25 de March de 2011 00:00

Los llamados a juicio por el 30-S ya son 11

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La audiencia de ayer por los hechos del 30 de septiembre resultó sorpresiva. El fiscal Miguel Jurado aseguró que Jordán Espinosa, asesor del asambleísta Paco Velasco y uno de los principales testigos de los disturbios de ese día en la Asamblea, mintió en su testimonio contra los policías Marco Tibán, Francisco Noboa y Patricio Simancas.

En su declaración ante la Fiscalía, Espinosa aseguró que los tres uniformados lo sacaron de forma violenta de la Asamblea, durante la sublevación del 30-S. Además, señaló que estos forcejeos le provocaron un problema médico: la dislocación de su hombro, que fue atendida en el Hospital Vozandes de Quito. Sin embargo, en esa casa de salud no existen registros de que Espinosa haya sido atendido por este problema.

Según la Fiscalía, esto podría convertirse en un delito de falso testimonio, tipificado en el artículo 296, del Código Penal. En un proceso penal mentir es un delito muy grave, señaló una fuente del Ministerio Público.



No obstante, Jurado encargado de la investigación del 30-S, todavía no ha abierto ningún expediente en contra de Espinosa, aunque no se descarta hacerlo.

Incluso el fiscal cree que sí hay indicios suficientes para enjuiciar a los uniformados. Jurado acusó a Tibán y a Noboa de supuestos encubridores y a Simancas como presunto cómplice del delito de atentado contra la seguridad del Estado, porque “se evitó que la Asamblea sesione”.

Para la asambleísta Lourdes Tibán, su hermano Marco Tibán no cometió el delito de atentar contra la seguridad del Estado. “Él custodiaba que gente extraña no ingresara a la Asamblea y por ahí solo aplaudió. Nada más”.

La Fiscalía, también, acusó al coronel Rolando Tapia, ex jefe de la Escolta Legislativa, de ser el autor de este mismo delito. Según el fiscal Jurado, Tapia -como cabeza de la seguridad de la Asamblea- debía evitar que los uniformados de menor rango participaran en la protesta y impidieran a los legisladores entrar a sus oficinas.

Al escuchar el dictamen del fiscal, Tapia no pudo esconder su malestar y solo miró a su abogado, Víctor Hugo Cevallos.

Tapia sufre de una claustrofobia, por lo que estar detenido le ha provocado una fuerte crisis emocional. Según sus allegados ha bajado de peso y está enfermo. Sus familiares pidieron a un organismo de Derechos Humanos que interviniera para lograr la libertad de Tapia y que se le sustituyera la prisión preventiva. Pero esto fue negado ayer en la audiencia. Para el Defensor, en el dictamen de la Fiscalía no se tomó en cuenta los argumentos de descargo. “Rechazo la forma alegre en la que el Fiscal ha emitido un dictamen contra del coronel Tapia. Resulta ser que se lo acusa de autor del delito de atentado, que dice que debe haber dos o más personas para impedir la sesión de la Asamblea, pero en la acusación está solo él, que supuestamente se ha alzado para impedir la sesión”.

Asimismo, presentó un oficio en el cual consta que la reunión del Pleno del Legislativo sí se realizó, pero que fue suspendida por la presidenta encargada de la Asamblea, Irina Cabezas.

Por lo que, según Cevallos, no se habría cometido el delito de atentado contra la seguridad del Estado, ni se habría bloqueado que se realice la sesión del Legislativo.

La Fiscalía también acusó a los policías Mario Flores, como cómplice; y a Carlos Tasinchana, como encubridor.

El juez Décimo Quinto de Garantías Penales, Freddy Sanmartín dictó el llamamiento a juicio de los seis acusados.

Con ellos, ya suman 11 las personas que irán a juicio por los hechos del 30 de septiembre. Entre ellos, el coronel César Carrión, por supuesto intento de asesinato contra el Presidente; y el mayor (r) del Ejército, Fidel Araujo, por presunta incitación a la rebelión.

Sus casos ya fueron sorteados a los tribunales penales que los juzgarán. El Tercer Tribunal revisará el proceso de Araujo y el Quinto se encargará del de Carrión.

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