepresidente de la Asamblea.
Según Fausto Cobo, este hecho fue ilegal, pues Panchana duplicó sus funciones. Por ello, pide que se retome el debate en la mesa, en el momento en que Betty Carrillo presidía el ente ocasional.
La idea de la oposición es que se debata un nuevo articulado que se basa en el acuerdo ético-político. El documento, que tiene 29 páginas, fue redactado por cuatro asambleístas de la mesa: Lourdes Tibán (Pachakutik), César Montúfar (Concertación Democrática), Fausto Cobo (PSP) y Jimmy Pinoargote (independiente).
En el texto se establece la creación de un Consejo de Comunicación que se integre con cinco o seis representantes, pero todos de la ciudadanía.
Esto, según Montúfar, permitirá evitar que el organismo se politice y además cumple con el acuerdo firmado por todos los bloques.
Además, este organismo no tendrá facultades punitivas, solamente se encargará de vigilar la ejecución de la ley, definir las categorías de los programas de televisión y su audiencia, entre otros.
Asimismo, se cambiaron las sanciones para los medios que violen las disposiciones. Ahora se propone imponer multas que van de dos a ocho remuneraciones básicas unificadas (USD 264).
Otro de los temas que se incluyó en el documento es la despenalización de los delitos de opinión. “Es una tendencia a escala mundial y nosotros tenemos que avanzar hacia ello”, dijo Montúfar.
También, se planteó establecer mecanismos para evitar los monopolios mediáticos y además facilitar la participación ciudadana y la inclusión social.
Todos estos temas ahora se presentarán al titular de la Asamblea, Fernando Cordero, para que convoque a una reunión de bloques. “Este es el momento de ver quién se quiere bajar de la camioneta del acuerdo”, cuestionó Marco Murillo (Alianza Libertad).
Para ello, se conformó una comisión multipartidista, integrada por los cuatro miembros de la mesa de Comunicación (Tibán, Cobo, Montúfar y Pinoargote) y Paco Moncayo (Alianza Libertad).
“Vamos a hablar con el Presidente de la Asamblea de inmediato”, dijo Moncayo.