26 de April de 2011 00:00

Los judiciales no participan en los cambios que diseña el Gobierno

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PREGUNTA 4

¿Está usted de acuerdo en sustituir al pleno de la Judicatura por un Consejo de la Judicatura de Transición, conformado por tres miembros designados, uno por la Función Ejecutiva, otro por el Poder Legislativo y otro por la Función de Transparencia y Control Social, para que en el plazo improrrogable de 18 meses, ejerza las competencias del Consejo de la Judicatura y reestructure la Función Judicial?

PREGUNTA 5

¿Está usted de acuerdo en modificar la composición del Consejo de la Judicatura, enmendando la Constitución y reformando el Código Orgánico de la Función Judicial como establece el anexo 5?

Los judiciales se sienten aislados de la propuesta de la consulta que pretende nuevamente cambiar la administración de la Justicia. Ana María Vinueza, con 30 años en las cortes del país, es una de ellos. La funcionaria dice que no está en contra de una reforma, pero piensa que en ese cambio debe respetar su derecho constitucional al trabajo y hecho por personas que conozcan el sistema.

Hasta ayer ningún miembro de la Federación de Asociaciones de Judiciales del Ecuador (Fenaje) ayudó o conoce de qué cambios plantea ese proyecto. El presidente del gremio, Ángel Rubio, quien es juez de lo Penal de Guayas, confiesa que hay incertidumbre.

El presidente Rafael Correa confió su plan de modernización en la experiencia de juristas ecuatorianos, brasileños, chilenos y españoles. Ellos tiene su centro de operaciones en Carondelet. Uno de los especialistas, quien prefirió que su nombre no sea publicado, dijo que su trabajo es técnico y se ha respaldado en estudios del Consejo Consultivo de la Justicia, que aglutina a la Corte Nacional, Consejo de la Judicatura, Fiscalía y Defensoría Pública.Sin embargo, persiste el temor de que el proyecto sea un tsunami que arrase las bases del sistema judicial, por la intromisión de la política. Vicente Taiano, un legislador de la oposición, sostiene que el objetivo del Mandatario es tener un control en las cortes.

No es la primera ocasión que una fuerza política intenta reformar, a su gusto, el sistema judicial (ver facsímiles); pero esas intenciones hasta ahora no han dado resultado. Para Juan Sebastián Roldán (Ruptura de los 25) ese es un error que se repite históricamente en el país y que no ha servido para solucionar los verdaderos problemas de la Justicia.

La crisis del sistema es evidente. Sus cifras están en rojo. Por ejemplo, en el país hay un promedio de cuatro jueces por cada 100 000 habitantes; cuando la media internacional es de 12 magistrados. Esas condiciones han ocasionado la acumulación de juicios (no hay datos de cuántos casos están archivados) y la lentitud en el trámite de los casos. Un juicio tiene un tiempo de trámite diferentes en el país como ocurre en los juzgados de Quito, Guayaquil y Cuenca.

Ana María Vinueza, oficial Mayor de la Primera Sala Laboral de la Corte de Quito, dice que recibe 40 juicios cada semana y apenas tres jueces son las encargados de tramitarlos. “Nosotros hemos trabajado mucho para despachar los juicios con prontitud”.El escaso número de jueces ha causado que los expedientes en los juzgados penales, laborales y de Niñez y Adolescencia se desborden de la capacidad de los judiciales. No existen tantas manos y tantas cabezas para cumplir con las expectativas de la ciudadanía.

La funcionaria de la Corte de Quito cree que es necesaria la reforma judicial. Un cambio -dice- que no debe ser coyuntural, sino integral, con capacitación a los funcionarios, mejor tecnología y más juzgados a escala nacional.

Rubio sabe poco de la propuesta de modernización de la Presidencia; lo que saben se han enterado por la prensa y que espera el resultado de la consulta.

Desde el Gobierno no se ha hecho una amplia difusión de cuáles serán los cambios. Se habla de crear una escuela de jueces, de digitalizar los trámites; de la construcción de más juzgados y de la evaluación de los judiciales.

El Presidente del gremio sostiene que no tienen temor a una calificación de sus capacidades; pero quiere que este proceso sea transparente. Vinueza piensa lo mismo, pero cree que los actuales jueces irán en desventaja; por la estigmatización que ha caído sobre todos los funcionarios judiciales en los últimos años.

En los juzgados del Guayas faltan recursos estatales

El mal funcionamiento de la administración de justicia en Guayaquil se debe a la desatención estatal, según María Leonor Jiménez, presidenta de la Corte de Justicia del Guayas. La infraestructura rústica no abastece a la demanda.

En la planta baja se observan dos largas filas de usuarios que esperan la llegada de los ascensores. En las escaleras el flujo de personas con carpetas bajo el brazo es constante. Los despachos están equipados con escritorios de madera y computadoras o máquinas de escribir.

“Los jueces hemos administrado en la escasez”, comentó Jiménez. Para ella, los problemas en el sistema judicial desaparecerían con nueva tecnología en los juzgados, mejora en la infraestructura y el nombramiento de nuevos jueces. En promedio se atienden 10 000 personas diarias en el Palacio de Justicia del Guayas, centro de la urbe.

En cambio para Iván Castro Patiño, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Guayaquil, los recursos económicos son necesarios pero no suficientes. También se necesita una escuela de formación de jueces.

Según el Código Orgánico de la Función Judicial, el Consejo Nacional de la Judicatura debe crear esta escuela. Pero Castro dijo que “el Consejo no lo ha hecho ni lo ha dejado hacer”.

Actualmente no existen alianzas entre esta entidad y alguna universidad para emitir títulos de cuarto nivel a futuros jueces. Castro explicó que estos cursos deberían incluir charlas de ética y valores para contrarrestar la corrupción en los juzgados.

En Azuay no hay casos de caducidad de penas

Desde hace tres años se mantiene la misma tendencia. La Función Judicial de Azuay tiene altos niveles de eficiencia, pese a su carga procesal. Hace un mes, el titular del Consejo de la Judicatura, Gonzalo Urgilés, presentó el último informe del 2010.

Según él, las 55 judicaturas de Azuay (302 servidores judiciales) resolvieron 37 144 causas de las 42 770 ingresadas. “Desde el 2006, la Función Judicial de Azuay no tiene casos de caducidad de prisión preventiva y mantiene un récord de no tener presos sin sentencia”.

Esto pese a que la carga procesal de las 55 judicaturas (juzgados, salas y tribunales) creció en un 21,2% el año anterior, con relación al 2008. Para Urgilés, se debe al cumplimiento del deber, capacitación, preparación permanente y sentido ético de los administradores de justicia.

Otro aspecto fundamental es la aplicación de la oralidad en los juicios, que agilitan las audiencias y los procesos.

Según él, este trabajo no pasa porque a estos juzgados no ingresan casos polémicos porque sí los hay como asesinatos y actividades ilícitas de conmoción social. “No hemos dado paso a las presiones”.

Para Urgilés, por el caso de Azuay no ameritaba ninguna consulta. “A escala nacional ha habido casos de caducidad de prisión preventiva que han llamado la atención. Se debió declarar en emergencia esos distritos para solucionar los casos”.

Urgilés espera que se atienda el fortalecimiento estructural y financiero y haya reformas y depuración de normas caducas.

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