4 de February de 2012 00:01

6 meses en los cuales A. País y la oposición neutralizaron al Pleno

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Con el receso legislativo, que se extenderá hasta el 21 de febrero, se cierra el período más conflictivo de la Asamblea Nacional, en funciones desde agosto del 2009.

Alianza País se quedó sin la posibilidad de mantener una mayoría de largo plazo que garantice una agenda parlamentaria básica. La oposición, que si bien tuvo varias oportunidades para tomar el control de la legislatura, ha cometido varios errores que dan muestra de la profunda fragmentación de sus bloques.

Ante la evidencia del inmovilismo legislativo, el presidente Rafael Correa ha usado su “facultad de colegislador” y el control que ejerce en la Corte Constitucional, para imponer sus tesis en tres leyes importantes que se trataron en este semestre parlamentario.

Se trata de la novena Reforma Tributaria, los cambios al Código de la Democracia y el proyecto de la oposición para reformar la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que replantea el esquema de la fiscalización política.

El 24 de noviembre, la Reforma Tributaria entró a regir por el ministerio de la ley. El oficialista Paco Velasco tuvo una actuación criticada por la oposición. No retomó la sesión de la mesa de Régimen Económico que él preside, para elaborar el informe de este proyecto, que fue enviado con el carácter de económico urgente.

Velasco denunció que en la primera cita, un legislador del MPD quiso torpedear la elaboración del informe y que, por lo tanto, la oposición era la responsable de que ese proyecto, que subió al 5% el impuesto a la salida de divisas, no fuera discutido por la Asamblea. Ese no fue el único error de la oposición. Sociedad Patriótica logró introducir en el orden del día, un proyecto de resolución para negar o archivar el proyecto tributario. Pero solo pudo comprometer el voto de 53 legisladores, que si bien eran la mayoría en la sesión de ese día, no alcanzaban a los 63 que hubiesen evitado el enredo jurídico que se desató y las risas de los oficialistas.

Las reformas al Código de la Democracia mostraron la debilidad de la bancada de A. País frente al Poder Ejecutivo. Y la imposibilidad de que figuras como el presidente Fernando Cordero o Mauro Andino, titular de la mesa de Justicia, impusieran sus tesis ante sus compañeros de bloque.

Alianza País, pese a los reparos democráticos que puso al contenido del veto electoral del presidente Correa (ver nota pág. 5), terminó allanándose.

María Paula Romo (Ruptura de los 25) dice que en este episodio, el Ejecutivo se esforzó en “descalificar y restar margen de actuación” a su bancada. Los oficialistas, por ejemplo, negociaron con los grupos independientes no cambiar el método de asignación de escaños, un tema que Correa no contempló en su veto.

Finalmente están las reformas a la Ley Legislativa; son las que más sinsabores dejaron en la oposición. Pese a tener los votos para que sea el Pleno el que determine la suerte de los juicios políticos, y no la Comisión de Fiscalización, varios errores de procedimiento dilataron el trámite de este proyecto. El Ejecutivo, tras constatar que no tenía la mayoría para frenar la reforma, recurrió a la Corte Constitucional. El organismo expidió una medida cautelar para evitar que los cambios se publicaran en el Registro Oficial, hasta que se analice la demanda de inconstitucionalidad sobre la capacidad del veto del Ejecutivo a una ley que regula a la Legislatura.

Paco Moncayo (A. Libertad) y Vicente Taiano (Prian) no tienen esperanzas de que la Corte Constitucional falle a favor de la oposición. Para el primero, se trata de una “corte de bolsillo”; mientras que Taiano señala que Correa está haciendo un uso antidemocrático de sus facultades de colegislador. Señala que sus acciones demuestran que no hay independencia de poderes.

Leonardo Viteri (PSC), a manera de balance, señala que la Asamblea se ha concentrado únicamente en tratar los proyectos que salen del Ejecutivo, sin defender su propia agenda. Por ello, la fiscalización sigue siendo la deuda de los legisladores. Más aún cuando asegura que sectores tan sensibles como la Salud, cinco años después, muestran graves falencias en su gestión y en el uso de recursos públicos.

Juan Carlos Cassinelli, de A. País, niega que solo se traten leyes enviadas por el Ejecutivo. Asegura que las leyes tienen un cronograma de aprobación, todos los proyectos represados fueron retomados, más de 90 proyectos pendientes fueron distribuidos a las diferentes comisiones.

Dentro de este balance, la Ley de Comunicación sigue pendiente. Si bien en este último período se logró armar el informe definitivo para segundo debate, no hay certeza de si Alianza País cuenta con los votos para aprobarla. El propio Cordero ha señalado que la fecha de la votación será a mediados de marzo, pero la oposición, encabezada de César Montúfar, pide a los legisladores ser cautos con este proyecto pues una vez que pase al Ejecutivo, Correa impondrá“la mordaza” a través del veto presidencial.

El apretado triunfo de Fernando Cordero.

El control que Correa ejerce sobre la Asamblea, explica Cynthia Viteri (M. de Guerrero) se debe a que Alianza País tiene controlado el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), la Presidencia, las vicepresidencia y las mayorías en las Comisiones. Sin embargo, la renovación de las autoridades en la Asamblea, el pasado 31 de julio, significó un duro traspié para el oficialismo.

Hubo acuerdos extra legislativos para sumar 63 votos y reelegir al presidente Fernando Cordero. También acercamientos entre Alianza País, el PRE y otras fuerzas regionales. Además, el triunfo de Cordero dependió del voto en blanco de Fernando Vélez, quien ese día se separó del PSP y según admitió más tarde Virgilio Hernández (A. País) logró que su esposa fuera vicealcaldesa de Santo Domingo de los Tsáchilas. También fue polémico el voto blanco de la suplente del independiente Alfredo Ortiz (Galápagos).


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