Medardo Oleas, ex vicepresidente del Tribunal Electoral, dice que es urgente un acuerdo nacional para transparentar las elecciones de febrero.
¿Qué mensaje envía al país Domingo Paredes, titular del Consejo Nacional Electoral (CNE), cuando asiste a un acto de respaldo a Pedro Delgado, funcionario del Gobierno y primo del Presidente?
Su mensaje es que no es un juez electoral. Quien ejerce esa función debe ser una persona imparcial, que garantice el sistema democrático, con la participación igualitaria de los actores políticos.
¿Paredes comprometió su imparcialidad?
Indudablemente. En la Función Judicial, por ejemplo, ningún juez puede tener contacto con una de las partes. Sin embargo, la imparcialidad del CNE está aún más comprometida por los actos de sus vocales, que son producto de un proceso viciado.
Pero ellos fueron elegidos por concurso de méritos.
Su designación nació del Consejo de Participación Ciudadana, que está controlado por el Ejecutivo. Ninguno de los actuales miembros del CNE ha tenido experiencia en materia electoral.
Paredes insiste en que el CNE actúa con autonomía.
Él y el resto de vocales prevaricaron al aceptar la petición del presidente Correa de verificar las firmas de partidos y movimientos que ya habían sido inscritos por el propio CNE. Esa decisión se dio al margen de la ley. No es la primera vez que actúan así.
¿De qué otro caso habla?
No dijeron nada cuando la Asamblea reformó ilegalmente el Código de la Democracia. La Constitución prohíbe que se realicen reformas electorales un año antes del proceso electoral. Si la convocatoria será en octubre, la última reforma debió hacerse en octubre del 2011 y no en febrero. El Consejo no ha ayudado a fortalecer el sistema democrático.
¿Por qué?
Los partidos y movimientos debían ser reconocidos seis meses antes del día de la elección. Pero en la práctica, el CNE va a reconocer a las últimas organizaciones en la víspera de que se convoque a elecciones generales.
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¿Cómo afecta ese retraso a los comicios?
Se rompe el concepto de organización política. Un partido o movimiento no nace para participar en una elección. Si el CNE quería consolidar un sistema democrático, los partidos debían funcionar al menos un año antes de las elecciones, para estructurar sus planes adecuados al requerimiento de la sociedad.
La Constitución está vigente desde el 2008 y esa falta de organización es responsabilidad de los propios partidos.
El problema de fondo es un mal diseño del sistema electoral.
Pero si la Constituyente de Montecristi refundó el país y diseñó una Función Electoral de “vanguardia”…
La Asamblea hizo un sistema electoral con el supuesto de cambiar los vicios del pasado, pero empeoraron las cosas.
¿El propio CNE lanzó por la borda dos reformas claves a los partidos políticos: la democracia interna y las primarias de candidatos?
Eso ocurre porque no se analizaron las consecuencias de tomar una medida apresurada y política, que afectaba a los procesos vinculados al sistema electoral.
El Presidente señala que fue un logro sacar a los siete vocales de la ‘partidocracia’ del ex Tribunal Electoral.
Eran7 miembros que representaban a los partidos más votados.
¿Los partidos no eran juez y parte en ese Tribunal?
Había autocontrol. Por eso era imposible que se den episodios como los actuales. Pasamos de siete representantes de los partidos a cinco representantes de un solo movimiento (Alianza País). Todos los miembros del actual CNE han tenido vinculación directa con el Gobierno, empezando por el señor Paredes. ¿De qué imparcialidad hablamos?
No parece que haya tanta obsecuencia del CNE al Ejecutivo, porque tras la revisión del 10% de firmas, Paredes presentó cifras incómodas para Alianza País.
No podía tapar el sol con un dedo. Si hay un padrón de 10,5 millones de electores, de los cuales no vota el 25%, es imposible que seis millones hayan dado su firma a un partido o movimiento.
¿Imposible?
Las encuestas señalan que el 10% de los ciudadanos apoya a los partidos. Si el 90% los rechaza, ¿cómo es posible que 6 millones hayan apoyado a agrupaciones?
¿El ofrecimiento de formar un nuevo sistema de partidos terminó siendo un fraude?
El problema es que no quieren comprender que la democracia no es sinónimo de elecciones y que los partidos van más allá de la campaña. Un partido debe formar líderes y formular programas. Cuando se aproxima la elección, el partido solo elige a sus candidatos y representantes.
¿Qué papel debía cumplir el CNE en ese proceso?
Facilitar la formación de los partidos. Tiene un instituto de capacitación, pero no ha hecho nada. Además hay un factor más grave en el diseño institucional que nació en Montecristi.
¿Cuál?
Se otorgan los mismos derechos a movimientos y partidos. Eso es absurdo. Es absurdo que se hayan establecido adherentes ocasionales, que no eran más que personas que pasaban por una esquina a la que se le pedía su firma, sin ningún compromiso ideológico.
¿La Constitución causó el escándalo de las firmas?
