12 de October de 2012 00:03

7 millones de firmas irán a la Fiscalía

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) entregará a la Fiscalía 7 041 918 firmas “dudosas”. Este organismo será el encargado de determinar si estas rúbricas fueron falsificadas y quiénes lo hicieron.

Estas firmas forman parte de las 11 555 349 adhesiones y afiliaciones que presentaron 156 organizaciones políticas en todo el país, a fin de inscribirse para las próximas elecciones.

En términos absolutos, esta cifra es similar a casi todas las personas mayores de 16 años que habitan en el Ecuador. La razón: el padrón electoral del 2011, para la consulta popular, fue de unos 11 363 381 ciudadanos, que estaban habilitados para votar.

Pero luego de la revisión de las rúbricas, el CNE determinó que apenas el 39% de las rúbricas era válido, lo que permitió a 75 movimientos nacionales, provinciales y cantonales ser aprobados para los comicios del 2013.

Según el titular del CNE, Domingo Paredes, este fue un proceso técnico que permitió transparentar el respaldo real de la ciudadanía a las distintas organizaciones políticas.

La verificación se inició el 30 de agosto, luego de varios intentos fallidos, por la denuncia de miles de ciudadanos que aparecían como militantes de algún partido o movimiento, sin que ellos jamás hubieran aceptado serlo.

El CNE contrató el 23 de agosto pasado a la firma Controles, por USD 1,9 millones, para que desarrollara el ‘software’ para la revisión de las rúbricas. La verificación de las firmas duró un mes, aunque sus resultados no fueron aceptados por todos.

El proceso de revisión tenía tres partes. La primera, que era la indexación de los formularios de inscripción de cada agrupación. Luego se hacía una revisión visual y finalmente pasaban al perito grafológico para que este hiciera una verificación morfológica y estructural, mas no un peritaje

En la indexación, los 1700 digitadores contratados para este tema se encargaban de buscar las imágenes de la firma que correspondía a un número de cédula, en las bases de datos del Registro Civil, de los padrones electorales del 2009 y del 2011. Pero además, se tomaron los datos de Cancillería y del Banco de Fomento.

Los archivos digitales del Registro Civil no superaban el 30%, que son los de las personas que tienen la nueva cédula.

Según explicó una fuente del CNE, que pidió la reserva, en esta etapa del proceso se dieron algunas equivocaciones por parte de los digitadores, que ingresaban un número errado de cédula, lo que originaba que aparecieran las imágenes de la firma de otra persona; o simplemente se asegure que ese ciudadano no existía o no había firmado nunca.

“El problema fue que cuando se cortaba la imagen de la firma del formulario se lo hacía mal y aparecía en blanco o simplemente metían mal los números de cédula o nombres de las fichas”, explicó el funcionario del Consejo.

Esto sucedió en algunas organizaciones políticas como SUMA. Según explicó, Mauricio Rodas, presidente nacional del movimiento, el CNE les anuló más de 6 300 firmas que sí eran válidas. Esto hizo que la agrupación no pudiera inscribirse para las próximas elecciones. SUMA obtuvo 156 628 firmas de respaldo, le faltaron 1 319 para inscribirse.

“Le pedimos al CNE que nos entregue los respaldos de la verificación de SUMA. Allí se aseguraba, por ejemplo, que un número de cédula de uno de nuestros adherentes estaba incompleto. Pero íbamos al formulario y constatábamos que sí estaba completo y era real”, señaló Rodas.

Por ello, pidieron una nueva verificación de las firmas que fueron mal procesadas. Pero no obtuvieron respuesta. Ahora el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) deberá resolver su caso.

Sin embargo, este no fue el único problema de la verificación. A pesar de que más de 100 000 ciudadanos denunciaron que fueron adheridos a un movimiento sin su consentimiento, los registros de esas personas todavía aparecen y fueron aceptados como válidos en las organizaciones políticas.

Así lo denunció Alfonso Harb, ex diputado del Partido Social Cristiano (PSC). Él contó que su firma no aparecía en el movimiento provincial que él formó. Como este hay miles de casos, que aún no han sido eliminados.

