2 de April de 2012 00:03

‘El juicio político es a la fiscalización lo que la bomba atómica, a la guerra’

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Fernando Bustamante critica a los ‘denunciólogos’, que en el pasado abusaban de la fiscalización

Hasta el miércoles 18, el presidente Rafael Correa podrá sancionar o vetar, la reforma a la Ley Legislativa. El punto más controversial: el cambio en el método de fiscalización. Se espera que no acepte que el Pleno decida si aceptar o no un pedido de juicio político, como busca la oposición.

Pero queda pendiente la posibilidad de que se dé paso al planteamiento del oficialismo de permitir que los funcionarios con cargo de Ministro lleguen al Pleno.

Fernando Bustamante, conocido como el ministro que vio a la inseguridad como una percepción, sonríe cuando se le toca ese punto. “Cuando una percepción se establece en la menta de la gente es difícil sacarla, todos en la vida pública decimos y hacemos cosas y hay que asumir las consecuencias”. Aunque dijo tener una explicación larga para eso.

El legislador de Alianza País respondió a las críticas contra su bancada por un supuesto déficit en la fiscalización.

¿La Asamblea está en deuda en el tema fiscalización?

Hay muchos mitos. Entre 1979 y el 2007 en este país hubo 91 juicios políticos, 26 se saldaron con censuras, el promedio es de unos 3,25 juicios por año. Y eso es menos de una censura al año. En este período: cuatro juicios por año, con dos censuras. Hemos tenido más juicios en esta etapa que en todo el período democrático.

¿Por qué ningún juicio patrocinado por la oposición ha podido avanzar?

En general siempre han sido promovidos por la mayoría. Como algo excepcional hemos tenido una mayoría pro Gobierno.

¿Por qué para ustedes los juicios políticos solo sirven para la figuración personal?

El viejo sistema de fiscalización que queremos dejar atrás era básicamente un sistema de extorsión. La oposición tenía la mayoría, venían los denunciólogos y le decían al Ministro quiero esto y esto o sino juicio político o chantajeaban al Gobierno. Hubo políticos que o se hicieron un nombre o patrimonio a través del uso abusivo y corrupto de la fiscalización.

¿Van de un extremo al otro? Usted y varios de sus compañeros estuvieron a favor del desarrollo del juicio político en contra del ex fiscal Washington Pesántez.

Quiero ir a lo general más que al caso particular. En Chile en 20 años de democracia hubo un juicio político, que es a la fiscalización lo que la bomba atómica es a la guerra. No se los puede hacer como canguil. Hay más herramientas: petición de información, comparecencia, asistencia a rendición de cuentas, como lo hacen los ministros del sector seguridad cada tres meses a mi mesa.

Pero esa idea no la comparten en la mesa de Derechos de Trabajadores y Seguridad Social. Antes Nívea Vélez y hoy su aliada, Scheznarda Fernández, se han quejado porque el Director del IESS se ha negado a asistir...

No conozco los detalles, pero la asambleísta Nívea Vélez ha mantenido un intenso esfuerzo fiscalizador sobre el IESS, su cantidad de solicitudes de información es monumental, se dedican a contestarle. ¿Qué más puede aportar una visita? Los ministros no pueden vivir en la Asamblea, para permitir que los legisladores se posicionen mediáticamente.

¿El funcionario no tiene una responsabilidad política, como el canciller Ricardo Patiño y la ‘narcovalija’?

Le pedí al Canciller explicaciones, una vez hecho eso, ¿hay sentido de que venga?

¿Pero esa información se mantiene en reserva ?

Sí, la rendición de cuentas y algunos temas son reservados. En algunos casos, esta comisión ha operado y la Cancillería y los ministerios han detectado cosas y se han podido remediar. Pero la oposición está obsesionada con el síndrome de las muñequitas de trapo. La eficacia es corregir problemas, no provocar sacrificios rituales en la Plaza Grande.

¿POR QUÉ  ESTÁ AQUÍ?
Su experiencia. Es Presidente de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales. Tiene 61 años, ha sido catedrático durante 35 años, de Sociología, Ciencias Políticas, etc.

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