27 de May de 2011 00:02

‘La libertad de expresión es prioridad’

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Ecuador fue el primer país que firmó el Pacto Internacional de Derechos Humanos, dicha iniciativa ubicaría al país en el pionero en la región que defiende determinantemente estos derechos.

Lo que ratificó Ecuador es el Protocolo Opcional de Convenios Económicos, Sociales y Culturales y lo hemos acogido con beneplácito. Ahora lo que esperamos es que habiendo ratificado este protocolo opcional implemente todo lo que señala. Nuestra región en general es muy buena en ratificar convenios. La Constitución que tenemos en materia de derechos humanos es una de las mejores, pero lo que nos falta es asegurarnos de que esa Constitución sea implementada.

¿Cómo ve el hecho de que se hayan formulado cargos de sabotaje y terrorismo contra defensores de los derechos humanos, dirigentes indígenas entre otros?

Parece haber una dicotomía entre derechos humanos y desarrollo económico, y a este último se le ha prestado más atención. Y el ejemplo de Ecuador es clarísimo. Muchos líderes indígenas cuando protestan contra un proyecto de desarrollo económico o de una ley sobre recursos hídricos, inmediatamente surge la represión, se los acusa de terroristas, de sabotaje, sin que haya evidencia clara de que hayan cometido esos crímenes. Tenemos el caso de Marlon Santi, Delfín Tenesaca y Marco Guatemal, quienes protestaron por su exclusión de una cumbre de países miembros de la Alba.

El Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la Policía, encargado de la delincuencia organizada ha estado relacionado con decenas de casos de tortura y otros malos tratos, y con posibles ejecuciones extrajudiciales, desde su creación en 1996, ¿cuál es el informe de AI al respecto?

La impunidad es una de las principales preocupaciones, porque no puede haber derechos humanos si no hay rendición de cuentas. Hay que combatir la impunidad porque de lo contrario la señal que está mandando el Estado es que no se está haciendo nada para evitar la violación de los derechos humanos.

El problema de la inseguridad ciudadana en el país es diario, y este equivale al crimen organizado, robos, asaltos, secuestros, ¿cuál es la lectura de AI al respecto?

El crimen organizado es un grave problema en toda la región, y el Estado tiene el deber y el derecho de hacer todo lo posible para terminar con el crimen organizado. Lo que no puede hacer el Estado es terminar con el crimen organizado violando los derechos humanos. Los estados deben asegurarse que las fuerzas de seguridad, policía, militares, no cometan abusos y excesos cuando tratan de parar esta criminalidad.

¿Qué medidas adoptar frente a la afectación de la libertad de expresión por parte del actual Régimen, que ha silenciado a periodistas y medios de comunicación por considerarlos una amenaza a la voz oficial?

Ecuador y varios países de la región tienen esa misma actitud. Los gobiernos se ponen nerviosos cuando algunos periodistas y la prensa los critican. En el siglo XXI, los Estados de nuestros países deben dar prioridad a la libertad de expresión, a la libertad de sucesión, de reunión. Es importante que el presidente Correa, al igual que otros presidentes de la región, señale públicamente que en sus estados se va a respetar la libertad de expresión, que la crítica constructiva es crucial para poder avanzar en materia de DD.HH. y de democracia.

¿Cómo ve AI la posibilidad de que se exploten las reservas petroleras en el Parque Nacional Yasuní de no conseguir el apoyo económico de la comunidad internacional?

Hay convenios internacionales claros que dicen que cualquier intervención en la naturaleza requiere primero de consultas, de estudios de impacto ambiental, más aun cuando se trata de intervenciones extractivistas. Hay que respetar la biodiversidad del área, de los grupos indígenas en aislamiento voluntario. Somos tres millones de miembros que exigimos y cuidamos porque no se violen los derechos de la tierra.

¿Qué puede decir sobre la situación de los presos en las cárceles de Ecuador, puesto que el sistema penitenciario está muy lejos de una verdadera rehabilitación para quien ha infringido la ley?

La situación en la región es preocupante. La mayoría de las cárceles está totalmente hacinada, los reos tienen que esperar años para ser enjuiciados. Y volvemos al principio. Nuestros países ratifican convenios, pero cuando se trata de implementarlos no lo hacen. El trato en la región es cruel, denigrante por el simple hecho del hacinamiento.

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