26 de December de 2010 00:00

‘Los jueces no son los únicos responsables’

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Todas las miradas están sobre el Consejo de la Judicatura que usted preside, organismo al que el Gobierno culpa de todos los males de la justicia. ¿Cómo explica tantas críticas?

Hay una carga histórica de cientos de miles de procesos represados. Apenas hay 300 jueces penales, mientras que la Fiscalía tiene 900 agentes. Un juez puede despachar unas 350 causas por año, y recibe 3 500. Requerimos más jueces, pero sobre todo un sistema más ágil y expedito, que realmente permita dar paso al sistema oral.

Pero hay casos concretos que evidencian demoras en los fallos, por ejemplo en los casos de la caducidad de prisión preventiva.

No solo los jueces son los responsables, es un conjunto de circunstancias. Tenemos estadísticas oficiales, datos que evidencian que el 90% de audiencias que no se realizan se deben a causas ajenas a los jueces. El sistema procesal conspira. Las audiencias se suspenden por una serie de motivos.

Más del 50% de jueces no tiene nombramiento, son ocasionales, por contrato o conjueces, y no son de carrera. ¿Eso en qué medida afecta su desempeño?

Estamos en una etapa de transición, según la ley solo se pueden nombrar jueces provisionales, no puedo extender nombramientos definitivos porque eso deberá hacerlo el nuevo Consejo. Ahora son provisionales.

¿Qué repercusión tiene eso en los fallos?

Lo importante es fortalecer la carrera, a través de la creación de la escuela judicial. Tanto los jueces de carrera como los que quieran ingresar a la carrera judicial deberán pasar diversas etapas teórico-prácticas. Los jueces que ingresen estarán bien formados, no hará falta llamar a concursos.

¿Qué se ha hecho en torno a la corrupción, cómo se están procesando las quejas de la ciudadanía?

Hay que investigar cada denuncia según el debido proceso; desde julio del 2009 en el CNJ hemos sancionado a unos 550 operadores de justicia. De ellos el 60% son jueces. La mayor parte es porque demora la expedición de fallos. Se ha destituido 60 jueces, 50 removidos, 80 suspendidos. Hay 300 causas.

Se ha denunciado que ciertos jueces ceden a presiones políticas o a presiones de funcionarios de la misma Judicatura, para beneficiarse de los fallos o favorecer a terceros.

La única presión que yo he hecho es para que despachen rápido, nunca se ha presionado por casos particulares. Si ha existido algún caso de algún vocal o funcionario de la Judicatura, el juez debe denunciarlo porque eso está prohibido por la ley. He coordinado con distintas funciones del Estado, especialmente con el Ejecutivo para decirles que los jueces no están subordinados.

¿Se está evaluando la productividad y eficiencia de los jueces en función del número de fallos que emiten?

Cada caso debe ser analizado en su contexto. Mientras un juez de Quinindé puede llegar a despachar unas 300 causas, otro que reside en San Lorenzo tramita muchas menos, porque no recibe denuncias de la gente ni de los fiscales. La población tiene miedo a retaliaciones.

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