25 de January de 2011 00:00

La libertad de expresión alerta a HRW

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El informe anual de Human Rights Watch sobre el respeto a los derechos humanos en el país cayó en un momento coyuntural.

El organismo mundial está preocupado por la inclusión de normas que atenten contra la libertad de expresión y de prensa, precisamente en días en que el Gobierno incluyó a los medios de comunicación y el trabajo periodístico en su paquete de preguntas para la consulta.

La Presidencia pretende que se prohiba a los propietarios y directores de los medios de cobertura nacional que tengan negocios en otras áreas. Además, que se cree un consejo regulatorio de los contenidos periodísticos, aduciendo la necesidad de controlar temas como la violencia.

Esta última propuesta es parte de la Ley de Comunicación que se encuentra en la Asamblea. En ese proyecto se pretende crear un consejo que pueda juzgar y sancionar a empresas y a reporteros. Ese organismo estaría conformado por una mayoría de representantes del Ejecutivo.

En el reporte, Human Rights Watch se sumó a las críticas que ha recibido la redacción de esa propuesta. La organización explicó que hay puntos importantes dentro de la ley como la prohibición de monopolios y oligopolios de comunicación o la inclusión de medidas para favorecer a sectores desprotegidos. Pero también existen otros temas que pudieran armar un escenario para la violación de la libertad de expresión y de prensa en el Ecuador.

Se pueden anotar las sanciones impuestas a medios por la violación de los códigos de ética de los medios o la publicación de cartas anónimas o sin firma. Para Human Rights Watch esas sanciones “suponen restricciones irrazonables para la libertad de expresión y que podrían permitir una interferencia indebida en el trabajo de los medios”.

Otra medida peligrosa que advirtió la organización es que en el proyecto de ley se reproduce el mismo lenguaje de la Constitución y se refiere a la libertad de expresión como “la búsqueda, recepción, intercambio, producción y difusión de información veraz, verificada, oportuna, contextualizada y plural”.

Esta definición se contrapone con la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, adoptada por la Comisión Interamericana de DD.HH, que “establece que condicionamientos previos son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión”. Además, el proyecto de ley contempla una excepción a la prohibición de la censura previa en casos permitidos... en la ley.

Justamente, esas sanciones serían aplicadas por el Consejo de Comunicación que está en la ley de medios y en la propuesta de consulta del Ejecutivo. Esos temores fueron advertidos por gremios periodísticos nacionales.

Otto Sonnenholzner, presidente de la Asociación de Radios de Guayas, aseguró que las preguntas dedicadas a la comunicación son subjetivas; por ejemplo, no mencionan cómo estaría conformado ese consejo regulatorio.

El Gobierno ha empezado a defender su idea. El ministro del Interior, Alfredo Vera, ayer en una entrevista en Gamatv, sostuvo que una regulación de los medios de comunicación no sería necesaria si hubiera responsabilidad.

La aprobación de la Ley de Comunicación está suspendida en la Asamblea. Estaba previsto debatirla en marzo, pero se esperara por conocer los resultados de la posible consulta popular.

La región aún vive conflictos

La organización reprobó, en diferente medida, el desempeño de los países latinoamericanos en materia de derechos humanos en 2010, en especial por la acción de gobiernos como los de Cuba y Venezuela, y del crimen organizado en México y Guatemala.

En el caso venezolano, Human Rights Watch juzga como precaria la situación de los DD.HH. Esto por  “la dominación por parte del Gobierno  del poder judicial y el debilitamiento de los controles y equilibrios democráticos ” .

 También cuestiona a países como Chile, en el cual  la “ legislación antiterrorista se ha utilizado” para sancionar delitos comunes de manifestantes indígenas”  o  Perú, donde “ han habido varios incidentes en los que la Policía  se ha excedido en el uso de la fuerza”.

Los juicios por terrorismo también son criticados

Justicia

Reds. Política y Sierra Norte

En los juzgados de Imbabura y Pichincha se resolvieron dos juicios iniciados por sabotaje y terrorismo. El uso de esas figuras legales son criticadas por Human Rights Watch que las consideran un abuso.

La Primera Sala de lo Penal de la Corte de Quito ratificó la sentencia por terrorismo en contra de Marcelo Rivera, ex dirigente de los estudiantes universitarios. Él fue procesado por los incidentes ocurridos en la Universidad Central en el 2009.

Los jueces resolvieron que Rivera cumpliera una sanción de tres años de prisión y que pague una multa de USD 300 000.

Mientras tanto, en el Juzgado Tercero de Garantías Penales de Imbabura se inició el juicio en contra de Marco Guatemal y Miguel Tocagón, dirigentes de la Federación Indígena de Imbabura. Ellos son acusados de haber cometido el delito de obstrucción de vías, durante las protestas por la Ley de Aguas.

Según Mario Ruiz, abogado de los implicados, el proceso se inició por terrorismo y sabotaje; pero la Fiscalía no pudo comprobar esos delito e emprendió el caso por el bloqueo de vías.

Alexis Mera, secretario Jurídico de la Presidencia, afirmó que Human Rigths Watch está confundiendo el concepto o delito terrorista con sabotaje. “Hay muchas personas que han sido acusadas de sabotaje mas no de terrorismo, la única persona que conozco que ha sido acusada de terrorismo fue el señor Rivera”.

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