19 de January de 2011 00:00

Mayo, mes tentativo para el plebiscito

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La entrega de las preguntas de la consulta popular del Ejecutivo, en la Corte Constitucional, se convirtió en el tema de discusión del día para cuatro instituciones del Estado. Estas son Consejo Nacional de la Judicatura, Corte Constitucional, Asamblea Nacional y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Son las que, a la larga, se verán afectadas por los cambios que el Régimen pretende impulsar desde su tercer proyecto plebiscitario en cuatro años de gobierno.

Sin embargo, en el primer día de reacciones, no se arrojaron datos ni resoluciones concretas. Mientras tanto, el tiempo avanza y el plazo se vuelve más estrecho. Una fecha tentativa para convocar a la ciudadanía a las urnas es la primera semana de mayo próximo. Así lo sostiene el presidente del Consejo Nacional Electoral, Omar Simon. “El Presidente con la respuesta que le dé la Corte, puede disponer la convocatoria a consulta, a través de un decreto. Para esto no hay plazo, pero supongo se debe tomar algo de tiempo”. Una vez que el CNE reciba el decreto, en 15 días convocará al plebiscito y luego, en 60 días, organizará la parte operativa.

El titular del organismo constitucional, Patricio Pazmiño, dijo que se tomarán hasta 45 días, para pronunciarse, aunque podría concluir su trabajo antes.

Con la decisión de abordar temas que eran competencia de otros sectores como el Legislativo y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hay preocupación al interior de estas instancias. Como, por ejemplo, el tema de la Ley de Comunicación y el de eliminar el actual Consejo de la Judicatura.

Así, los sectores de oposición de la Asamblea analizan este y otros temas para unificar sus criterios y posturas frente a la iniciativa política del Régimen. Los asambleístas de Alianza País prefieren no hablar sobre el tema, hasta que la Corte valide las preguntas del Ejecutivo. Mientras tanto, los vocales de la Judicatura también se declararon en sesión permanente para evaluar el tema.

Corte Nacional

Los jueces no definen su posición

La Corte Nacional de Justicia no llegó a un consenso sobre las reformas al sistema judicial que pretende aplicar el presidente Rafael Correa, mediante una consulta popular.

Un día después de que el Primer Mandatario presentara las preguntas para el referendo, los jueces se reunieron en una sesión de urgencia. La cita se desarrolló desde las 10:00 hasta el mediodía, en el salón del Pleno de la Corte Nacional.

La preocupación de los judiciales se resume en la intención de la Presidencia de reestructurar el Consejo de Judicatura y las cortes a escala nacional. Este cambio estaría a cargo de una comisión conformada por delegados del Ejecutivo, de la Asamblea y de la Función de Transparencia y Control Social. Es decir, el poder Judicial no tendrá un representante dentro de ese proyecto, que pudiera ser avalado después de la consulta popular.

Desde la semana pasada, el tema de la consulta inquietó a los jueces de la Corte Nacional. Su flamante presidente, Carlos Ramírez, aseguró que se debe respetar la independencia y autonomía del poder Judicial. Aunque dijo que no se oponía a una modernización, cree que la posición de los jueces debería ser escuchada en las reformas.

En cambio, para el juez Hernán Ulloa, quien ayer no estuvo en la cita, la propuesta del Presidente es una intención de afectar la independencia de los jueces y una injerencia política.

Otro de los jueces, Luis Abarca, antes de ingresar a la sede de la Corte, sostuvo que el “pueblo en la consulta deberá pronunciarse” y su decisión deberá ser respetada.

Los jueces tendrán hoy una nueva reunión sobre el tema.

Judicatura

El proyecto genera divisiones

El Consejo de la Judicatura se mantiene en reunión permanente para analizar la propuesta de consulta popular, que fue presentada el lunes por el presidente Rafael Correa.

Entre las preguntas que remitió el Jefe de Estado está la eliminación del actual Consejo y la modificación de su estructura orgánica de nueve a cinco vocales.

Esta idea causó malestar entre los miembros del organismo. Ellos consideran que las preguntas pueden alterar la estructura orgánica del Estado, lo que significa una inconstitucionalidad.

El titular de la Judicatura, Benjamín Cevallos, aseguró que deben analizar el contenido de la propuesta a fondo, para conocer las implicaciones que tendría y luego pronunciarse.

