La oposición reveló ayer su estrategia para pelear en la redacción de la ley de medios. Se trata de un documento de siete artículos que recoge el acuerdo político del 17 de diciembre firmado por todas las bancadas de la Asamblea. Paco Moncayo (Alianza Libertad) repitió que no se trata de un proyecto alternativo al que presentó la Comisión de Comunicación, lo que no es permitido por las normas legislativas. La intención es que esos artículos sean incluidos en la ley. La idea nació el 16 de junio en una reunión que convocó a las fuerzas políticas contrarias a Alianza País. César Montúfar (miembro de Concertación Nacional e integrante de la Comisión de Comunicación) señaló que esta propuesta pretende reformar o reemplazar a varios artículos que violentan las normas naciones e internacionales. Uno de ellos pretende modificar el Consejo de Comunicación, uno de los puntos sensibles del proyecto. Se pide que no sea integrado por delegados del Ejecutivo, sino solo por miembros de las universidades y de la ciudadanía. También que se cambien sus facultades para sancionar a los medios, para que no se convierta en una “comisaría”.También se cuestiona al artículo 9 del proyecto, que establece requisitos previos para difusión de información. Estos son: que sea veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa y con responsabilidad ulterior. La oposición dice que esta definición restringe la libertad de expresión. Por eso propone que se tome en cuenta lo que señala la Convención Interamericana de DD.HH.: “La libertad de pensamiento y de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras”. Este tratado, del cual el Ecuador es miembro, precisa que el ejercicio de este derecho no puede estar sujeto a censura previa sino a responsabilidad ulterior. Otro aspecto que está dentro de la propuesta de la oposición es que se regulen las cadenas nacionales y los espacios informativos del Gobierno en los medios de comunicación. Consideran que existe un abuso en la difusión de estos programas. Para controlar las cadenas, plantean que las máximas autoridades de las funciones del Estado y de los gobiernos seccionales podrán solicitar cadenas de radio y televisión en todos los medios audiovisual de su jurisdicción, por un tiempo que no excederá los 10 minutos mensuales. Sin embargo, el Presidente de la República podrá hacerlo hasta por 20 minutos al mes. La transmisión de cadenas no podrá realizarse en los horarios que los medios destinen a sus noticieros, excepto en estado de excepción. El tiempo destinado no será acumulable. En tanto, la oposición no se rinde en su intención de que se analice la actuación del vicepresidente de la Asamblea y miembro de Alianza País, Rolando Panchana. El 19 de junio pasado, él aprobó una prórroga para la Comisión de Comunicación, lo que permitió que se termine con la elaboración del proyecto de ley de medios. Para los opositores, la decisión de Panchana es ilegal, porque asumió dos funciones.