Una nota publicada por este Diario informa que una decena de periodistas y articulistas han sido acusados por el poder y sentenciados en los últimos años -en especial desde el 2008-, y que seis de ellos recibieron condena. El ejemplo más reciente de una sentencia es el de Emilio Palacio, subdirector de Opinión de El Universo.
La cifra es una prueba palmaria de que en la normativa vigente hay los suficientes elementos para exigir que los periodistas cumplan con la responsabilidad ulterior que se desprende del ejercicio de la libertad de expresión. Queda claro que es innecesario, a no ser por razones políticas, que el Gobierno y su bloque legislativo insistan en montar controles adicionales derivados de las leyes de Participación Ciudadana y Comunicación.
Consecuente con esa visión controladora, el vicepresidente Lenín Moreno dijo el sábado que es necesaria una Ley que regule a los medios y sus contenidos, y que los sancione si el caso amerita. Pero su exceso de celo rebasa el ámbito del tan anhelado Consejo de Comunicación, que no podrá incidir en el ámbito penal sino en el administrativo.
En lugar de avanzar hacia una legislación que despenalice la injuria, es decir que no la sancione con prisión, como sucede en otros países, los legisladores van en el otro sentido. Ahora el Presidente de la Asamblea quiere suplir los vacíos de la Ley de Participación con la de Comunicación, y hasta evoca el acuerdo político. ¡Cómo se nota que el déficit legislativo no solo se produce frente al cumplimiento de los tiempos, sino frente a una visión realmente ciudadana!