La Constituyente no buscó un diseño institucional que promoviera la educación democrática, sino allanar el camino al triunfo electoral de un movimiento que ahora está en el poder.
¿El país irá a las urnas en febrero con un sistema electoral disfuncional?
No funciona porque en Montecristi se diseñó el sistema para demostrar que la ‘partidocracia’ era mala. Pero causa terror escuchar a Paredes cuando dice que la moral y la ética le obligan a actuar al margen de la ley.
¿Qué implicaciones tiene esa actuación de Paredes?
Que en las elecciones no se van a aplicar las leyes, sino lo que a Paredes le dicte su moral y su ética.
Ante las evidencias de partidos inscritos con firmas irregulares, ¿no era saludable hacer una reverificación?
Debía aplicarse la Ley. Si se habla de falsificación de firmas, solo la Fiscalía podía determinarlo. Así que se debía descubrir quiénes usaron esos mecanismos y enviarlos a la cárcel.
¿No es inconcebible tener partidos con firmas falsas?
Si el CNE quería verificar los registros ya aprobados, debía cumplir la ley y forzar a todos las organizaciones a que hicieran sus primarias con los miles de sus supuestos afiliados y adherentes. Si se seguía la ley, era más fácil demostrar cuáles eran las tiendas políticas fraudulentas.
Esa acción no los eliminaba del registro electoral…
Sí, pero ahí ya era cuestión del ciudadano apoyarlos o no. Si el tema se manejaba de forma prudente, no había este escándalo que desprestigia todo el proceso. Quien abanderó ese desprestigio es el propio Presidente del CNE, que debía ser el garante.
¿Unas elecciones marcadas por la desconfianza?
Eso es lo más grave: estamos en un proceso electoral con autoridades desprestigiadas, donde la ciudadanía no cree en nadie. Esto demuestra que los vicios del pasado empeoraron.
Con estos antecedentes, ¿el CNE está en capacidad de garantizar la transparencia de las elecciones de febrero?
¿Qué garantía puede dar al país un Consejo que desconoce sus propias decisiones?
¿Habrá elecciones sin seguridad jurídica?
Definitivamente. El momento en que se viola la ley blandiendo la bandera de la moral, significa que hemos regresado a la época de la Santa Inquisición.
Entonces, ¿qué se puede esperar de los comicios?
¡Un caos! Por este escándalo no se ha analizado la forma en que se crearon los distritos electorales. Por ejemplo, el Distrito Metropolitano de Quito está fraccionado y sus juntas parroquiales son parte de un distrito, pese a que no tienen vínculos. Lo único que se va a incentivar es el caciquismo.
¿Qué salidas se pueden tomar para evitar ese caos?
Es urgente una auditoría del sistema informático del Consejo. El país tiene que conocer qué están haciendo con el ‘software’.
¿El día de las elecciones se puedan presentar problemas que el CNE ya tuvo en la verificación de firmas?
Claro. Cuando diseñaron el ‘software’ para esa verificación se demostró que no tenían nada listo. No hay ninguna garantía de que se está actuando de una manera profesional e imparcial. El país no sabe cómo se están integrando las juntas receptoras del voto. Hay que tener cuidado de que solo se ponga a empleados públicos.
¿Por qué?
Las juntas deben estar formadas de manera equilibrada, con empleados públicos, privados y representantes de los partidos. Las juntas son la base del proceso.
¿Son medidas suficientes para blindar el proceso?
Se necesitan más. Uno, es necesario que se diseñe la promoción electoral con base en el art. 115 de la Constitución, que dispone un debate de ideas y propuestas. Dos, se debe autorizar una observación electoral nacional. Tres, no puede ser que la prensa tenga restricciones en la campaña y no se conozca el pasado de los candidatos. Se necesita de un acuerdo nacional urgente si queremos tener unas elecciones claras.
¿Y la observación exterior?
No sirve. Sus delegados solo llegan el día de las elecciones, cuando todo está hecho.
¿A estas alturas cabe que renuncien los vocales del CNE, como lo pide Alberto Acosta, ex titular de la Asamblea?
Si estos vocales no tienen capacidad ni experiencia, ¿con quién los vamos a suplir? No hay que olvidar que los miembros de la Coordinadora de las Izquierdas ayudaron a crear este sistema.
¿Qué debe hacer el CNE?
Ejecutar todas esas salidas para que no haya un fraude.
¿Fraude en el conteo?
Fraude no solo es la modificación de votos, sino que no haya igualdad de posibilidades para todos los candidatos.
¿Hay un fraude en ciernes?
Si no hay igualdad de condiciones para los candidatos y si no se elige de forma adecuada a las juntas, hay un fraude en ciernes.
HOJA DE VIDA
Medardo E. Oleas Rodríguez
Su trayectoria. Doctor en Jurisprudencia de la U. Católica. Durante seis años fue vocal del extinto Tribunal Electoral. Ex asesor de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES).
Su punto de vista. La sumisión de los vocales del CNE a los designaciones del Ejecutivo compromete su imparcialidad en estos comicios.