24 de January de 2011 00:00

En medio de un cruce de versiones, el cabo Paucar quiere probar su inocencia

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Jaime Paucar nació en el seno de una familia pobre, en Amaguaña, cantón Rumiñahui. Su padre trabaja como peón de albañil y su madre es ama de casa. Desde niño vio en la Policía la esperanza de un trabajo estable y una profesión que le permitiera tener un mejor futuro.

Sin embargo, el 30 de septiembre pasado, esa vida que había planeado junto a su familia se frustró. La causa: él “tocó” la máscara antigás del presidente Rafael Correa, durante la revuelta policial en el Regimiento Quito.

Paucar está detenido en el penal García Moreno y las perspectivas de que pudiera salir pronto son escasas. Está procesado por presunto intento de asesinato en contra del Jefe de Estado.

A pesar de que el policía Paucar aceptó haberle tocado la máscara, niega haber sido quien la jaló.

“Estando tan cerca del señor Presidente, yo procedí a estirarle la mano y tocarle la máscara, ya que la misma ya estaba levantada, porque anteriormente cuando yo era niño mi ilusión era de estrecharle la mano o toparle a la máxima autoridad, en lo cual yo lo que quise fue llamar la atención del señor Presidente mas no agredirle de ninguna forma, en ningún momento”, dice la declaración de Paucar dada al fiscal Luis Enríquez, el 3 de diciembre.

Ese día, el uniformado se entregó ante la Justicia de forma voluntaria, para evitar que uno de sus compañeros fuera acusado injustamente. El policía Geovanny Chancusi había sido señalado anteriormente por el Primer Mandatario de haber intentado quitarle la máscara antigás.

La madre de Paucar, Susana Gualotuña, no deja de sollozar. No puede creer que el mayor de sus dos hijos ahora esté acusado de ser un delincuente.

“Desde el 3 de diciembre nuestra vida cambió. Mi esposo se sentía muy mal, no dormía ni comía. Estaba preocupado porque un inocente estaba preso y prefirió revelar que él estuvo ahí ese día, pero no fue el que le quitó la máscara”, dice Ana Llumiquinga.

En esta versión radica uno de los vacíos de la investigación fiscal. Según un informe de Inteligencia, realizado el 11 de octubre pasado, el uniformado que le quitó la máscara a Correa fue Carlos P. El documento señala: “Se identificó al cabo primero Carlos P., quien en la Unidad de Vigilancia Centro Occidente (Regimiento Quito) en el sector del helipuerto trata de quitar la máscara antigás al señor Presidente el 30 de septiembre. Se encuentra en servicios varios”. Y además se incluyen fotos del momento de los hechos.

Este reporte forma parte del expediente de Paucar. Además, según su abogada defensora, Janneth Chauvín, existen videos que respaldan el reporte de Inteligencia. “Estas sutilezas de apreciación del video en el que se ve al señor Carlos P. quitándole la máscara y a mi cliente tocándole, depende del análisis jurídico que haga la Fiscalía y el juez”.

La familia Paucar insiste en que se debe hacer justicia, porque el policía Carlos P. está procesado únicamente por el delito de insubordinación policial. “Le pedimos al Presidente que por favor nos escuche, que piense que mi esposo es un ser humano y que cometió un error, pero jamás le quiso hacer daño”, dijo entre lágrimas Llumiquinga.

El delito de tentativa de asesinato, del que se le acusa al uniformado, establece penas de 8 a 12 años de reclusión mayor. Sin embargo, la defensa de Paucar busca reducir la condena de 4 a 8 años.

Su argumento: el policía, de 23 años, se entregó de forma voluntaria y sin que haya sido requerido previamente por la Fiscalía. Además, ha colaborado en todos los expedientes investigativos de los hechos del 30 de septiembre.

“Es imposible que yo pretenda disfrazar la verdad del señor Paucar. Él le quiso llamar la atención al Presidente, pero no midió las consecuencias de sus actos”, explicó la abogada Chauvín.

Ella asumió la defensa gratuita del gendarme desde finales de diciembre, luego de que el primer abogado que buscó la familia les llenara de esperanza. Pero “nos estafó”, dice el tío Rubén Paucar.

Dice que el primer defensor les pidió USD 1 500 como abono para asumir el caso. Luego, su tarifa aumentó a 15 000. “Hicimos de todo para conseguir el primer dinero. Pedimos prestado a todo el mundo y ahora estamos muy endeudados”, explicó Llumiquinga.

Ella trabaja en un salón de belleza al norte de Quito y apenas percibe el salario básico.

Con eso mantiene su hogar, a su pequeño hijo de un 1 año y siete meses y dice que paga la deuda que les dejó el primer abogado. “Él (Jaime) hacía turnos de amanecida y cobraba más sueldito. Cuando estaba aquí nunca nos faltó un platito de comida”.

Los policías, trasladados al penal

Un grupo de policías que es investigado por la revuelta  del 30 de septiembre pasado, fue trasladado de la cárcel 4  al penal García Moreno, en Quito. 

Según el abogado defensor de los uniformados, Patricio Armijos, este traspaso fue ilegal y podría poner en peligro la vida de sus clientes.  La razón:  en esa cárcel estaban detenidos solo los gendarmes. Sin embargo, ahora estarán  ubicados en las celdas del pabellón ‘A’ del penal,  considerado de máxima seguridad.

Este grupo de uniformados está acusado del delito de presunta insubordinación, por haber participado en la sublevación policial en el Regimiento Quito.

Los uniformados pertenecían a diferentes repartos policiales y todavía no se ha dictado sentencia en su caso. El plazo para que la Fiscalía emita su dictamen concluye hoy, según registros del Ministerio Público.

 Una vez que se emita el pronunciamiento, el juez que lleva el proceso deberá convocar a una audiencia para pronunciarse sobre la inocencia o culpabilidad.

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