Hace dos semanas, la Fiscalía pidió al Consejo que dé de baja la base de datos en donde aparecían quienes presentaron sus denuncias. El CNE aún no lo ha hecho.

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El caso de la falsificación

En marzo pasado tomó fuerza el proceso de reinscripción ante el CNE, por parte de las fuerzas políticas. Casi todas las agrupaciones que entregaron sus fichas de adhesión pasaron el filtro.

El sistema informático anterior escaneaba los formularios y los comparaba con la base de datos del CNE. Si la firma de una ficha se parecía en un 40% a la de la base de datos, se aceptaba el registro como válido.

Pero la mañana del viernes 27 de julio, los ciudadanos empezaron a alertar mediante las redes sociales sobre una aparente falsificación de sus firmas. El CNE habilitó en su web un espacio para que los ciudadanos pudieran acceder a su información política solo con ingresar su número de cédula. Miles de personas empezaron a denunciar que aparecían como simpatizantes de organizaciones políticas a las cuales no habían proporcionado su firma.

La gente acudió hasta la Fiscalía y el CNE para poner la denuncia y para solicitar su desafiliación. Pero ninguno de los supuestos perjudicados pudo comprobar si las rúbricas que aparecían en los registros de las organizaciones políticas fueron adulteradas.

La Fiscalía recibió en casi dos meses más de 100 000 denuncias de adhesiones falsas.

Desde entonces, se inició la indagación previa por tres delitos: falsificación de firmas, uso doloso de documentos públicos y por un delito informático.

El 14 de agosto se detuvo a cinco personas supuestamente involucradas en el delito de uso doloso de documentos públicos (robo de la base de datos del CNE). Entre ellas estaba un funcionario del Consejo, Fabián C. Él, según las investigaciones de la Fiscalía, se habría robado el padrón electoral del 2009 del CNE. Junto a él se detuvo a Ángel B., ex empleado del Tribunal Electoral en Guayas, y Fernando M., representante de la empresa Datalexa, quien supuestamente era el encargado de hacer los contratos con las organizaciones políticas.

Están presos en el Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil. Pero en la investigación también se detuvo a Edwin J. (49 años) y Celeste C. (33), quienes son testigos protegidos y deben presentarse cada 15 días ante el Juzgado.

Ellos aseguraron que fueron contratados para falsificar las firmas, Edwin J. identificó a Fernando M. como “intermediario de Fabricio Correa (hermano del Presidente)”, en su declaración del 10 de agosto pasado. Según el documento, Correa había comprado una base de datos del CNE.

De su lado, Celeste C. explicó en su declaración que, durante el proceso, “pasábamos la información de número de cédulas, nombres y apellidos desde una hoja, nos entregaban esas hojas, copiábamos las hojas y varias mujeres falsificábamos las firmas ”.

Correa negó que él contratara la falsificación de las firmas y aseguró que todo esto se trata de una persecución para evitar que participe en los comicios de febrero. Su movimiento, Equipo, no pasó la revisión de firmas, apenas fueron validadas 89 502 rúbricas.

El 9 de noviembre próximo, a las 10:00, se realizará la audiencia de apelación de la prisión preventiva de Ángel B., Fabián C. y Fernando M.

La defensa de este último solicitó que se remitieran los formularios de adhesiones que hayan entregado Celeste C. y Edwin J. al CNE. Además de las versiones de Correa, Lucio Gutiérrez, León Roldós y de Lourdes Tibán.

Falta seguridades

Enrique Mafla, catedrático y consultor en informática, explicó que el software de la verificación adolecía de inseguridades.

Según él, podía ser manipulado libremente, porque no se había realizado una auditoría al sistema.

Con su criterio coincidió el perito de la Fiscalía Javier León. En su reporte se asegura que el sistema puede ser violado desde fuera pero también desde adentro del CNE.

Domingo Paredes  dijo que el organismo reconocía su corresponsabilidad en este tema.

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