8 de December de 2010 00:00

El mapa de las reformas penales del Régimen aún no está completo

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Redacción Política

El presidente Rafael Correa no envió ayer los dos proyectos de reformas a la Constitución, en materia penal, que anunció el lunes. El primero tiene que ver con una restricción a la caducidad de la prisión preventiva de seis meses sin sentencia en los delitos de prisión, y de un año en los de reclusión, que contempla el artículo 77 de la Constitución.

El ministro de Seguridad, Miguel Carvajal, en una entrevista con EL COMERCIO, aseguró: “En algunos casos no debe aplicarse la caducidad de prisión preventiva cuando hay una recurrencia notoria de la defensa de los procesados para impedir las audiencias y en algunos delitos” como el sicariato y otros considerados graves.La segunda reforma busca establecer que las medidas alternativas a la prisión preventiva (arresto domiciliario, libertad bajo la condición de que el inculpado se presente de forma periódica ante un juez, etc.) no se apliquen para los acusados por delitos de reclusión: asesinato, narcotráfico, violación y todos los sancionados con más de seis años de cárcel.

El Primer Mandatario viajó ayer a Cancún (México) a la Cumbre Climática y el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, no dio pistas de la iniciativa de reforma legal, en conjunto, que anunció el Gobierno. Mencionó que el tema está a cargo del Ministerio de Justicia y DD.HH.

En esta Cartera tampoco hubo pronunciamiento. Pero el portal El Ciudadano, adscrito a Carondelet, anunció que Correa, además, propondrá la próxima semana un proyecto de enmienda constitucional que le permita al Ejecutivo convocar a un referendo en el que se consulte al pueblo sobre disposiciones legales para combatir la inseguridad.

La iniciativa legal será remitida a la Corte Constitucional que deberá calificar la propuesta. El ministro de Justicia, José Serrano, dijo a El Ciudadano que la convocatoria al referéndum no necesita pasar por la Asamblea. Luego de que la Corte Constitucional emita su calificación, esta deberá ser enviada al Consejo Nacional Electoral para la convocatoria al referéndum, en el que se consultarían temas como el incremento de penas para los responsables de ciertos delitos atroces.

A la reforma de la caducidad de la prisión preventiva se suma un ajuste a la Ley de Seguridad Pública. Allí, el Régimen planteará ampliar el campo de acción de las FF.AA., para que puedan intervenir en tareas de seguridad interna. Actualmente, solo pueden brindar apoyo a la Policía, durante los estados de excepción.

Ayer, pasadas las 18:00, el proyecto en mención llegó a la Secretaría de la Asamblea, para que esta lo remita al Consejo de Administración de la Legislatura.

En la Asamblea se analizan otros 15 proyectos de reformas penales. La Comisión de Justicia planea votar hoy el informe para primer debate de las reformas.

María Paula Romo (A. País) indicó que en la primera discusión en el Pleno y en el informe para segundo debate todavía se pueden incorporar más propuestas, incluso las del Ejecutivo.

El oficialista Mauro Andino puntualizó que las reformas anunciadas por Correa no chocan con el trabajo legislativo. La Constitución, en los artículos 441 y 442, señala que la enmienda de uno o varios artículos de este cuerpo legal, que no altere su estructura fundamental o el carácter y elementos del Estado, se realizará a través de un referendo.

La mesa también deberá debatir sobre nuevas medidas de investigación para combatir al crimen organizado. Una es la figura de los agentes encubiertos para dar con los cabecillas de las bandas se requiere que los oficiales se infiltren en ese mundo, como hacen los fedatarios del SRI.

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