Un balance somero del derecho a la libre expresión durante la campaña electoral deja preocupaciones por la gran desigualdad de oportunidades para difundir su pensamiento entre el candidato-presidente y el resto de aspirantes a la presidencia.
No menos grave es la arremetida contra el humor político citando el Código de la Democracia vigente que, tal como se predijo, podía ser utilizado por el poder político.
El resto ha estado dentro de lo normal, es decir, sigue bloqueado el acceso a la información pública y anuncios como el posible subsidio gubernamental a los periodistas de medios pequeños dan una perspectiva de que las cosas pueden empeorar, en el caso de que Alianza País esté en condiciones de acelerar su guerra y aprobar, por ejemplo, la hasta hoy postergada Ley de Comunicación.
Igual de preocupante es el movimiento diplomático que viene desplegando el Ecuador desde el año pasado para lograr, con el apoyo de los países de la Alba, reformas en el sistema interamericano de Derechos Humanos.
Después de los casos El Universo y El Gran Hermano, el Gobierno se percató de que no bastaba con pedir la solidaridad de los presidentes para librar lo que él definió como una “batalla interplanetaria”.
Desde entonces, ha creado opinión pública internacional (el caso Assange es el mayor ejemplo) y ha trabajado, junto a países como Venezuela, para empujar cambios que en la práctica limitarán el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha seguido de cerca los casos más polémicos que el Régimen ha enfrentando.
La iniciativa diplomática está en curso en este mismo momento y se decidirá en marzo próximo. No es difícil figurarse cuál sería la situación para la libertad de expresión en el Ecuador en el caso de que llegaran a coincidir los escenarios nacional y regional.