18 de September de 2012 00:01

Miranda santificó un proceso débil de participación ciudadana

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Luego de dos años y medio, Marcela Miranda concluye su período como Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). El 20 de septiembre, ella será reemplazada por un vocal hombre en la cabeza del organismo, hasta completar los cinco años de funciones, según lo que establece la Constitución.

En marzo del 2010, Miranda fue posesionada como titular del Consejo, cabeza de la flamante Función de Transparencia. Su designación estuvo llena de reparos por su cercanía al actual canciller Ricardo Patiño, lo que para la oposición ponía en duda la independencia de este naciente poder.

Bajo el mandato de Miranda, y por orden de la nueva Constitución de Montecristi, el Consejo debía dar vida a las nuevas instituciones que se perfilaron para el Estado, a partir del 2008. Entre sus funciones estaban la elección de las nuevas autoridades, avanzar con el combate a la corrupción y lograr niveles de transparencia en la gestión pública. Pero el balance general no es positivo.

Concursos estratégicos

El Cpccs realizó la selección de las autoridades de los organismos de control del Estado: el Fiscal General, el Contralor, los vocales de la Función Electoral, el Procurador, los superintendentes. Está pendiente, además, nombrar a los nuevos vocales de la Corte Constitucional.

Estos concursos han sido cuestionados por distintos sectores -y de forma reiterada- por la cercanía con el Gobierno de quienes resultaron ganadores. Miranda ha salido al paso de estas críticas señalando que son las comisiones de selección las que han llevado adelante los procesos de designación de las autoridades. A estas comisiones ciudadanas no obstante, las eligió el Cpccs. Miranda, junto a los consejeros Mónica Banegas, Tatiana Ordeñana y Fernando Cedeño (vicepresidente del Consejo), han conformado un bloque de mayoría afín al Gobierno que logró imponerse en todos los temas polémicos.

Según Diógenes Díaz, ex concursante para Contralor General, los miembros de la comisión seleccionadora mostraron poca capacitación. Se eliminó“sin consideración a 30 expertos en el campo de la auditoría. Estos fueron removidos del concurso de méritos sin miramientos, aduciendo que no había sido entregado un documento”.

Control a la corrupción

Los cuestionamientos a la gestión de Miranda también aparecieron por los pocos resultados en la lucha contra la corrupción y en la transparencia en la gestión.

La Dirección Nacional de Investigación del Consejo ha tramitado 211 denuncias recibidas entre el 2011 y marzo del 2012. De ellas, 102 no fueron admitidas y 46 se archivaron. Aún no se ha resuelto ninguna causa.

Además, el Cpccs heredó los expedientes que tenían la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) y la Secretaría Nacional Anticorrupción (SNA). De 407 causas de estas entidades, el Consejo de Participación Ciudadana aprobó 89 expedientes.

Pero su trabajo en este aspecto no se ha acercado al que hacía la CCCC. En 11 años de trabajo (1997-2008), la ex Comisión Anticorrupción despachó 4 600 procesos. De ellos 600 tuvieron indicios penales, entre los que estaban los supuestos peculados de banqueros y del ex presidente Jamil Mahuad, por la crisis financiera de 1999. Algunos de los casos terminaron en sentencias.

Ahora, la Dirección de Investigación del Consejo trabaja con muchas restricciones y limitaciones. Su ex directora, Lucy Blacio es hoy jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). El vacío numérico que dejó en la Dirección no ha sido saldado. Actualmente existen siete investigadores, de ellos cuatro están en Quito y tres en Guayaquil. Este grupo tiene que asumir los cientos de denuncias que se reciben cada mes.

Como parte de la lucha anticorrupción, el Consejo es el encargado de hacer que las autoridades rindan cuentas de sus acciones y así se garantice la transparencia. Sin embargo, entre el 2011 y marzo pasado, apenas 242 autoridades estatales, de 1 223, entregaron sus reportes. Entre los legisladores que no han entregado su rendición de cuentas, según datos del Cpccs, está el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero. Solo consta su rendición de cuentas del 2010.

Pese a este evidente incumplimiento, el Consejo no ha pedido a la Contraloría indagar a las autoridades que no han justificado su trabajo realizado, a pesar de ser obligación legal. Esta falta de acción ha originado que se reduzca la credibilidad del organismo.

Participación ciudadana

Desde hace dos años y medio se han constituido 269 veedurías para vigilar proyectos y procesos públicos en distintas áreas. Pero solo 28 entregaron sus informes.

Una de ellas, la conformada para vigilar el proceso de selección del Fiscal, determinó“inconsistencias detectadas, soportadas con documentos” en el concurso. Karina Guerrero, presidenta del grupo ciudadano para dar seguimiento a este concurso, dijo que varias de sus quejas fueron desestimadas. “Las pocas acogidas se dieron por presión, al ser públicos y notorios los errores y omisiones incurridos”, dijo en su informe.

Estos hechos han repercutido en una reducción de la participación ciudadana por la falta de respaldo del Consejo, según denunciaron algunos veedores.

Un ejemplo es el caso de Pablo Chambers, José Quishpe, Víctor Hidalgo y Gerardo Portillo, quienes indagaron los contratos que Fabricio Correa, hermano del Presidente, firmó con el Estado.

Su veeduría se conformó por pedido del Mandatario y ahora los enjuició por supuesto falso testimonio y perjurio, por el informe entregado. Incluso, la mayoría del Cpccs, liderada por Miranda, se opuso a que se promulgue en la Asamblea una ley que les otorgue inmunidad a los veedores, por el ejercicio de sus funciones.

A estas críticas se suman los continuos señalamientos por su cercanía con el Régimen. En mayo pasado, ella asistió al festejo del cumpleaños del canciller Patiño, que se realizó en Quito.

Pero ella siempre ha preferido no responder estos señalamientos y se ha limitado a decir que en sus funciones es independiente.

El 20 de septiembre se designará a las nuevas autoridades. El más opcionado es Fernando Cedeño, actual vicepresidente, porque es el único hombre que forma parte de la mayoría afín al Régimen en el Consejo.

Las autoridades de 11 organismos de control elegidas por el Consejo y cuestionadas por su cercanía al actual  Gobierno

Pedro Solines Superintend.   de Bancos,  electo de una   terna del  Ejecutivo.

Suad Manssur Superintend. de Compañías. Lideró la terna del Ejecutivo.

Fabián Jaramillo Superintend. de  Telecomunicaciones. Cercano al  Presidente.

Diego García Fue reelegido  Procurador General, con el respaldo del Régimen.

Galo Chiriboga El actual Fiscal fue Ministro y Embajador de R. Correa.

María Castro Ll. Dirige el actual Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Domingo Paredes Lidera    el CNE. Fue Secretario del Agua del  Régimen.

Ramiro Rivadeneira Defensor del Pueblo. Trabajó junto a Gustavo Jalkh.

Ernesto Pazmiño Fue reelegido Defensor  Público. Cercano al Gobierno.

Carlos Pólit Reelecto en la Contraloría. Ya estuvo en la transición.

Pedro Páez  Es Superintendente   de Poder de Control del  Mercado.


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