16 de May de 2010 00:00

Dos leyes más en el esquema de la consulta

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Redacción Política

¿Está de acuerdo con que se enseñe un idioma ancestral progresivamente para que un día nuestros nietos hablen quichua, como ahora lo hace solo una porción de la población?Esta es una de las preguntas que según el asambleísta César Rodríguez, de Alianza País y presidente de la Comisión Ocasional Especializada, debe incluirse en la consulta prelegislativa sobre el proyecto de Ley de Educación General. La idea es que, tal como se pretende proceder con la Ley de Aguas, la figura de la consulta se aplique a los proyectos de ley cuyo contenido pudiera afectar a los derechos colectivos de diversos grupos sociales. La mesa de Rodríguez ya cuenta con un informe para segundo debate. Él le manifestó a Fernando Cordero, presidente de la Asamblea, que el capítulo del sistema de educación intercultural bilingue debe ser consultado. Así se acata la sentencia de la Corte Constitucional, que permite el ejercicio del derecho de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, para que participen antes de la adopción de una medida legislativa y se pone en vigencia el artículo 57, numeral 17 de la Constitución.Sin embargo, para Luis Montaluisa, primer titular de la Dirección de Educación Intercultural Bilingue (Dineib), la consulta previa, por no ser vinculante, es una estrategia para distraer a la sociedad. “Hace que la Asamblea aparezca como un lobo con piel de oveja. En la Ley de Aguas y en la de Educación General ya tienen todo preparado. Será una consulta amañada, de mala fe”.

El ‘Corcho’ anunció que este es el momento para someter a consulta ese proyecto de Ley, antes de que se inicie el segundo debate. Por tanto, el de Educación Intercultural y de Recursos Hídricos, que se discute desde hace ocho meses, estrenarían este procedimiento legislativo.Cordero indicó que la Asamblea deberá estudiar lo que son derechos colectivos. “No todos los habitantes del Ecuador los tenemos”. El Consejo de Administración Legislativo, mediante un acto legislativo, elaborará un reglamento y definirá qué preguntar. Solo anticipó que pedirá que las preguntas se relacionen con asuntos sustantivos de la Ley y ligados a los derechos colectivos.En ese sentido, contó que durante la próxima semana, ya que el Pleno no aceptó la moción presentada por él sobre la consulta para el caso de la Ley de Aguas, se presentará un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para reglamentar el desarrollo de las consultas prelegislativas.Virgilio Hernández, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, indicó que junto con sus compañeros analizará si les corresponde vivir ese proceso de la consulta previa en el proyecto de Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.Ese proyecto pasó el segundo debate y se prepara el informe para la votación. Han procesado 800 observaciones. En ese marco, se presenta el antecedente de la sentencia del 21 de abril de la Corte Constitucional, que les obliga a implementar el mecanismo de consulta a las poblaciones que pudieran verse afectadas por la Ley.En el tema de las circunscripciones territoriales indígenas, afroecuatorianas y montubias, para Hernández se habla básicamente de derechos que tanto la Constitución y convenios internacionales defienden. “Un elemento fundamental para cualquier grupo humano es el territorio, por eso creo que el proyecto de código debe ir a consulta”.Ahora desarrollan con algunos colegas asambleístas un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para llenar el vacío y establecer el proceso de consulta. Así tendrán claro cuándo debe utilizarse este mecanismo, a quiénes y el procedimiento para iniciar la socialización.

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