5 de March de 2011 00:00

Los jueces constitucionales se protegen

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La evaluación interna en la Corte Constitucional (CC) no tocará a sus nueve jueces. Ese proceso será de carácter administrativo y cubrirá a los funcionarios que trabajan en las secretarías General y Técnica Jurídica del organismo.

Esa decisión la tomaron los propios magistrados, quienes han sido cuestionados por sus fallos. En los últimos dos meses se han criticado sus actuaciones en el tema de las revocatorias del mandato de las autoridades; en el litigio de la Cervecería Nacional contra sus ex trabajadores; en la resolución a favor de Floresmilo Villalta, acusado de supuesta violación, y en el aval que dieron para que se realizara la consulta popular impulsada por el presidente, Rafael Correa.Este ambiente ha revelado las fricciones internas entre sus jueces. Hay dos grupos que están definidos: El uno, de mayoría ,donde se encuentran Patricio Pazmiño, Édgar Zárate, Patricio Herrera, Roberto Bhrunis, Ruth Seni Pinoargote. Ellos fueron los que apoyaron el referendo del Gobierno y la mayoría de las resoluciones que han sido criticadas.

Mientras que en la minoría se encuentran Hernando Morales, Alfonso Luz, Manuel Viteri y Nina Pacari. Ellos protestaron por el manejo administrativo de la Corte Constitucional, que está a cargo del presidente Pazmiño. Y presentaron un pedido para que se hiciera una investigación interna.

Viteri habla de casos de nepotismo en la contratación de funcionarios. Según el juez, Santiago Altamirano, que trabaja en la Secretaría Técnica, sería sobrino de Marco Quinteros, director administrativo del organismo.

Los cuatro aseguraron que la mayoría presiona y maneja los tiempos en la Corte. Eso ha causado las últimas quejas, que se han presentado en su contra.

Pazmiño defendió su actuación. Asegura que es falso que exista una mayoría que determine los pasos de la Corte. Insistió que ha existido transparencia en sus decisiones y que no existen temas ocultos en la entidad.

Sin embargo, el malestar se mantiene y, al parecer, la evaluación no solucionará la crisis del organismo constitucional. Esa auditoría estará a cargo de los jueces Pacari, Luz, Zárate y Herrera. Ellos tendrán 45 días para realizar un informe que deberá ser aprobado por el Pleno.

Zárate dice que hay dudas sobre las acciones que han ocurrido en la Corte y que la evaluación permitirá que la ciudadanía conozca con certeza lo que está pasando en el organismo. Pero recalcó que la evaluación será solamente a los manejos administrativos que se han dado en las secretarías General y Técnica Jurídica.

Mientras se realiza este trabajo, la Corte Constitucional suma más críticos. Ayer, el fiscal general del Estado, Washington Pesántez, aseguró que hubo un abuso de la ley en la ampliación de la amnistía que otorgaron a Floresmilo Villalta, quien era acusado del presunto abuso sexual a una niña.

Villalta recibió la amnistía de la Asamblea de Montecristi, porque supuestamente había sido perseguido judicialmente por su defensa del ecosistema en la provincia de Esmeraldas. No obstante, tenía un proceso penal por violación en su contra. Ese caso lo llevó a prisión, pero los jueces de la Corte Constitucional resolvieron que la amnistía dada en Montecristi se extendía a ese caso.

“La norma es clara, la amnistía no funciona para delitos comunes”, sostiene el Fiscal General. Él informó que por esa decisión abrió una indagación previa en contra de los magistrados, el delito que se les imputa sería prevaricato por su presunta mala interpretación de las leyes. La semana próxima se convocó a los jueces para que den su testimonio.

Pazmiño, quien también firmó esa resolución, asegura que esta y otras denuncias están judicializadas y que en el proceso investigativo se demostrará que sus decisiones se apegaron a la ley.

La Cervecería cuestiona una audiencia

La audiencia celebrada en la Tercera Sala de lo Penal de la Corte de Guayaquil fue cuestionada por la Cervecería Nacional. La diligencia se cumplió el lunes pasado; pero para la empresa, debió ser cancelada ante la falta de sus abogados.

Eso lo aseguró Carlos Andretta, director de relaciones corporativas de la compañía, en una rueda de prensa. Él dijo que “la audiencia fue una solicitud planteada por la empresa para tener la oportunidad de defenderse”.

También sostuvo que su inasistencia del lunes se debía a que un juez de la sala se excusó 24 horas antes de la diligencia, y que se lo reemplazó a una hora de la cita. Héctor Cabezas, conjuez de la sala, dijo que “el juez Carlos Hoyos se excusó del proceso por estar vinculado con una de las partes”.

En la rueda de prensa, Gonzalo Noboa, abogado de Cervecería, mostró una parte de una entrevista de TV a Arturo Cervantes, procurador de los ex trabajadores, donde responde a una pregunta de por qué siguen causas individuales. Según Cervantes, “ahí solo podrían reclamar los trabajadores del 2007 en adelante y perdería el peso de una denuncia colectiva”. Luego, Andretta dijo que eso evidencia que tratan de forzar un proceso para no someterse a lo que la Ley laboral indica”.

Cervantes dijo que “esa tesis es del Ministro de Relaciones Laborales y de la Procuraduría del Estado. Por eso creo que hay un vínculo entre ellos y los de Cervecería”. Y recordó la supuesta “venta de fallos” a favor de Cervecería por la Corte Constitucional

Sobre la destitución de Arturo Larrea Jijón del cargo de Secretario de la Corte, Andretta dijo “no me corresponde decir nada”.

Ambas partes esperan la resolución de la Tercera Sala, que según Cabezas estará luego del feriado. Redacción Guayaquil

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