Sin embargo, tres de los miembros del organismo: Ulpiano Salazar, Marco Tulio Cordero y Oswaldo Domínguez, adelantaron que analizan la posibilidad de renunciar a sus funciones si la consulta pasa. La semana pasada, estos tres vocales emitieron un comunicado de prensa, mostrando su respaldo a la intención del Ejecutivo de reestructurar el sistema judicial. “Nosotros creemos que hay que afrontar las crisis. Si dar un paso al costado implica que se agiliten los cambios, lo vamos a hacer. Apoyamos los cambios”, señaló Cordero.

Pero la mayoría del organismo todavía no ha presentado su reacción. Aunque según se conoció extraoficialmente, la intención de la Judicatura sería respaldar el trabajo que ha realizado el Consejo de Participación Ciudadana, para elegir al nuevo ente, como lo dispone la Constitución.

Cordero aclaró que no hay división en el Pleno, simplemente diversas opiniones.

Asamblea Nacional

La oposición no descarta el voto nulo

Ayer, los sectores de oposición propusieron que los asambleístas se instalaran en comisión general para analizar las preguntas enviadas por el Jefe de Estado, el lunes. Pero la moción de Vicente Taiano (Prian) apenas consiguió 55 votos a favor y no los 63 requeridos.

Los legisladores no afines al oficialismo como el PSP, ID, Concertación Nacional, Prian, Madera de Guerrero y PSC, entre otros, finalmente no se reunieron.

Gilmar Gutiérrez (PSP) indicó que su bloque coincidió con la posición de César Montúfar (Concertación Nacional) de promover el voto nulo. “Es un planteamiento inservible, no disminuirá la inseguridad”.

Montúfar considera que pronunciarse por el no sería legitimar el uso de mecanismos democráticos para alcanzar objetivos antidemocráticos. Apunta que “con el voto nulo se le dirá al Presidente que no aceptan que con referendos o consultas populares, de modo arbitrario se destruyan las instituciones, se cambie irreflexivamente la Constitución y se justifique una ilegítima apropiación de poderes totales, convirtiéndose el Ejecutivo en el único legislador”.

Para Taiano se “pisotea el trabajo de la Asamblea. El Código de Justicia está vigente y se lo pretende reformar en gran parte”.

Además advierte que “tocar el Consejo de la Judicatura es tocar la estructura del Estado, lo que está prohibido por la Constitución. Esta reforma solo la podría hacer una Asamblea Constituyente”.

Fernando Cordero, presidente de la Asamblea, dijo que están dispuestos a analizar el tema luego de que la Corte Constitucional se pronuncie. Esto para la oposición enfriará el debate.

Participación ciudadana

El concurso para el CNJ continuará

Aunque no se han pronunciado de modo oficial ni se han declarado en sesión permanente, los vocales del Consejo de Participación Ciudadana tomaron una decisión unánime.

Continuarán con el proceso normal para designar a los vocales del Consejo Nacional de la Judicatura, a través de las comisiones ciudadanas de selección.

Estas instancias serán conformadas mañana, como estaba previsto. Y la convocatoria para los interesados en ser vocales de la Judicatura y Fiscal General se hará hasta finales de este mes.

Mientras, la consulta popular, según el Consejo Electoral, podría convocarse para mayo. Para esa fecha, según David Rosero, vocal del Consejo de Participación, se designaría a los nueve vocales de la Judicatura y al Fiscal.

La polémica es por la pregunta cuatro del plebiscito que trata de sustituir el Pleno del Consejo de la Judicatura por una Comisión con tres delegados designados, uno por el Presidente, uno por la Asamblea y uno por la Función de Transparencia y Control Social, para que durante un período de 18 meses asuma todas y cada una de las funciones del Consejo de la Judicatura (...)?”.

Rosero considera que esta iniciativa es un retroceso democrático para el país. “El derecho a la participación ciudadana podría ser asesinado si esa pregunta fuese aceptada”. Pide que la Corte revise el art. 441 de la Carta Magna que establece que no se pueden hacer enmiendas en temas de derechos y garantías ni la estructura del Estado.

Tatiana Ordeñana, otra vocal del Consejo, asegura: “Nosotros vamos a seguir con el mandato constitucional, porque nada se ha cambiado aún”.

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