8 de July de 2011 00:01

Mauro Andino redacta el articulado

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Aunque la oposición tiene claro que en las manos del asambleísta Mauro Andino está la Ley de Comunicación, él no se ve tan poderoso y no se cree clarividente.

De lo contrario, dice este legislador oficialista, sabría cuál será el pronunciamiento de los demás integrantes de la Comisión Ocasional de Comunicación, cuando someta a votación “el borrador del informe complementario”, que aún no ha redactado.

Desde el mes pasado se retomaron los diálogos para elaborar un adéndum al documento que Alianza País presentó en julio del 2010 bajo una forma de trabajo peculiar. En la sala de sesiones, el oficialismo proyecta en una pantalla los textos propuestos de la Ley. Se abre el debate y pese a que se habla de coincidencias, al final de cada jornada, no hay textos sistematizados ni correcciones en pantalla. Esto es lo que reclama preocupada la oposición

El miércoles, en la segunda sesión desarrollada esta semana, este grupo pidió que “se aterrice la ley”, como señala Jimmy Pinoargote (municipalista).

El legislador se lamenta porque el mecanismo adoptado “no es transparente. No conocemos qué es lo que colocará en el texto final”. “Para cuando Andino presente el articulado habremos olvidado qué puntualizaciones hicimos en cada tema”, advierte.

Andino planea redactar el borrador en el edificio Dinamep (San Gregorio y Murillo), donde 47 asambleístas de A. País e independientes tienen su oficina.

El legislador preparará el texto con el apoyo del secretario, prosecretario y los asesores de la comisión. Así trabajó incluso ayer. No participó del concierto de presentación de la Radio de la Asamblea, pese a que sus coidearios le preguntaban si cantaría, conocedores de su gusto por la música.

Hasta ahora, en la comisión se ha discutido sobre los mensajes discriminatorios, violentos y sexistas. También sobre responsabilidad ulterior. Entre hoy y el lunes está previsto que se debata sobre el Consejo de Regulación.

Andino señaló que este organismo podrá establecer sanciones administrativas: llamados de atención o una multa y que no tendría la facultad para suspender o clausurar un medio.

Alianza País insistirá en su propuesta del informe de segundo debate sobre la conformación del consejo con siete integrantes: dos delegados del Ejecutivo, uno de los Consejos de Igualdad, uno de las facultades de Comunicación y tres de la ciudadanía.

Por su lado, Pinoargote y Fausto Cobo (PSP) se han reunido para redactar la contrapropuesta. A través de llamadas telefónicas y ‘emails’ se han comunicado con César Montúfar. Es el otro de los integrantes de la mesa que volverá esta noche de Estados Unidos.

Hasta ayer discutían sobre tres ideas de integración del Consejo. No aceptan la participación del Ejecutivo ni de los Consejos de Igualdad. También se oponen a que los criterios de responsabilidad ulterior generen responsabilidades administrativas.

Para Alianza País, la responsabilidad ulterior es la obligación de asumir las consecuencias jurídicas de difundir información no veraz, no verificada, descontextualizada y no oportuna, que lesione la honra, la seguridad nacional, el orden y la salud pública.

Andino insiste que el agraviado puede acudir, además, ante la justicia ordinaria. Es decir un juez de lo civil, para reclamar un probable daño moral y una indemnización, o iniciar una acción penal por un atentado a su reputación.

Cobo apunta que, en efecto, están vigentes las vías civil y penal. Además, indica que la rectificación se puede dar si el medio asume un error periodístico, pero no debe asumir rectificaciones por declaraciones de terceros.

En ese caso, el afectado debiera tener derecho a un espacio para responder. Y si hubiera un abuso en el ejercicio de los derechos de comunicación, con una opinión, la responsabilidad sería exclusiva de quien la produce.

A Andino le gusta el fútbol y todos en su bloque conocen que es fanático de la Liga. Sin embargo, prefiere no adelantar un ‘pronóstico’ acerca del desenlace que pudiera tener la votación del articulado que presente a la Comisión.

La oposición tampoco se arriesgan a decir cómo llegará al Pleno la Ley. Les preocupa el veto del Ejecutivo y la falta de 83 votos para ratificar un texto de consenso.

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