2 de November de 2011 00:01

No habrá comisión de la Unasur para investigar los hechos del 30-S

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El presidente Rafael Correa anunció ayer que la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) no investigará la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010.

Esta decisión, según informó el Jefe de Estado en un conversatorio con los medios de comunicación en Guayaquil, fue tomada porque los hechos del 30-S están “extremadamente claros”.

La solicitud fue enviada por el Gobierno ecuatoriano a Unasur en días pasados, ante la presión de los grupos de oposición y los familiares de las víctimas de la revuelta policial, que pedían transparencia e independencia en la investigación del caso.

Pero en la V Reunión de Jefes de Estado, realizada en Asunción, Paraguay, el sábado pasado, se conversó con las autoridades de los países miembros del bloque regional sobre el tema. Sin embargo, ayer, la secretaria del organismo, María Emma Mejía, envió una carta a Correa en la cual se señaló que las Naciones Suramericanas “decidieron responder a esta solicitud ratificándose en el contenido de la declaración que suscribieron nuestros mandatarios el 1 de octubre del 2010, en Buenos Aires. (...) En consecuencia, sobre la propuesta de conformación de una comisión de investigación, los presidentes recordaron que hace un año se pronunciaron claramente (...)”, señala la carta de Unasur enviada al Gobierno ecuatoriano.

Incluso, en el punto 6 de la declaración final de la cita de la Unasur se señaló: “Al cumplirse un año de los hechos ocurridos el 30 de septiembre del 2010 en la República del Ecuador, (los presidentes de Unasur) reafirman su condena enérgica al intento de golpe de Estado y el posterior secuestro del presidente Rafael Correa Delgado”.

Por ello, para el Jefe de Estado está claro que su tesis prevalece y en el Ecuador hubo un intento de golpe de Estado. “Solo la prensa mala fe y una oposición, que puede negar lo innegable, trata de poner en duda lo que pasó el 30 de septiembre”, afirmó Correa.

Sin embargo, en días pasados, Mejía aseguró que esta actuaría como “una especie de comisión de la verdad que pudiera conocer los hechos, una vez levantadas las reservas (de los documentos)” en el país. “Lo importante es determinarse con la mayor transparencia, los sucesos de aquel fatídico día en la historia del Ecuador”, señaló la Secretaria.

Esta decisión no resultó sor-presiva para algunos analistas. Adrián Bonilla, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) señaló que la postura política de la Unasur ya fue expresada muy claramente con anterioridad, por lo que se preveía que era muy difícil que pueda cambiar ahora, con la creación de una comisión.

Asimismo, el asambleísta César Montúfar (Concertación) está convencido de que el organismo regional nunca iba a realizar una investigación “con total independencia y ajena a manoseos políticos”, según lo que ofreció el Primer Mandatario el 14 de octubre pasado.

El asambleísta Paco Moncayo tampoco cree que la postura de Unasur ya estuvo clara desde el 1 de octubre del 2010. “Los gobiernos del bloque ya se pronunciaron y no pueden dar paso atrás con el montaje que hizo el Gobierno ecuatoriano”.

Por ello, la opción para conocer los tras bastidores de la insubordinación podría ser las Naciones Unidas. A este organismo todavía no se le ha presentado una solicitud oficial para que realice una indagación. La oposición mira en ella la única alternativa para transparentar lo que sucedió.

A inicios del mes pasado, un grupo de asambleístas de oposición ya solicitó a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que realice la investigación.

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